Después de reconocer la mayor suba de precios desde 2002 en la nueva medición de enero, el Gobierno responsabilizó a los sectores concentrados de la economía real por la suba desmedida de precios. Así lo adelantó el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quien aseguró la semana pasada que se pondrá en marcha una batería de medidas, tendientes a frenar el ejercicio de “posiciones dominantes”, frase que retumbó con fuerza en los oídos del empresariado, que ve más riesgo en la macroeconomía que en las sanciones. O como sintetizó uno de los consultados, que pidió, como todos, no ser nombrado: “Estamos más preocupados por la caída del consumo, que por las nuevas leyes que parecen propuestas para darle continuidad al relato y no a las acciones”.
Las idas y vueltas de Capitanich fueron escoltadas por la presentación en la Cámara de Diputados de un proyecto para endurecer sanciones a empresas a través de modificaciones a la Ley de Abastecimiento, Lealtad Comercial y Defensa del Consumidor. Impulsada por el legislador del FpV Héctor Recalde, la iniciativa amplía las facultades sancionatorias como también de intervención del Estado, elevando fuertemente las multas para las compañías que incurran en un aumento de precios en forma “injustificada”, acaparar materias primas o no abastecer las góndolas con productos de precios acordados.
En la misma línea, el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, afirmó que “se están tomando medidas para sancionar posibles prácticas desestabilizadoras”, por aumento de precios y conductas especulativas.
Fuentes empresariales, en tanto, señalaron contradicciones en el Ejecutivo al tiempo que aseguraron temerle más a la posible caída del salario real que a acciones que están más orientadas a “acomodar el relato oficial”.
En una firma de bebidas sostuvieron que “si bien un endurecimiento de los castigos podría significar una señal de alerta para alguna empresa, creo que todas están más preocupadas por el estancamiento de la economía y la posible caída del poder adquisitivo de la población, porque es algo que golpearía no sólo a las compañías chicas, sino también a las de mayor tamaño”.
Un empresario del calzado apuntó: “El proyecto de Recalde llega tarde, los efectos inflacionarios producidos por el desequilibrio fiscal ya están en marcha y pretender que todo se resuelva mágicamente con sólo responsabilizar al sector privado es como querer ponerle un tapón a un bote al que le entra agua porque está agujereado por todos lados”.
El presidente de la Asociación de Empresas de la Argentina (AEA), Jaime Campos, fue el primero en rechazar públicamente las acusaciones del Gobierno por el alza de precios y ratificó que para los empresarios “operar en inflación es terriblemente complejo”.
“La inflación es absolutamente perjudicial para las empresas”, y reclamó un acuerdo para avanzar con “políticas macroeconómicas” para reducir la inflación porque, recordó, “miles de empresas argentinas se fundieron” por esa problemática. Es un problema macroeconómico y como tal hay que atacarlo”, dijo en declaraciones a radio Mitre y agregó que “no es un tema de actores individuales”.
El titular de AEA advirtió también que “cuando hay alta inflación, tampoco hay mercado de capitales” porque “es muy difícil en la Argentina hoy conseguir financiamiento de largo plazo en pesos”.
En coincidencia con Campos, en una empresa del sector industrial, un directivo señaló que en el Gobierno cayeron en una fuerte contradicción y que la mejor muestra de que la suba de precios no resulta un beneficio para el sector es que no está permitido el ajuste por inflación en los balances, algo que dispara un elevado pago de impuestos por ganancias que no son reales, además, ironizó: “Si estamos en la década ganada, ¿por qué sigue vigente la Ley de Emergencia Económica?”.
En diálogo con PERFIL, un ejecutivo de la industria alimentaria dijo: “Nos sorprende este proyecto de Recalde, venimos trabajando y dialogando desde 2005 con el Gobierno, pero tras la devaluación pasamos a ser los culpables de todo y no sabemos si esto de dejarnos como los malos de la película seguirá por mucho tiempo”.
“Sujetos a expropiación”
El proyecto impulsado por el diputado del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, busca endurecer la actual Ley de Abastecimiento, Lealtad Comercial y Defensa del Consumidor. En el primer caso, se elevan fuertemente las multas por el incumplimiento de la norma: el mínimo pasa de unos $ 500 actuales a unos $ 5.000, y el máximo que hoy asciende a $ 1 millón pasa a $ 10 millones. Las inhabilitaciones también se elevan desde un máximo de 5 años, según rige en la actualidad, hasta los 7 años, tal como propone el escrito. Las penas por reincidencia también se agravan y llegan a la inhabilitación por 10 años en el registro de proveedores del Estado. Las compañías que incurran en la obstrucción de la Justicia serán multadas por $ 2 millones en lugar del $ 1 millón actual. Además, se reduce de 5 a 3 días el plazo para apelar las sanciones.Uno de los artículos más polémicos señala: “Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación todos los bienes destinados a la sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, cultura e insumos para la industria, que satisfagan necesidades comunes o corrientes de la población y sean objeto de maniobras de desabastecimiento, acaparamiento, agiotaje y/o especulación. El Poder Ejecutivo determinará en cada caso concreto los bienes que serán expropiados mediante resolución fundada en la que se justificará su necesidad en la plaza o la carencia de oferta pública”. Para el economista Carlos Donantueno, esto le otorgaría al Estado la libertad de ni siquiera acudir a la ley de emergencia, para garantizarse la facultad de expropiar. “Visto de este modo, y teniendo en cuenta que la Ley de Emergencia Económica encontrará su vencimiento junto con la salida de Cristina Fernández de la conducción del Ejecutivo, ésta parecería ser una modificación pensada más para el siguiente gobierno, que para el vigente”, agregó.
