Cada vez que José ‘Pepe’ Scioli es consultado sobre a qué tipo de cambio entrará una eventual inversión en la Argentina que viene, responde: “Tengan fe”. Este verdadero “plan fe” que teje el candidato del Frente para la Victoria, empieza a tener más cuerpo al menos en el campo de la infraestructura. Allí, ‘Pepe’ y el dirigente Gustavo Ferrari, tienen listo un borrador de “Ley de Inversión Público-Privada para el Desarrollo de Infraestructura”, que aspiran a aprobar rápido para poner en marcha grandes megaproyectos mientras se resuelven las condiciones macro que pueden potenciar la inversión privada.
La norma apuntaría a reemplazar un esquema de dos decretos que firmó Néstor Kirchner en 2003 y que canalizaron las obras públicas por el Ministerio de Planificación. Se crearían “instrumentos jurídicos” como la Asociación Público Privada y la Iniciativa Privada, para formar “contratos de largo plazo” y fomentar el financiamiento con “pagos diferidos en el tiempo”. En concreto, se crearía una “entidad autárquica (agencia)”, para “reducir los márgenes de discrecionalidad en el proceso licitatorio”. “Se facilitarán el financiamiento con esquemas contractuales” y habrá “un tratamiento impositivo diferencial”, detalla el trabajo. “No estamos inventando nada, es copia de lo que se hace en otros países”, dice Ferrari. En 2004 Lula sancionó la Asociación Público Privada y financiaron más de 400 megaproyectos.
Bono y confianza. En los equipos de Sergio Massa, el economista Ricardo Delgado trabaja en una posible emisión de “un bono de infraestructura”, respaldado por organismos como la CAF y el BID, que permitirían “bajar la tasa para conseguir entre US$ 8 y 10 mil millones” antes de que termine el primer semestre de 2016, para financiar proyectos seleccionados en ferrocarril, autovías y también gas y petróleo. Piensan en unos US$ 40 mil millones hacia 2019, unos 6 puntos del PBI.
En el PRO, Guillo Dietrich es el encargado del área de Infraestructura en la Fundación Pensar, el think tank amarillo, y estima que con las correcciones macroeconómicas y el “shock de confianza” que implicaría la llegada de Mauricio Macri al poder, se abriría una ventana de financiamiento para obra pública, que permitiría duplicar los US$ 4.700 millones que hoy se destinan sólo a transporte y obras hídricas. Dietrich asegura que no se contemplan beneficios impositivos, porque entre las fuentes de financiamientos habrá también organismos internacionales. El foco: obras viales, ferroviarias y Metrobuses en el interior
