El Gobierno busca enviar señales de intervención sobre los mercados. Y prepara una nueva ley de Defensa de la Competencia, que incluirá la figura del “arrepentido para casos de cartelización”, como existe en Brasil y que permitió que se investigue el caso Lava Jato.
“Queremos alcanzar mejores prácticas internacionales y sumar algunas figuras legales que creemos primordiales para avanzar en las investigaciones como la del ‘arrepentido’ en la cartelización, que ayuda en casos de corrupción”, aseguró Esteban Greco, presidente de la Comisión de Defensa de la Competencia (CNDC), en diálogo con periodistas ayer junto al secretario de Comercio, Miguel Braun.
Los funcionarios buscaron resaltar el trabajo de la entidad que monitorea posiciones dominantes de empresas en sus respectivos mercados. Tendrá como ejes centrales la elaboración de un proyecto de reforma de ley, una reestructuración interna, el análisis de situación de diferentes mercados, como consumo masivo, servicios –incluyendo telefonía–, tarjetas de crédito, transporte interurbano e insumos de la industria, entre otros.
Al respecto Braun subrayó que la actividad de la Comisión es una prioridad para la Casa Rosada y que está previsto empezar a dar los primeros diagnósticos en los próximos tres meses, mientras se da continuidad a una gran cantidad de expedientes que forman parte del legado de la gestión kirchnerista y tienen una gran demora. “El resultado de este trabajo puede llevarnos a considerar tanto cambios en la legislación actual como sanciones a ciertos actores del mercado”, explicó Braun como parte de un proceso en el que se están dando los primeros pasos.
Uno de los primeros desafíos de la CNDC, será la reciente compra de Telecom por parte de David Martínez. “Es un caso que estará bajo análisis por su envergadura”, aseguró Braun ante una consulta de PERFIL. También vigilarán empresas de aceites, leche y carne, además aluminio, acero y petroquímica. Además, tienen en agenda transporte urbano y tarjetas de crédito.
De los 608 expedientes en curso en la Comisión, donde la gran mayoría provienen de la gestión anterior pero también hay algunos que ingresaron este año, 334 casos se refieren a problemas de concentración en un mercado determinado y se analizan las fusiones y adquisiciones, 221 están dirigidos a acciones anticompetitivas, y otros 53 son investigaciones de mercado. “La antigüedad promedio del total es de unos 6,5 años, cuando las normas vigentes establecen unos 45 días hábiles. En el caso de fusiones y adquisiciones, el plazo promedio es de 2,6 años”.
