Los combustibles aumentaron esta semana un 6% en todas las estaciones del país. La nafta súper superó los $ 14 en algunas compañías. En el interior, el salto fue más estridente: en Chaco, por ejemplo, el litro de súper llega a pagarse por encima de los 18 pesos. Las subas son el resultante de un acuerdo promovido por el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, con los actores del negocio petrolero –productores, refinadoras y provincias hidrocarburíferas–, a fin de sostener el precio interno del crudo en niveles competitivos para defender la inversión en un sector estratégico. El timming no fue el más oportuno: tras el acuerdo, el precio doméstico del barril promedia los 60 dólares –US$ 67,50 en Neuquén y US$ 54,90 en Chubut–, prácticamente el doble que el Brent –la principal referencia que rige el comercio de combustibles a nivel mundial–, que esta semana cotizó por debajo de los US$ 35 por primera vez en 11 años.
A pesar de la iniciativa para mantener el nivel de actividad en los yacimientos, el resquebrajamiento del negocio hidrocarburífero es una realidad. El epicentro del problema está en Chubut, el primer productor de crudo del país. El distrito que gobierna Mario Das Neves exporta un 30% de su oferta de petróleo Escalante porque las refinerías argentinas no están preparadas para absorber una masa crítica mayor de un crudo tan pesado. Como resultado, las petroleras están vendiendo al exterior buena parte de su producción a cambio de alrededor de US$ 30 (precio internacional menos regalías provincial).
Las empresas ya avisaron que la situación no es sostenible en el tiempo. Tecpetrol, brazo petrolero del grupo Techint, evalúa despedir a 400 trabajadores. Pan American Energy (PAE), la petrolera de BP, Cnooc y la familia Bulgheroni; Sipetrol (filial de la estatal chilena Enap), la china Sinopec e YPF podrían seguir el mismo camino. Existe un agravante que complica todavía más el escenario: hasta fines de 2015 los privados recibían un subsidio directo del Tesoro de hasta US$ 5 por barril que exportaban si era el resultado de un incremento de la producción. Aranguren decidió no prorrogar ese beneficio.
Algunas petroleras presentaron en ese ministerio y en otras dependencias de Gobierno alternativas para reponer la rentabilidad del negocio de exportación. Si no hay cambios en el cuadro de situación, las petroleras le comunicaron a Das Neves que no podrán mantener el nivel actual de ocupación. En total, son casi 4.500 empleos de manera directa los que están en riesgo.
Por la baja del crudo, hay 4.500 empleos de petroleros en peligro
