En pleno ruido por el escándalo que viene de Brasil, en el Gobierno están ultimando los detalles de un proyecto que introduce penas más severas para la corrupción empresarial, uno de los requisitos fundamentales que le exige la organización de países desarrollados OCDE a la Argentina para ser uno de sus miembros, objetivo de la Casa Rosada.
En el anteproyecto que los expertos discuten hasta ahora “se introduce un sistema de responsabilidad penal aplicable a las personas jurídicas por los delitos contra la administración pública previstos en el Capítulo VI (Cohecho y tráfico de influencias), en el Capítulo VII (Malversación de caudales públicos), en el Capítulo VIII (Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas), y en el Capítulo IX (Exacciones ilegales), del Título XI del Libro Segundo del Código Penal y en el artículo 174, inciso 5° del mismo Código”, según un borrador al que accedió PERFIL.
“Hasta el momento, en la Argentina se prevén sanciones penales por delitos contra la administración pública únicamente para personas físicas”, detalla el material firmado por el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Y ahora se busca involucrar al sector privado, tanto en las responsabilidades como también con la opción de, a la brasileña, puedan mitigar penas si colaboran con la persecución de los delitos.
El anteproyecto establece entre otras sanciones multas de entre el 1% y el 20% de los ingresos brutos de la compañía, así como también detalla en su artículo 19 en adelante, distintas alternativas que le permiten a los involucrados reducir sus sanciones en caso de que presten colaboración en el esclarecimiento de los hechos.
Momento “forensic”. Según los expertos hay tres tipos de corrupción o fraude en las empresas: malversación de activos, el más frecuente y de menor impacto (alguien se lleva una resma por mes); malversación de estados financieros (truchar balances para que suba o no baje la acción, o para pedir créditos, como pudo pasar con Enron) y la corrupción (empleado que paga o recibe coimas, como ocurre con el caso de Odebrecht).
La explosión de contratos de expertos en forensic (lucha contra el fraude) y la instalación de departamentos de compliance (áreas que chequean el cumplimiento de regulaciones) tiene que ver con la proliferación de normas en el mundo que penan cada vez más a las multinacionales, con multas en sus casas matrices por hechos ilícitos en sus filiales.
