En el 2002, Colombia era un Estado considerado en riesgo de colapsar. El país sufría una violencia endémica que producía setenta homicidios cada 100 mil habitantes y 2.882 secuestros al año, los carteles de la droga tenían cooptadas las instituciones estatales en base a “plata o plomo”, y las organizaciones guerrilleras ejercían el mando sobre un tercio del territorio colombiano. Doce años después de implementar una política denominada de “seguridad democrática”, los homicidios se redujeron un 50% y los secuestros un 90%, los carteles de la droga retrocedieron significativamente, y las organizaciones guerrilleras son las que ahora están en riesgo de desaparecer, y ya no el Estado. Como consecuencia, el 55% de los colombianos votó en la pasada primera vuelta por dos candidatos presidenciales que pelean por ver quién representa mejor aquella política.
Acción. Hacia fines de los 80 y principios de los 90, Colombia había pasado a dominar el cultivo y la producción internacional de cocaína. Aun cuando los grandes carteles que regían el negocio –Medellín y Cali– fueron desarticulados entre 1993 y 1996, sus lugares lo ocuparon aproximadamente 300 “cartelitos”. En ese escenario, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla marxista, y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares) tomaron el control del cultivo y el procesamiento de la coca, un negocio –junto con el tráfico– de aproximadamente el 2,3% del PBI colombiano. El dinero ayudó a construir unas FARC y AUC de más de 15 mil combatientes cada una, divididos en sesenta frentes. Como consecuencia, Colombia se convirtió en uno de los países más peligrosos y violentos del mundo. Entre 1985 y el 2001, la violencia narco-guerrillera produjo 400 mil muertos. Un verdadero genocidio.
En 2002 asume Alvaro Uribe, y adopta una decisión fundamental: un plan de gobierno casi exclusivamente centrado en recuperar la presencia y legitimidad del Estado sobre la mayor parte del territorio dominado por la narco-guerrilla.
Para ello, aprovechó el involucramiento de un actor externo con peso suficiente para inclinar el conflicto a su favor: Estados Unidos. Así, el Plan Colombia, –lanzado en el 2000 con Bill Clinton y Andrés Pastrana– apoya con recursos económicos, militares y técnicos esa política. La motivación del gobierno norteamericano fue tan simple como naïf: reprimir el cultivo para reducir la oferta y, así, disminuir la demanda de droga. Bajo este supuesto equivocado, los Estados Unidos transfirieron más de US$ 9 mil millones al gobierno colombiano. Pero, más importante aún, transfirieron inteligencia.
En efecto, a través de un programa especial la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional y el Ejército proveyeron al gobierno colombiano de dos servicios esenciales: información en tiempo real para localizar a los líderes guerrilleros y tecnología satelital para transformar las bombas en armas inteligentes que podrían alcanzar con precisión cualquier objetivo en cualquier lugar.
Como resultado del retroceso de las FARC y la desmovilización de las AUC, la superficie cultivada de hojas de coca disminuyó un 50%. No obstante, la producción de cocaína no se redujo en la misma proporción. Prácticamente la misma cantidad de droga es producida en la mitad de hectáreas destinadas al cultivo. Esto implica que la productividad del suelo destinado al cultivo de coca creció significativamente como consecuencia del uso de plantas más grandes y fuertes, mayor densidad de hojas por hectárea, mejores técnicas de plantación, y agroquímicos para protegerse de los herbicidas empleados en las campañas de erradicación.
El factor fundamental para entender esta supuesta paradoja no se encuentra en Colombia sino en las calles norteamericanas: es la inelasticidad de la demanda. En efecto, la cantidad de droga demandada no es sensible a las alteraciones en el precio. Una reducción significativa en la oferta, producto de la reducción en la superficie cultivada y/o decomiso de cargamentos, tiende a incrementar el precio, pero esto no se traduce en una reducción de la cantidad demandada, a pesar que el producto es más caro. Como todo bien adictivo, la demanda tiende a ser inelástica. Entonces, esto genera márgenes de rentabilidad enormes en los mayoristas y los puntos de venta que incentivan una mayor producción vía incremento de la productividad, tal como sucede en cualquier mercado.
Qué puede aprender la Argentina. El caso colombiano ofrece algunas conclusiones. Por un lado, es un claro ejemplo que la combinación de un liderazgo político comprometido, una inversión de recursos públicos significativa, un plan de gobierno consistente, apoyo internacional contundente y equipos profesionales de gestión pueden revertir un escenario sumamente desfavorable. Cuando aquellos factores se hacen presentes, las instituciones del Estado pueden recuperarse y pasar a la ofensiva. No hace falta crear nuevas instituciones ni resignarse a su decadencia.
No obstante, el programa de “seguridad democrática” y el Plan Colombia pueden ser considerados exitosos en la medida que previamente se defina qué se entiende por éxito. Mientras esta política ha permitido dar cuenta del desafío estratégico que planteaban las organizaciones guerrilleras y los grandes carteles de la droga a la existencia del Estado colombiano, fue mucho menos efectiva para responder a las nuevas redes criminales de tráfico, más horizontales, móviles e inestables. La oferta de droga al mercado internacional, y la porción de violencia asociada a factores sociales y culturales de la sociedad colombiana, permaneció casi inalterable. Lo que se hizo en Colombia para pasar de setenta a treinta homicidios cada 100 mil habitantes seguramente no sirva para pasar de veinte a diez homicidios.
Por otra parte, el caso colombiano confirma que la problemática de producción y tráfico de drogas debe ser abordado regionalmente, antes que nacionalmente, si se pretende generar un impacto real en la oferta agregada de drogas. En los últimos treinta años, la localización de la producción y las rutas principales han ido cambiando en respuesta a los esfuerzos nacionales por reprimirlos (ver recuadro). Por ello, el narcotráfico debe ser también un asunto vital de la política exterior de los países latinoamericanos, que deben avanzar en una agenda de cooperación regional en la materia. Si bien hay un interés común con los grandes mercados de consumo, como los EE.UU., las estrategias convenientes para cada parte no necesariamente son idénticas. Mientras que el gobierno norteamericano prefería la interdicción de cargamentos de droga con destino a su país, el gobierno colombiano ha tenido un interés mayor en recuperar el territorio bajo dominio narco-guerrillero y reducir, como consecuencia, la superficie cultivada.
Si bien el apoyo internacional resulta vital, se requiere desterrar todo seguidismo “bobo” y dar lugar a una política consistente con los intereses nacionales que aproveche inteligentemente aquella cooperación.
*Politólogo, ex viceministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.
