Tras la caída de Perón, la primera gran confrontación entre el sindicalismo organizado y un gobierno no peronista se dará por el proyecto de privatización del Frigorífico Nacional, de propiedad municipal, que provoca una reacción de resistencia en defensa de las fuentes de trabajo. La sede de la UOM capital, en Hipólito Yrigoyen al 3300, se había convertido en el cuartel general del comando de huelga. El plenario de las 62 Organizaciones, que agrupaban al grueso del sindicalismo peronista, resolvía declarar un paro para el 9 de enero. En la mesa que presidía el plenario había dos rostros que expresaban distintos estados de ánimo: mientras el líder metalúrgico Augusto Vandor manifestaba fogosidad y vehemencia, el más combativo líder del gremio de la Sanidad, Amado Olmos, permanecía silencioso y preocupado.
Antes de su viaje a los Estados Unidos, previsto para esos días, el presidente Arturo Frondizi trató con los legisladores de su partido el anteproyecto de la Ley de Carnes. Para ese momento, el presidente de la Corporación Argentina de Productores de Carne, Manuel Busquet Serra, había propuesto a la directiva del sindicato del Frigorífico Nacional una serie de medidas reparadoras si aceptaba la privatización. Ofrecía garantizar las horas de trabajo y una compensación económica de importancia para el gremio. La comisión encabezada por Sebastián Borro rechaza la oferta y gestiona a través del presidente del bloque oficialista de la UCRI, Héctor Gómez Machado, una entrevista con Frondizi en la residencia de Olivos.
El presidente, acompañado por su ministro de Trabajo, Alfredo Allende, recibió a la delegación encabezada por Borro. El dirigente, según el testimonio de participantes, planteó a Frondizi que no cederían “ni un tranco, porque estamos defendiendo el patrimonio nacional”. “Usted fue elegido por el pueblo y lo está traicionando”, lo interpeló Borro, a lo cual Frondizi respondió: “La historia y el pueblo dirán…”. Luego de esta reunión, los dirigentes convocaron a una asamblea donde expusieron 48 oradores y aprobaron una huelga por tiempo indeterminado. En tanto en el frigorífico se colocaron banderas y pancartas con la leyenda “Patria sí, colonia no”. Hubo una mediación del jefe de Policía, capitán de navío Niceto Vega, quien tuvo un incidente con Borro cuando el dirigente les dio la palabra a los delegados comunistas y a viva voz desafió al jefe policial de aquel momento: “La mayor parte del gremio es peronista, pero nosotros no nos imponemos por la fuerza sino por la voluntad de la mayoría…”, dijo el líder sindical.
Represión. Tras tres días de ocupación, la noche del 17 de enero llegaron a las puertas del Frigorífico cuatro tanques de guerra Sherman del Ejército y alrededor de 1.500 efectivos de Gendarmería y Policía Federal, para cumplir la orden de desalojar a los manifestantes. Cuando las fuerzas policiales y militares comenzaron a avanzar, se encontraron con un hecho imprevisto: 5 mil vacunos que habían sido soltados se interponían en su camino.
En las calles se sucedió una verdadera batalla campal que se extendió desde la avenida Olivera hasta la General Paz. Cuando la policía los corría, los manifestantes levantaban los adoquines para que los patrulleros no pudieran pasar. Entre quienes participaban de la ocupación y huelga del Frigorífico Nacional había varios protagonistas de las primeras y segundas líneas del sindicalismo de la época. Además de Borro y Vandor, estaba Eleuterio Cardoso, dirigente del gremio de la carne y uno de los fundadores de las 62 Organizaciones. También Amado Olmos, de la Sanidad, que orientaba junto a Jorge Di Pasquale, de Farmacia, el sector más combativo del movimiento obrero.
Saúl Ubaldini, por entonces un joven trabajador del Frigorífico, se destacará veinte años más tarde en los primeros movimientos de fuerza contra la última dictadura y no dejará de recordar aquellas jornadas de protesta como su bautismo de fuego en las luchas sindicales. Otro protagonista de esos días será John William Cooke, que por pedido del general Perón desde Madrid, viaja de Montevideo a Buenos Aires para apoyar las medidas de huelga. El delegado del ex presidente llegó al Frigorífico acompañado por Miguel Unamuno, otro joven dirigente gremial que llegaría a ser ministro de Trabajo en los últimos días del tercer gobierno peronista. Después de la visita, Cooke dio a conocer un duro documento culpando al gobierno “heredero de la oligarquía setembrina”. El pueblo –señalaba– “está en todo su derecho de apelar a todos sus recursos y a toda clase de lucha para impedir que siga el plan entreguista…”.
La protesta del Lisandro de la Torre fue reprimida, pero la huelga siguió por otros dos meses a pesar de que los miembros de la comisión directiva estaban detenidos o prófugos. Finalmente, el Frigorífico fue intervenido y se despidió a la casi totalidad de los 5 mil operarios. La respuesta fue un paro general de 48 horas dispuesto conjuntamente por las 62 Organizaciones y el Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical (MUCS), de orientación comunista. Pero la deserción de los transportistas, la falta de preparación previa y el encarcelamiento de sus principales dirigentes debilitaron el impacto de la medida de fuerza. Muy poco había durado la precaria tregua social para el gobierno de la UCRI, mientras Frondizi buscaba inversiones en los Estados Unidos. El Congreso había sancionado la Ley de Amnistía, derogado el Decreto Ley 4161 de inhabilitaciones políticas y gremiales y, sobre todo, se había cumplido con la sanción de la Ley de Asociaciones Profesionales. Las 62 Organizaciones, nacidas, como los restantes nucleamientos, del frustrado congreso de la CGT del 57, saludaron la nueva legislación laboral como una rehabilitación del Decreto 23.852 que, según recordaban, posibilitó la creación de un sindicalismo “fuerte, unido y nacional”. Pero lejos de reconocer algún mérito a Frondizi por estas medidas, las consideraban como una conquista propia, fruto de la movilización y la resistencia.
En el ámbito gubernamental, vanos eran los esfuerzos por encontrar una salida pacífica al conflicto. Las fuerzas militares estaban dispuestas a reprimir bajo las órdenes del subsecretario de Guerra, el coronel Manuel Reimundes –cabeza de una logia militar con el nombre de Dragón Verde–; el primer tanque que entró en el Frigorífico lo condujo el entonces mayor Jorge Cáceres Monié, luego general y jefe de la Policía Federal. Quien estaba a cargo de la comisaría de Mataderos era Luis Margaride, un comisario que se hizo famoso tiempo después por sus “operativos de moralidad” en albergues transitorios y las redadas contra estudiantes, a quienes les cortaba compulsivamente el pelo largo. Años más tarde, en el tercer gobierno peronista bajo la influencia de López Rega, ejerció el cargo de superintendente de Coordinación Federal, secundando al comisario Alberto Villar, organizador de la banda parapolicial Triple A.
La toma y desalojo del Lisandro de la Torre fue un ejercicio anticipatorio de una nueva modalidad de la protesta gremial durante la proscripción del peronismo, que se repetiría tanto frente a las dictaduras como frente a los gobiernos civiles. Y funcionó como un ariete de las respuestas represivas por parte del Estado. Allí se estrenaron los Planes de Lucha y se puso en ejecución la Conmoción interna de Estado (Conintes), que reforzaba el estado de sitio y ponía a los militares a reprimir y perseguir la “subversión” interna. A pesar de su derrota, el movimiento de huelga sería, por su envergadura, uno de los primeros de una serie de manifestaciones populares que llegarán a un punto culminante con el Cordobazo, diez años después. Al mismo tiempo, contribuyó a un desgaste del gobierno de Frondizi, que no tendría respiro hasta su derrocamiento, en marzo de 1962. Sirvió, en fin, como un campo de entrenamiento para la gimnasia revolucionaria y contrarrevolucionaria. Un semillero de militantes, dirigentes… y represores.
(*) Periodista e historiador.
(**) Politólogo y periodista.
