El mejor estilo kirchnerista, es decir sin aviso previo y sin consulta de partes, la Presidenta Cristina Fernández anunció la defunción de las AFJP y la voluntad política, expresada a través de un proyecto de ley, de que los fondos de los trabajadores que hasta ahora se encuentran por propia elección en un fondo de administración privada pasen directamente bajo la guarda del Estado. En total se trata de $ 98.000 millones al 31 de agosto pasado, según figura en el último informe de la Superintendencia de AFJP, el órgano de control creado precisamente para monitorear el sistema mixto de jubilaciones vigente al menos hasta el 31 de diciembre próximo, en caso de que avance sin complicaciones el proyecto oficial en el Congreso.
Estos fondos, hoy en “especies”, es decir, convertidos en distintos instrumentos en los que están invertidos los ahorros, pasarán a integrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Régimen Previsional Público de Reparto instrumentado el año pasado cuando, ya con la mira puesta en el flujo constante de aportes a las AFJP, el Gobierno implementó con escaso éxito la reapertura de la elección al sistema de reparto, posiblidad que se repetiría cada 5 años.
Ese fondo, que desde entonces cuenta con unos $ 18.700 millones acumulados, es tal vez el mejor antecedente para arriesgar un pronóstico relativamente certero de cómo puede resultar la administración pública de las futuras jubilaciones.
Según la reglamentación de este fondo estatal, fijada en febrero de este año por el entonces titular de la Anses Claudio Moroni (hoy titular de la AFIP), el esquema de inversión de los recursos es muy similar al establecido para las AFJP. Sólo varían los máximos de inversión en cada instrumento, variación que aumenta el riesgo para quienes hoy están en reparto dada la alta predisposición del organismo administrador a comprar títulos públicos que hoy cotizan a precio de default.
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