Pablo almuerza en el pabellón y se prepara para ir a la escuela. En el camino, se cruza con algunos de sus compañeros y llega al aula conversando sobre la tarea. Se sienta en su pupitre y escucha atento la clase. Está en cuarto año de primaria. La escuela está alojada en la Unidad Penal Nº 28 de Magdalena, a 106 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.
Al igual que Pablo, 388 internos realizan sus estudios en la Escuela de Educación Primaria para Adultos Nº 706 y en la Escuela Secundaria Media Nº 452, dentro de la cárcel. Se trata de un espacio de seis aulas en las que el arte brota desde las paredes. Al ingresar al pabellón-escuela, una réplica colorida del Guernica de Picasso recibe a los visitantes frente a un Salvador Dalí que intenta saltar del muro. Todas las paredes fueron embellecidas por los internos.
Respeto. Claudia Giménez es la coordinadora del Área de Educación y Cultura y trabaja en el Servicio Penitenciario Bonaerense hace 22 años. “Nosotros no estamos para juzgar, hacemos el trabajo tratamental. Nunca les preguntamos a los internos qué hicieron para estar acá. Les preguntamos el nombre, qué saben hacer y los tratamos como a cualquier alumno”, relata.
El penal de Magdalena cuenta hoy con 1.361 detenidos en un espacio apara alrededor de 850 personas. De esa población, el 29% asiste a la escuela y casi el 35% (465 personas) son “clientes” activos de la Biblioteca Móvil de la cárcel. Leonardo es el interno a cargo de la biblioteca y todos los días recorre los pabellones entregando y retirando los libros que le piden sus compañeros.
“Los internos, tanto en la escuela como al leer un libro, nos sentimos libres”, dice Leonardo. “El interno sabe que acá es un alumno y tiene la libertad de expresarse. Se siente afuera y respeta a sus compañeros y a sus docentes. Los libros también los respeta porque no los rompe y los devuelve en tiempo y forma”, destaca y cuenta orgulloso que desde la creación de la biblioteca, a fines de 2017, pasaron de tener 97 libros a tener 454. Todos llegaron por donaciones.
Hoy, hay 168 internos en lista de espera para comenzar sus estudios escolares. Por eso, el Estado aprobó la construcción de seis nuevas aulas y la habilitación del turno vespertino. Cecilia Argüello, maestra y co-coordinadora del área, resalta la importancia de la iniciativa: “La educación es un derecho esencial y la idea es que todos puedan acceder a ella. Nosotros trabajamos por la inclusión, porque el Estado los vive excluyendo y por eso están acá. Los internos aprovechan esta posibilidad y por eso quieren venir a la escuela”.
Fabián Castillo, profesor de Estética y Arte, cuenta que en muchas ocasiones los presos dicen “estoy en cana porque mi abuelo estuvo en cana, mi viejo estuvo en cana y mi hermano también”. “Para ellos estar en la cárcel es una parte natural de sus vidas, como si fuera que están destinados a eso. Por eso es importante que esta modalidad que aplicamos funcione como un amplificador, para que cuando salgan y estén con sus hijos sepan que este no es el lugar al que tienen que venir”, remarca.
La universidad. En el medio de todos los pabellones que componen la Unidad Penal Nº 48 de José León Suárez está el Centro Universitario San Martín (Cusam) de la Universidad Nacional de San Martín.
Entrar al Centro siempre es impactante: paredes perimetrales altísimas y un olor intenso proveniente del Ceamse dan la bienvenida a los visitantes, que ingresan por una larga calle. “Permítame su DNI, por favor”, recibe un guardia al final del recorrido, notificado de antemano de la visita. Del otro lado del imponente muro, cuatro puertas de alambre tejido y cerradas con candado se interponen. “Podés venir todos los días, pero a los candados, el alambre y los paredones no te acostumbrás nunca”, dice el profesor-guía.
Allí, los internos y los agentes penitenciarios estudian las licenciaturas en Sociología y Trabajo Social y una diplomatura en Gestión Cultural. Natalia Ojeda, directora del Cusam, destaca la iniciativa pero reconoce las dificultades del contexto social de los internos: “Nosotros estamos garantizando el acceso a un derecho que muchos de estos pibes no tuvieron. Lamentablemente, esta población accede a un montón de derechos recién cuando está detenida”.
En esa línea, Andrea Lombraña, docente e investigadora del Cusam, remarca que “no se puede hablar de reinserción social, sino de inclusión. Ofrecemos un espacio de reflexión crítica, la posibilidad de repensarse de los internos. Lo que sin duda se da es que los pibes no se habían pensado antes de la misma manera en la que se piensan cuando transitan por el Cusam”, asegura.
Repensarse. En la cárcel de San Martín hay detenidas alrededor de mil personas en un lugar para 450. El Cusam, que ya lleva 11 años de funcionamiento, hoy cuenta con ocho egresados, de los cuales algunos participan de equipos de investigación en la Unsam. Uno de ellos es Diego Tejerina, un interno en semilibertad que trabaja en la Universidad de San Martín y da clases en la diplomatura en Gestión Cultural en el penal. “La educación en la cárcel nos permite repensarnos a nosotros mismos y nos permite repensar qué significa la educación”, dice.
Dentro de la cárcel, Diego transitó por varios espacios educativos. Comenzó enseñando a leer y escribir a los internos analfabetos, participó del centro cultural y finalmente se hizo cargo de la biblioteca. Hoy, cuando piensa en su trayectoria, se considera “un privilegiado: recibido y en semilibertad, creo que es mi compromiso y mi obligación mostrarles a mis compañeros cuáles son las formas de libertad. No puedo no estar y comprometerme. Tiene que ver con la ética de alguien al que le brindaron la oportunidad. Para mí ser docente es un poco devolver la dignidad que me dio el derecho a la educación”.
Desigualdad. Según el Informe Anual 2018 de la Comisión Provincial por la Memoria, hay 38.320 personas detenidas en las cárceles y alcaidías bonaerenses. Lo más preocupante es que en 2017 la población total de detenidos sumó a 4.510 nuevos internos. Mientras que de 2007 a 2015 la cantidad de detenidos creció a un promedio anual de 4,2%, en 2016 subió 7,4% y en 2017 11,7%. Como las plazas penintenciarias de la provincia son 20.071 en total, hoy existe una sobrepoblación récord de 91%.
“Este aumento se ve en los últimos tres años y una de las explicaciones es el contexto socioeconómico que hace que haya mucha más gente presa. Pero también hay una política que tiende al encierro y a la mano dura como solución a la problemática de la seguridad que tiene sus impactos en las decisiones judiciales”, concluye Ojeda.
Un sistema en crisis permanente
Antropólogo y especialista en criminología de la Universidad Nacional de La Plata, Fabián Quinteros brinda a PERFIL una mirada crítica sobre el Sistema Penitenciario Bonaerense.
—¿Cuál es tu análisis sobre la legislación penitenciaria de la provincia de Buenos Aires?
—En general el espíritu de la ley de ejecución penal y de las normas asociadas está signado por el ideal resocializador, una postura que constituye las bases del penitenciarismo argentino. Una de las cuestiones principales es que siempre se ha estado en una especie de período de crisis renovado con cada gestión política, sobre todo en provincia de Buenos Aires. Cuando se realiza un análisis documental lo que se ve es una serie continua de modificaciones normativas con objetivos diversos como suprimir la corrupción interna, mejorar las condiciones de vida de los detenidos, dar respuestas a la superpoblación carcelaria y profesionalizar al personal. Sin embargo la lógica cambiante de las sucesivas gestiones ha generado una especie de anomia, producto de la falta de decretos reglamentarios orgánicos, la persistencia de normas obsoletas e incluso por el litigio de normativas en oposición. Esto ha hecho que la lógica institucional de reproducción de saberes profesionales se encuentre fragmentada, sin metas concretas y sin un cuerpo de conocimiento que avale las prácticas de los trabajadores penitenciarios
—¿Qué opinión te merecen las iniciativas de inclusión de los internos desde la educación, el arte y el deporte?
—Cuando surgen palabras como inclusión me surge la pregunta de “dónde está excluida la persona”. Para esto en primera instancia trato de aclarar que la educación es un derecho básico. El deporte y el arte son parte de las manifestaciones colectivas que tenemos los humanos, y de hecho son además medios esenciales de nuestra socialización. De ahí que brindar educación, arte y deporte en el sistema penitenciario es brindar acceso a derechos. Entonces, por este tipo de iniciativas de inclusión puede entenderse “restituir derechos”. En general, en un ideario emplazado por el sistema penitenciarista, legisladores, agentes de la Justicia y gran parte del imaginario social consideran que el trabajo y el deporte son parte del “tratamiento penitenciario”. La idea es que el trabajo y el deporte son buenos en sí mismo, por lo tanto pueden ser parte del tratamiento. Se olvidan en este ideario de que el trabajo puede ser explotación y el deporte violencia.
—¿Existe una relación entre la educación en la cárcel y la baja de la reincidencia cuando los internos recuperan su libertad?
—Es probable que la restitución de derechos resignifique en las personas que han estado detenidas muchas de sus prácticas y representaciones, principalmente por haber adquirido habilidades que les abren un campo diferente de posibilidades. Sin embargo, no puede ser entendido como tratamiento penitenciario, el cual por definición es individualizado y derivado de una evaluación integral. No tenemos pruebas realizadas con metodología adecuada para saber qué funciona y qué no funciona para reducir la reincidencia y prevenir nuevos delitos.
