El 9 de julio pasado, los senadores Tim Johnson y Michael Enzi presentaron ante el Congreso de
Estados Unidos un polémico proyecto de ley:
querían prohibir el ingreso de carne argentina al mercado norteamericano. ¿Los
argumentos? El peligro de contagio de fiebre aftosa y el incumplimiento en los envíos.
Hasta aquí, no había nada demasiado distinto a las clásicas barreras y restricciones que
impone el gobierno estadounidense cuando quiere proteger a la producción local de la competencia de
las importaciones extranjeras.
Pero lo atípico, en este caso, era que
la ley era impulsada por la poderosa Asociación de Ganaderos de Estados Unidos
(USCA),
que a su vez forma parte de la American Task Force Argentina (ATFA), que nuclea a acreedores que quedaron
fuera de la reestructuración de la deuda argentina y que, desde entonces, reclaman al gobierno
nacional la devolución de su dinero.
Como castigo, los llamados “holdouts” instaban al Congreso a prohibir el ingreso
de carne argentina.
Llamó la atención, sin embargo, la falta de esfuerzo por esconder que era la cuestión de la
deuda la que estaba por detrás de la iniciativa, y no el peligro de aftosa. En un
comunicado
fechado el 10 de julio, al día siguiente de la presentación del proyecto en el Congreso, la ATFA
agradecía los esfuerzos de la USCA por
“introducir legislación que resalte el pésimo historial de la Argentina”.
Algunos párrafos más abajo, el comunicado destacaba la importancia del proyecto de ley
(llamado “Mantengamos a América libre de aftosa”) y señalaba que ATFA
seguiría “presionando al gobierno de Estados Unidos para que asista a los ciudadanos
norteamericanos que deben recuperar los miles de millones de dólares” que prestaron
al gobierno argentino y que éste ahora se niega a devolver.
Siete días después, el 17 de julio, la iniciativa llegó a la Cámara de Representantes,
presentada por la demócrata Stephanie Herseth Sandlin y la republicana Barbara Cubin.
Hoy, las posibilidades de que el proyecto sea aprobado son bastante altas. Sobre todo si se
tiene en cuenta que los legisladores que lo respaldan representan a estados ganaderos (Colorado,
Wyoming y Nuevo Mexico) que tendrán una
alta incidencia en las elecciones presidenciales de noviembre. Apoyar la
iniciativa puede resultar en un mayor apoyo para uno u otro partido.
En ATFA conviven
asociaciones de granjeros de casi todos los estados, junto fondos de pensiones de
docentes que, según la página de internet, “perdieron más de 100 millones de
dólares” como consecuencia del default argentino.
El lobbying de la asociación intenta además convencer a
todos los contribuyentes norteamericanos de que ellos también fueron perjudicados
por el default porque con sus aportes dieron apoyo financiero a la Argentina a través de organismos
multilaterales de crédito como el Banco Mundial o el FMI.
Senadores de EEUU quieren castigar el default de 2001 con una ley que prohíba el ingreso de carne argentina
El proyecto es respaldado por una asociación de acreedores del gobierno argentino. Sin tapujos, queda claro que la aftosa es la excusa para llevar adelante la movida.