La anunciada decisión de estatizar ramales de ferrocarril deja un sabor a déjà vu de principios de los 90: entonces, la solución a los graves problemas de las empresas de servicios se redujo en parte a la consagración de una “privatización eficiente” frente a una “estatización deficitaria”: había que privatizarlo todo para que funcionara. Ahora se invierte la ecuación, y con signo político distinto se mantiene el factor común, y la mirada binaria recomienda estatizar.
El parque ferroviario abandonado al costado de las vías, tramos enteros sin funcionar hace años, expresaban el desinterés de la empresa ALL en la gestión de los ramales de carga Ferrocarril Central y Mesopotámico. Ambos estratégicos por la enorme potencial que tienen para convertirse de modo combinado en un corredor bioceánico, aun más teniendo en cuenta que la concesionaria brasileña tenía a su cargo el manejo de la continuidad de la red en Brasil. El vector fluvio-marítimo a Santos es más competitivo en costos, pero ALL nunca buscó generar un mercado local con salida de productos hacia los puertos de influencia. Sólo transportaba desde Cuyo algunos minerales desdeñando el potencial del mercado vitivinícola y de combustibles. En los ramales aún en manos privadas hay, por un lado, muy buenos números, con incrementos constantes de volúmenes de carga; pero por otro, una superposición entre empresas concesionarias del servicio que a la vez son sus usuarios más importantes, lo cual dificulta ir a un nivel más plural de participación en la red de actores más débiles. Techint, que controla Ferroexpreso Pampeano, y Aceitera General Deheza (NCA) tienen una “cartera de clientes” de soja y otros granos más el transporte de insumos y productos propios. ¿Es suficiente este modelo?
La circulación fluida en el territorio de bienes y trabajadores por un buen servicio de cargas y pasajeros es un subsidio indirecto al capital, que bajo ciclos económicos expansivos lo beneficia al disminuir sus costos y brindarle una mayor amplitud de mercado de mano de obra. El Estado debe formar parte activa de su gestión y darle un tratamiento prioritario. Países desarrollados con redes estatales eficientes tienen altos índices de transparencia y seguridad jurídica, factores cuya ausencia, junto con una macroeconomía incierta, le juegan en contra a Argentina para buscar socios.
Finalmente, la estatización no es el resultado del diseño de una esperada política para el sector, sino una consecuencia “por defecto” de fracasados intentos por interesar al sector privado en su manejo, lo que expresa dudas sobre la voluntad política del Ejecutivo de compromiso real en esta gran empresa. En parte por su renuencia a convocar a cuadros técnicos y de la oposición al debate. Y también por una mirada, extensible también al arco opositor, bajo la cual el largo plazo carece de rédito electoral.
*Profesor y licenciado en Geografía de la UBA.
Magíster en Problemáticas Urbanas, Universidad de Nueva York.
