1. Autodestrucción y descrédito
La postergación de la discusión en el Senado del ascenso del general César Milani como jefe del Ejército debido a que se lo acusa de haber participado en la desaparición del soldado conscripto Alberto Ledo resume los elementos centrales del proceso que han seguido las Fuerzas Armadas desde el restablecimiento de la democracia, en 1983, a la fecha.
Milani, un subteniente en 1976, firmó como oficial actuante el sumario en el que se calificó como desertor a Ledo.
Que ese caso emerja tres décadas después, en el contexto de una condena unánime al terrorismo de Estado de la última dictadura (1976-1983), y que se asocie además a la denuncia de una reorientación de unas Fuerzas Armadas menguadas en su capacidad operativa a tareas de inteligencia es para tener en cuenta: el escándalo revela que, mientras los militares han dejado de ser un factor gravitante en la política interna, las marcas del pasado represivo y las dificultades por asignarles un nuevo rol en democracia y en el contexto de nuevos desafíos para la defensa nacional aún están vigentes.
Las Fuerzas Armadas se autodestruyeron en Malvinas. La derrota desató una fuerte crisis interna. Quienes no habían combatido en las islas responsabilizaron a los veteranos por los cuestionamientos sociales que recibían las fuerzas, sobre todo el Ejército y la Armada. Temían que el fracaso en las islas abriera la puerta a críticas mayores y amenazantes para el futuro institucional, que atacaran, incluso, lo que consideraban su mayor logro: la “guerra contra la subversión”. Esta, pese a que la visión crítica dominante hoy sobre la dictadura, según la socióloga Paula Canelo, fue el “principal recurso de cohesión institucional”. Aunque colocó a las fuerzas “al borde mismo de la disgregación institucional, las hizo merecedoras del más profundo repudio social, les arrebató para siempre la posibilidad de erigirse como árbitros sobre los conflictos de la sociedad civil y las relegó a un plano secundario de la escena política”, su reivindicación institucional desde 1976 “les permitió sortear bastante airosamente los avances de la sociedad civil y de los sucesivos gobiernos democráticos sobre su autonomía”. Ese núcleo duro revive hoy con el affaire Milani.
Durante la transición a la democracia, los militares buscaron garantizarse tanto impunidad para las responsabilidades penales individuales como evitar una eventual condena moral por las violaciones a los derechos humanos que habían cometido en el marco de lo que entonces se llamaba “guerra sucia”. En 1983, el gobierno de facto publicó el Documento Final de la Junta Militar sobre la Guerra contra la Subversión y el Terrorismo. Este reivindicaba lo actuado y establecía que las acciones en el marco de esa lucha habían sido “actos de servicio”. En septiembre de 1983, como complemento, promulgó la Ley de Pacificación Nacional, que era una autoamnistía (fue derogada por el Congreso Nacional una vez restaurada la democracia).
2. Raúl Alfonsín: juzgar y subordinar
La política hacia el pasado y los militares del presidente Raúl Alfonsín fue la de juzgar los crímenes cometidos en el marco de los “niveles de responsabilidad”. Así, en el Juicio a las Juntas (1985) fueron juzgados los jefes de las tres fuerzas o figuras notorias como Alfredo Astiz. Paralelamente, la llamada “teoría de los dos demonios”, expresada en el prólogo del Nunca más, el informe de la Conadep, señalaba que al terrorismo de izquierda se le había respondido con una violencia mayor e ilegal por parte del Estado. Este esquema prolongaba la idea militar de que la “guerra sucia” se había desplegado como una respuesta a la agresión subversiva: los militares habían actuado en defensa de la república. El juzgamiento limitado fue criticado por los organismos de derechos humanos, la izquierda y el peronismo (al que no obstante beneficiaba el “corte temporal” establecido por la “teoría” que excluía la represión paraestatal durante los gobiernos justicialistas de 1974 a 1976). Pero sobre todo, fue enfrentada por los militares. Alfonsín respondió a estas presiones con la Ley de Punto Final (1986), que establecía una fecha límite para la presentación de denuncias. El levantamiento de la feria judicial del verano de 1987 facilitó una avalancha de causas, que produjeron la sublevación “carapintada” de Semana Santa de ese año. Un grupo de oficiales del Ejército, muchos de ellos comandos y veteranos de Malvinas, se atrincheraron en Campo de Mayo en el marco del Operativo Dignidad, en el que reclamaban una “solución política a un hecho político como es la guerra contra la subversión”. Las masivas movilizaciones populares en respaldo de la democracia no ocultaron el hecho de que el gobierno radical no disponía de fuerzas dispuestas a reprimir a los sublevados, como probó el perezoso viaje del general “leal” Alais desde el Litoral. El resultado de esta crisis fue la sanción de la Ley de Obediencia Debida (1987), que establecía que los oficiales subalternos y suboficiales habían actuado cumpliendo órdenes, y no eran pasibles de castigo. Los “carapintadas” emergieron como un factor político de peso, y revelaron una profunda fractura dentro del Ejército, materializada en otros dos alzamientos, en enero y noviembre de 1988. Sus líderes, Aldo Rico y Mohamed Alí Seineldín, eran veteranos de Malvinas respetados entre los cuadros medios por su actuación. Este último apoyó a Carlos Saúl Menem, candidato peronista.
En enero de 1989, el Movimiento Todos por la Patria, para “evitar un golpe de Estado”, intentó tomar por asalto el cuartel del Regimiento 3 en La Tablada. Los militares y los policías que los reprimieron tuvieron toda la contundencia que les faltó en los alzamientos “carapintadas”: hubo decenas de muertos y tres desaparecidos. El ataque favoreció el relato que buscaba la rehabilitación de la historia de la “lucha contra la subversión”.
3. Carlos Menem: reconciliar y pacificar
El gobierno de Carlos Menem encaró una política tendiente a cerrar las heridas del pasado. Invocando su condición de ex preso político, firmó dos indultos, en 1989 y 1990, que benefició a algunos dirigentes guerrilleros y, sobre todo, a militares condenados por violaciones a los derechos humanos y por su mal desempeño durante la Guerra de Malvinas. En 1990, sin embargo, enfrentó la sublevación de su aliado Seineldín, disgustado porque el riojano no había cumplido compromisos preelectorales que otorgarían a los “carapintadas” un lugar relevante en su gobierno. Menem no vaciló, calificó la sublevación como un “intento de golpe de Estado” y ordenó la represión. El militar encargado de ejecutarla fue otro veterano de Malvinas, Martín Balza. Artillero, sería el jefe del Ejército entre 1991 y 1999. Bajo su mando, esta fuerza se volcó a la “profesionalización” y a la resignificación de su rol en democracia, materializado en el envío de contingentes de “cascos azules” como parte de las fuerzas de Naciones Unidas. Este proceso tuvo dos hitos. En abril de 1994, apareció en un regimiento de Zapala (Neuquén) el cuerpo del conscripto Omar Carrasco con síntomas de haber sufrido una golpiza. La investigación posterior llevó a la condena de un subteniente y dos conscriptos, y precipitó la derogación de la Ley de Servicio Militar Obligatorio, vigente desde 1904, y uno de los pilares en la construcción de la Argentina moderna. De este modo, se puso fin a la tradicional “colimba”, que había derivado de un deber cívico que instruía militarmente a los ciudadanos y los “argentinizaba”, a conformar un sistema de servidumbres y malos tratos completamente ineficaz, como se había comprobado en la Guerra de Malvinas.
El otro fue la famosa “autocrítica” (1995) leída por Balza en vivo en un programa de televisión. En ella rompió con el relato de la “obediencia debida” al afirmar que “delinque quien cumple órdenes inmorales”. Esta postura, que amplió en 1998 y 1999, le valió su expulsión del Círculo Militar y constituyó un punto de ruptura simbólica muy fuerte con la versión militar de la década del 70. Pero las FF.AA. no escaparon a la degradación de la política: en la década del 90, el Estado argentino vendió ilegalmente armas a Croacia y Ecuador, y se produjo la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero para borrar las pruebas.
Tanto la política de reconciliación como el paso del tiempo facilitaron la consolidación de memorias castrenses sobre la década del 70 que reivindicaban la represión bajo la forma de una “guerra” y consideraban el fracaso de Malvinas como una “gesta” que no debía ser cuestionada porque había sido impulsada por una causa justa. Sin embargo, ese repliegue en el núcleo duro del relato procesista coexistió con una creciente condena social a los gobiernos dictatoriales y una paulatina revalorización de los proyectos políticos derrotados, sobre todo con posterioridad al 20° aniversario del golpe militar. Ejemplo de esto es que Ricardo López Murphy, ministro de Defensa de Fernando de la Rúa, buscó apaciguar los ánimos de las FF.AA. por los masivos actos en repudio al golpe, en 2001, reinstalando el 2 de abril, aniversario del desembarco en Malvinas, como feriado nacional. Establecido por Bignone, último presidente de facto, había sido anulado por Alfonsín.
4. Néstor y Cristina Kirchner, y más allá
Este fue el contexto en el que asumió su presidencia Néstor Kirchner en 2003. Es conocido el fuerte sesgo político y en relación con el pasado que adoptó sobre todo en sus primeros años de gobierno. La “bajada” del cuadro de Videla en el Colegio Militar fue acompañada por su visita junto a sobrevivientes al predio de la ESMA, símbolo de la represión ilegal. La declaración de las leyes de impunidad como inconstitucionales por la Corte Suprema en 2005 permitió que se reiniciara a gran escala la política de procesamiento del pasado por la vía judicial. Por su parte, el kirchnerismo ha establecido un linaje entre la militancia setentista y su “proyecto nacional”, lo que reactivó, como muestra Valentina Salvi, la reivindicación de la “lucha contra la subversión” por militares y sus allegados.
Como expresión del peronismo, el kirchnerismo también intenta darle, al menos discursivamente, un lugar a las FF.AA. En 2004, Kirchner llamó a los nuevos oficiales a recuperar el espíritu sanmartiniano, reivindicó el papel de los militares en el desarrollo de la industria nacional (lo que retomó Cristina Fernández al renacionalizar YPF) y señaló, como un gesto hacia los uniformados, el carácter “cívico-militar” de las dictaduras. Discursivamente, el kirchnerismo busca el “reencuentro” entre las Fuerzas Armadas y su pueblo, lo que se puso en acto, por ejemplo, durante las inundaciones en La Plata en abril de 2013, cuando los medios oficiales enfatizaron el despliegue conjunto de actores civiles y militares en las acciones de solidaridad.
Vistas en perspectiva, estas tres décadas muestran avances profundos en la revalorización de la democracia, el respeto por los derechos humanos y la anulación de las Fuerzas Armadas como factor político desestabilizador. Sin embargo, también emergen las limitaciones para pensar su papel en democracia, como una consecuencia del peso del pasado violento en el pensamiento político. Vale la pena preguntarse si el costo de apartar a los militares de la política interna ha sido la dificultad de construir unas fuerzas de defensa operativas para un país democrático, en un contexto en el que potencias económicas y militares amenazan a naciones tan ricas en recursos como en notoria desventaja estratégica, como la Argentina. La “gesta” de rescatar un buque escuela no oculta el hecho de que nuestro país no dispone de la capacidad para disuadir avances sobre su territorio y sus recursos. Una vez más, las oscilaciones entre los extremos, que parecerían endémicas, probablemente nos hayan jugado en contra.
*Conicet-Ides.
