Hablar del proceso de inteligencia no es hablar sólo de escuchas, fotos y seguimientos. También involucra la recolección y el análisis de muchas fuentes de información, sean personas físicas o de “código abierto”, esto es, datos accesibles legal y legítimamente, como eventos públicos o publicaciones en medios y redes sociales.
También las actividades de inteligencia de señales y de imágenes que involucran, cada vez más, el uso de tecnologías semiautomatizadas de vigilancia de la mano de la idea de ciudades inteligentes. Aquí podemos mencionar la investigación telemática de comunicaciones, la trazabilidad de la tarjeta electrónica SUBE –que, vinculada al DNI, permite saber la rutina de cada persona en tiempo real–, la videovigilancia de circuitos cerrados de TV y drones, la minería de datos y la biometría para reconocimiento facial y dactilográfico, entre otros, y que hoy toma forma en la base nacional Sibios con copia fiel digital del cuerpo de todos y disponible al acceso de cualquier policía del país sin restricciones normadas.
Uno de los puntos positivos del gobierno nacional fue el intento de darle institucionalidad al paradigma de seguridad democrática y humana, y –hasta cierto punto– alejarse del paradigma defensivo y estadocéntrico de la seguridad pública. Pero, contradictoriamente, continúa masificando tecnologías de vigilancia de manera acrítica y desproporcionada, creando grandes capacidades instaladas para tareas de inteligencia criminal y sin ninguna garantía de que redunde en mayor seguridad para la población. Incluso, muchas se encuentran en un limbo legal que permite a muchos agentes estatales realizar su propia inteligencia sin impedimentos, creando grandes nuevos riesgos.
Aquí hay que preguntarse qué sucede cuando un Estado se vuelve malo y activa mecanismos de excepción –que nunca terminan–. ¿Quién define y cómo al “peligro interno”? La exSIDE es la mejor muestra de que todos esos recursos para investigación e inteligencia criminal, y defensa estratégica, pueden ser usados para intereses sectoriales, contra el pueblo y para perpetuar el delito y la corrupción.
No se puede no vigilar a los que vigilan, y por eso hay que abrir un debate social amplio y con continuidad si efectivamente pretendemos un nuevo paradigma en la materia.
Además del diseño institucional que tome la nueva Ley de Inteligencia, que debería incorporar diversos y efectivos mecanismos de control horizontal entre poderes, también es necesaria una serie de reformas en materia de protección de datos personales y acceso a la información pública, para asegurarse de que el Estado esté efectivamente controlando. Esto es, reforzar el control vertical de la ciudadanía para defender sus derechos.
1. Por un lado, es necesario modificar urgentemente la Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales para que se cree, como ocurre en muchos países, un organismo autónomo y autárquico capaz de auditar el uso de datos de los organismos de Estado –cosa que hoy no sucede–. Asimismo, impedir la libre circulación y duplicación de datos personales entre agencias estatales sin consentimiento de los ciudadanos, entre otras cosas.
2. Por otro lado, se debe crear una ley nacional que regule la videovigilancia tanto pública como privada, estableciendo principios de aplicación, la obligatoriedad de evaluaciones de efectividad, garantías de control y penalidades en torno al uso de las imágenes que hoy circulan.
3. Sancionar una Ley de Información Pública tal como ya tienen 19 países latinoamericanos, creando una agencia dedicada a promover, defender y evaluar la transparencia institucional. Herramienta fundamental para monitorear cuánto y cómo está controlando el Estado a sus órganos de inteligencia y a las agencias privadas.
4. Modificar la Ley Nº 17.671 de Identificación y Clasificación del Potencial Humano Nacional de la dictadura de Onganía, que aún hoy habilita al Estado a recolectar a su voluntad toda la información obtenible de cada ciudadano.
5. Eliminar la base Sibios –creada por decreto–, tal como lo hicieron Gran Bretaña, Francia y EE.UU. por considerarla un riesgo para sus poblaciones. Y regular la recolección de datos privados. Si bien la biometría es útil en investigación criminal, esto no significa que deba extenderse a toda la población.
6. Deslindar el DNI de la SUBE –que se va a usar en todo el país– y detener la implementación del DNI electrónico con historia clínica, uso de internet, etc., tal como solicitamos junto a las Madres LF, APDH, la Liga, el Serpaj y otras organizaciones, luego de que la explicación oficial demostrase la falta de necesidad y proporcionalidad de esta medida.
No está de más decirlo, pero estos debates sobre la privacidad, la transparencia, etc., no son más que debates sobre poder. La diferencia entre la ciudadanía y el Estado es que éste sólo tiene obligaciones; los derechos humanos son nuestros.
(*) Sociólogo. Miembro de APP y la Red Latinoamericana Lavits.
