Es habitual que las regulaciones sobre telecomunicaciones establezcan separaciones estructurales o contabilidad separada para prevenir la existencia de subsidios cruzados entre servicios, que puedan falsear la competencia. Esto ocurre principalmente cuando se pretende que un servicio con tarifa fijada por el Gobierno subsidie un servicio con precio establecido en un marco de libre competencia.
Las separaciones estructurales también son frecuentes en las regulaciones sobre medios de comunicación aunque con propósitos orientados a la diversidad informativa.
No obstante, la decisión del Grupo Clarín no obedece a ninguna regulación, sino que es libre, meramente comercial. Su propósito es separar negocios que son diferentes en varios aspectos: los servicios de telecomunicaciones no crean contenidos sino que transmiten contenidos creados por otros (conversaciones telefónicas, datos), en tanto los medios crean contenido (lo que otorga, ciertamente, poder político). Las telecomunicaciones necesitan fuertes inversiones de capital en instalación, mantenimiento y renovación de redes, los medios necesitan generar contenido que interese al público. Las telecomunicaciones generan ingresos directamente de sus clientes finales, en tanto los medios los generan a través de la venta de publicidad. Y finalmente, las telecomunicaciones son percibidas como el negocio del futuro, en tanto los medios atraviesan un período no de decadencia, pero sí de cierta incertidumbre y de necesidad de reconversión en un mundo convergente hacia internet como red predominante. Es éste último aspecto el que habría originado la decisión de la reorganización societaria, ya que no es lo mismo negociar condiciones crediticias con un proveedor de tecnología o con un banco desde una telco pura, que desde un conglomerado de medios. Habría que explicar en éste último caso variables de ingresos por publicidad, tirada de diarios, evolución del rating de las radios, etc., datos ajenos al mundo de los minutos, el churn y las velocidades de acceso. Pero no se trata sólo del interés o del plazo de los préstamos, sino que se pretende aprovechar que el Gobierno decretó en diciembre pasado que hasta enero de 2018 Telefónica y Telecom no pueden prestar TV paga, lo que coloca al Grupo Clarín (que sí puede hacerlo) en una situación de ventaja competitiva.
El Grupo Clarín (más allá de su poder de fuego político) es el mayor proveedor de televisión paga y de banda ancha del país. Acaba de ingresar al mercado móvil con la compra de Nextel, que no posee frecuencias valiosas por la obsolescencia del trunking pero sí una buena base de clientes y sitios de antenas. El problema de la obsolescencia del trunking pretende ser solucionado con la compra, ya realizada aunque pendiente de aprobación regulatoria, de algunas empresas sin clientes y sin sitios, pero con espectro de alta densidad.
Telecom y Telefónica, si bien permanecen fuertes en telefonía móvil y banda ancha, ven cómo se reduce año a año la cantidad de líneas de telefonía fija. Encima, la Corte Suprema ratificó hace pocos meses un
fallo que ordenó al Enacom a implementar y poner en práctica la portabilidad numérica.
En un escenario de convergencia, contar con dos años de gracia otorgados por el Gobierno para consolidarse como el más grande operador de cuádruple play configura a su vez una ventaja que no podía ser desaprovechada por ineficiencias en la organización societaria del grupo.
*Profesores de la Facultad de Derecho de Universidad Austral y socios de Orlanski & Russell Abogados.
