Argentina es hoy por hoy un país de catástrofes recurrentes. Y los argentinos, indignados y partidistas, opinamos desde cada trinchera sobre lo que no sabemos o aún no se conoce, armando tal revuelo que cuando aparece la verdad, si es que aparece, ya casi no tiene importancia y cada cual se mantiene en sus trece. Por su parte los medios, la mayoría, acaban haciendo de cada tragedia una suerte de entretenimiento. Llamar a la cordura “no vende”…
Pero ¿cuál es, entre nosotros, el “concurso de circunstancias” que genera catástrofes? En 2004, el incendio de la discoteca Cromañon provocó la muerte de 194 jóvenes y centenares de heridos. La concurrencia excedía largamente la capacidad del local, que tenía clausuradas las salidas de emergencia. Los auxilios, aunque esforzados, carecían de equipos y entrenamiento adecuados. En las investigaciones quedó en evidencia la cadena de corrupción –empresarios, inspectores municipales, policías, bomberos, etc.– que permitió que semejante local estuviese habilitado.
La emoción suscitada, lo enrevesado de las actuaciones sumariales, el sensacionalismo de los medios, generaron situaciones insólitas. Algunos padres de las víctimas profirieron amenazas de muerte y a manera de recordatorio instalaron un “santuario” en medio de la calle.
Luego, el 22-2-11, un tren con frenos en mal estado provocó la muerte de 51 personas y más de medio millar de heridos en la estación Once. El entonces titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, declaró que “en 2008 realizamos un informe sobre la situación desastrosa del ramal, en especial el sistema de frenos”. Ni el Congreso ni el Ejecutivo, receptores institucionales del informe, lo habían tomado en consideración, a pesar de que ya se habían producido al menos seis casos graves: el 1-11-05, usuarios enfurecidos incendiaron la estación de Haedo y 15 vagones; el 7-12-06, cinco vagones descarrilaron muy cerca de Once; el 4-9-08, usuarios incendiaron ocho vagones y apedrearon las oficinas de TBA; el 13-4-09, también cerca de Once, un tren se incendió y los pasajeros debieron saltar por las ventanas (las puertas no se abrían) sobre las vías electrificadas, con un saldo de 31 heridos; el 3-5-11, un tren descarriló en Flores “por falta de bulones de sujeción a las vías”, generando un tumulto que acabó con 14 vagones incendiados y, por último, el 13-9-11, un colectivo de pasajeros cruzó las vías cuando la barrera “solo estaba inclinada a 45 grados y no había banderillero”: dejó 11 muertos y 228 heridos.
Altos funcionarios hicieron el ridículo, por llamarlo de alguna manera. El secretario de Transportes, Juan Pablo Schiavi, argumentó que “si el accidente hubiese ocurrido en un día feriado, no habría habido tantas víctimas”. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, declaró que “hubo muchos muertos por la viveza criolla de apurarse para llegar rápido al trabajo y viajar en el primer vagón”. La ministra de Defensa, Nilda Garré, estimó que una de las víctimas “murió por viajar en un lugar vedado al público”. La presidenta, Cristina Fernández, aseveró que “morimos porque ahora tenemos trabajo y razón para viajar; antes nos quedábamos en casa”. O sea, que quien consigue trabajo en Argentina debe resignarse a la muy probable eventualidad de morir en un medio de transporte público.
La guinda de esta trágica y esperpéntica torta es que “el santuario” de Cromañon, que cerraba el paso de calle Mitre desde diciembre de 2004, dificultó las tareas de rescate en el accidente de Once, ya que esa era una de las vías más directas para trasladar a los heridos al hospital Ramos Mejía.
El secretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, fue detenido en 2012 en su piso de Puerto Madero, valuado en casi un millón de dólares, acusado de instigar el asesinato de Mariano Ferreyra, que participaba de una protesta por las condiciones de trabajo en el ferrocarril. En su descargo, Pedraza declaró que “hacía 25 años que no se subía a un tren”. Fue condenado a 15 años de prisión, pero eso sí, desde 2016, domiciliaria… Antes, al ser detenido, la Unión Ferroviaria había realizado algunos paros de protesta en defensa de su millonario secretario general.
Y ahora, la tragedia del submarino ARA San Juan, de la que casi todo el mundo tiene opinión definitiva y en la que tornan a aparecer indicios de incompetencia, falta de coordinación institucional y, faltaba más, denuncias de corrupción.
El espacio no permite detallar aquí la cadena de incongruencias, contradicciones, declaraciones absurdas, omisiones, etc., que con las variantes del caso se reiteraron. Pero son conocidas, ya que es nuestra catástrofe de turno. Lo “nuevo” es que ahora se sabe que también el equipamiento de las Fuerzas Armadas es vetusto y está en pésimo estado de mantenimiento.
En situaciones como estas se refleja la forma en que se comportan las instituciones, la mayoría de los ciudadanos y sus representantes; el respeto que el conjunto expresa con sus actos tanto en el marco institucional como en el social. Hay tragedias en las que suele manifestarse lo ineluctable de eso que, a falta de mejor explicación, llamamos destino, pero en la manera de preverlas y enfrentarlas se expresa la calidad de una organización social y política; un grado de civilización.
Saque el lector sus conclusiones.
