Dicen en los pasillos de las compañías que más años llevan trabajando en el país que hubo tres engranajes claves en el documento empresario que pidió que no se avance con el juicio a la Corte.
El próximo jueves comienza la discusión en la Comisión de Juicio Político en Diputados. Y la semana pasada cerca de quinientos empresarios firmaron una “Carta Abierta a los diputados de la Nación” en la que reclamaron a los legisladores que no avalen el pedido del Ejecutivo. “¿Quién va a invertir en la Argentina si se desconocen los fallos de la Corte”?, se preguntaron en esa misiva.
Ese documento tuvo un antecedente. Las principales cámaras empresariales ya se habían pronunciado individualmente, entre otras, Amcham, IDEA, el Foro de Convergencia, ACDE.
Hubo tres gestores para darle una vuelta de tuerca a ese mensaje que se dirigió formalmente al Congreso, pero que enfáticamente apuntó a todo el Gobierno en general y al ministro de Economía, Sergio Massa, en particular. Buscaron que unos quinientos dueños de empresas y CEO’s pusieran su firma personal. Juan Vaquer (ex timonel de ACDE), Santiago Mignone (PXC, ACDE e IDEA) y Guillermo Lipera (vice de esa última entidad y ex titular del Colegio de Abogados porteños) gestaron la idea, gestionaron la redacción y recopilaron las firmas.
Tuvieron rápida respuesta entre sus pares. En el sector privado consideran que hacer silencio, como de hecho ocurrió en otras ocasiones, frente a la decisión de desoír un fallo de la Corte y buscar enjuiciar a sus máximos responsables es un umbral que no deben cruzar.
No únicamente porque espantan inversiones privadas que no crecen en el país desde 2011 sino también porque sería, consideran, avalar una jugada que borra la frontera entre sector privado y público.
El avance sobre la propiedad privada preocupa a las compañías locales. También la proliferación de seudoempresas con participación o intervención estatal y la permanente estrategia gubernamental por buscar culpables únicamente entre las empresas por la alta inflación argentina.
Por todas estas razones, ese documento apuntó específicamente al ministro de Economía. Porque desde su poltrona debe ser veedor de generar inversiones y hacer cumplir las normas y porque tiene dos piezas claves que le responden en la Comisión de Juicio Político. Se descuenta que sus alfiles acompañarán la votación oficialista. Hasta ahora, Massa no se pronunció públicamente sobre la embestida gubernamental a la Corte. Los empresarios buscaron acelerar esa definición. (No lo hará).
En este contexto y, tal vez leyendo entre líneas, Massa se apresuró el viernes a última hora de la tarde a dar una señal de respeto jurídico a las dudas que se dispararon por su anuncio sobre recompra de bonos de la deuda.
Lo hizo dos días después de conocerse la medida, cuando el dólar volvió a subir y luego de varios llamados desde los Estados Unidos al equipo económico para averiguar qué estaba pasando. Las calificadoras de ese país tomaron oportunamente nota de las acciones gubernamentales y de su silencio frente al tema de la Corte.
En su pedido de investigación formulado a la Comisión Nacional de Valores (CNV), el ministro manifestó su sospecha de que operadores del mercado buscaron “afectar el tratamiento de la deuda soberana”. Según la presentación, solicitó “abrir actuaciones en carácter de investigación” al titular de la CNV, Sebastián Negri. Esa investigación se iniciará mañana en la CNV, según confiaron fuentes de Economía y se le pedirá a la oposición que sea auditora.
La decisión del ministro se concretó luego de que varias voces de la oposición de JxC anunciaran que también mañana recurrirán a la Justicia para pedir detalles de los movimientos con los bonos involucrados en esta recompra. Las sospechas giraron en torno al fuerte incremento en el volumen operados en ciertos títulos de deuda dos días antes del anuncio que, vale recordar, fue grabado la noche anterior a su difusión.
