Para investigar un delito informático es primordial el rastro. Pero en la realidad virtual, las pistas no son las mismas que en el mundo de carne y hueso. Cada computadora, al conectarse a internet, tiene una IP pública, “un número que indica el lugar de la conexión de la computadora a internet”, detalla Ezequiel Sallis, del área de investigaciones telemáticas de la Policía Metropolitana. Pero la deep web brinda condiciones propicias para el desarrollo de delitos y actividades ilícitas. Una de ellas es el anonimato, la falta de rastro. Por eso, se pueden encontrar contenidos relacionados con redes de pedofilia, asesinos a sueldo, páginas de armado de bombas caseras y venta de todo tipo de mercadería “negra”, como armas y drogas. “Por cómo están armadas esas páginas es complejo rastrear al administrador y la procedencia de los usuarios”, explica Raúl Martínez Fazzalari, abogado especializado en Derecho de las Telecomunicaciones. Eso se logra a través de la instalación de diversos programas, como el TOR, que fue producido en 2003 por el laboratorio de Investigación Naval de Estados Unidos. Años más tarde, se liberó el software y lo tomó Tor Project, una entidad sin fines de lucro. “Hay teorías conspirativas que dicen que estas redes pueden estar vigiladas por fuerzas de inteligencia norteamericanas”, afirma Sallis. Por eso se comenta que uno de los riesgos de cometer delitos en la deep web puede ser el de ser descubierto por el FBI.
Pero más allá de las facilidades de este territorio, en algún momento esos universos se cruzan con la internet tradicional y el mundo fuera de las computadoras. Por eso, Sallis afirma que “las investigaciones pueden ser integrales entre las distintas fuerzas de seguridad y ámbitos, como la deep web y la internet tradicional”. En la Argentina, las fuerzas de seguridad encargadas de investigar los cibercrímenes son áreas especializadas de las policías Metropolitana, Bonaerense y Federal. Carlos Gabriel Rojas, comisionado de la Superintendencia de Investigaciones del área telemática de la Metropolitana, precisa: “Las denuncias más comunes son amenazas mediante dispositivos digitales, pedofilia, estafas y robo de identidad virtual”. A mediados de 2008, el Congreso sancionó la Ley de Delitos Informáticos 26.388, que estableció penas para hackers, estafadores digitales y pornógrafos. Ahora se busca incluir la figura de grooming (acoso sexual digital) como delito.