La imagen de Luciano Arruga es un ícono de la violación a los derechos humanos en democracia. El 31 de enero de 2009 salió de su casa, en La Matanza. La familia no supo nada más de él hasta el 17 de octubre pasado. Horas antes de su desaparición, el joven de 16 años había sido detenido por la Policía Bonaerense. Casi seis años después, su cuerpo fue encontrado enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita. El fallo judicial reconoció que Luciano ya había sido torturado por la policía en 2008, meses antes de su desaparición.
Su caso es representativo de muchos otros: policía sin control, discriminación como sentencia previa y la falta de un sistema para encontrar personas desaparecidas. Según la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), desde 1983 hasta 2014 se registraron 4.278 casos de crímenes por gatillo fácil, torturas u homicidios en comisarías y cárceles. Casi la mitad de las víctimas eran menores de 25 años. “En general eran todos de clase trabajadora y bajos recursos”, explicó la directora del organismo, la abogada María del Carmen Verdú.
“Mi hijo no quiso robar, entonces empezó la persecución”, revela Mónica Alegre, la mamá de Arruga a PERFIL. Meses antes de su desaparición, el adolescente había sido trasladado hasta el destacamento de Lomas del Mirador, ubicado en Comisionado J. Indart 106. Según se desprende de la investigación, fue una detención irregular. El chico permaneció casi diez horas en la cocina. Fue golpeado por tres oficiales y sólo uno pudo ser identificado: Julio Diego Torales, condenado el mes pasado a diez años de prisión por las torturas.
Desde la querella, Maximiliano Medina, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), reconoce que el fallo formará parte de una magra jurisprudencia favorable para los familiares de las víctimas: “No hay condenas por delitos de este tipo en las que se haga hincapié en el sufrimiento psicológico. Además, era complicado acreditar el hecho, porque Luciano no estaba presente. La resolución es importante porque el caso es representativo de muchos otros”, añade.
Los otros Luciano. De entre los miles de casos de muertes de jóvenes en manos de la policía, PERFIL rastreó tres historias representativas. Gabriel Blanco de 21 años, Jonathan Lezcano (17) y Ezequiel (25) murieron en circunstancias distintas, pero existe un elemento en común que los atraviesa: la corporación policial.
Gabriel Blanco había sido tentado con la misma oferta que Luciano. Se negó. A las cinco de la tarde del 1º de marzo de 2007 fue detenido en la Comisaría 2ª de Isidro Casanova, en La Matanza. Cerca de la medianoche fue trasladado al Hospital Paroissien, sin vida. Según la versión oficial fue un suicidio: el muchacho había aparecido con un cable en el cuello. Su padre tenía dudas y las despejó al ver el cuerpo. Teófilo Blanco vio que le faltaban piezas dentales, tenía hematomas y la espalda llena de tierra. “Lo mataron en el piso”, dice a PERFIL. Eran pocos los pasos que podía dar su hijo sin sentir la sirena a sus espaldas: “Lo seguía un patrullero donde fuera. Todo porque no quería robar para ellos”.
Por el delito de “tortura seguida de muerte” hay cinco uniformados imputados: Daniel Omar Dos Santos, Claudio Horacio Ilundaynl, Rubén Darío Suárez, Ariel Gómez y Pablo Balbuena. Desde la defensa, el abogado Rubén Fernández relativiza el hecho. Incluso denunció a la entidad que patrocina a los familiares de Blanco, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza (APDH), por presiones sobre los testigos para que compliquen a los acusados.
“No estamos en los 70”. “No deja de preocuparme la cantidad de chicos perseguidos. Parece que cuentan la misma historia”, reflexionó la mamá de Arruga, quien junto a su hija, Vanesa Orieta, recorrieron varios kilómetros en el camino que las separa de la Justicia. A finales de 2009 se encontró en una movilización con Angélica Urquiza. Las dos tenían un cartel con el rostro de sus hijos. “Vos buscás a tu negrito. Yo sé que lo vas a encontrar”, le dijo Alegre. La última vez que Angélica vio a Jonathan “Kiki” Lezcano alcanzó a decirle que lo amaba, que no volviera tarde y que se abrigara.
El 8 de julio de 2009, Lezcano salió de su casa, en la Villa 20, para encontrarse con su amigo Ezequiel Blanco. Tenían 17 y 25 años. Ninguno regresó. “Iba a la Comisaría 52ª y nunca me daban una respuesta. Una vez me dijeron ‘señora, no estamos en los 70. No estamos para desaparecer gente’”, relató Urquiza a PERFIL. El 14 de septiembre recibió un llamado del Juzgado de Instrucción N° 49. Le informaron que el cuerpo de Jonathan y el de su amigo estaban en el cementerio de la Chacarita, sin identificación.
“No lo hablé con Vanesa (Orieta) o Mónica (Alegre). Pero es muy fuerte saber que donde estuvo Luciano también estuvo Kiki”, cuenta Urquiza. Luego pudo reconstruirse que el 8 de julio de 2009, Jonathan y Ezequiel fueron fusilados por Daniel Santiago Veyga. El ex uniformado de la Policía Federal declaró que quisieron robarle y se defendió. Pero un video demostró que mientras Lezcano agonizaba un grupo de policías lo insultaba.
“Al pedir por los derechos humanos lo hacemos por los de ahora y siempre. Porque sigue habiendo impunidad”, subrayó Nora Cortiñas, de Madres Línea Fundadora, en una de las marchas por justicia.
“A Luciano lo mató la policía y lo desapareció el Estado” es más que una consigna. La historia de Arruga es parte de una cadena de impunidades que antecedió a su muerte.
Todos estos chicos cargaban una pesada mochila de prejuicios. Como explica Eva Asprella, coordinadora del Equipo de Política Criminal y Violencia en el Encierro del CELS: “Hay un estereotipo de pibe chorro. La policía y el Poder Judicial lo utilizan. Entonces se produce una ‘macdonalización’ de la detención: se capturan pibes con determinadas características y se los aprehende”.
