"No hay que olvidar que Siderar a principios de los '90 era Somisa, una empresa estatal por la que no pagaron prácticamente nada". La frase que pronunció el ultrakirchnerista José María Díaz Bancalari , pocas horas después de analizar junto con la Presidenta en Olivos el caso de la millonaria suspensión de inversiones de la empresa del Grupo Techint, podría haberse considerado una mera reseña histórica si el diputado no hubiese agregado: "No veo nada malo en que lo que fue del Estado vuelva a serlo".
La advertencia llegó pronto y certera a las oficinas centrales del conglomerado industrial que dirige Paolo Rocca, donde aunque afirman no haberla tomado seriamente, la anotaron. "Es una chicana, nos están mostrando un poco los dientes", afirman. En eso términos parece ahora definirse la relación entre el Gobierno y el grupo económico más importante del país, relación que supo conocer tiempos mejores pero que los avatares de la política y los negocios hicieron que se diluyeran sin tregua.
El freno en la construcción de un nuevo horno en la planta de Siderar de San Nicolás, que implicaba un desembolso previsto en U$S1.000 millones y la contratación indirecta de 2.300 trabajadores cuya resolución se negocia por estos días, marca no sólo un nuevo pico de tensión entre ambos sino un giro en la estrategia del grupo. Ceder ya no es una opción y el enfrentamiento es cada vez más abierto.
