Verano. Un jueves de mañana en un bar de Olivos: el contexto indicaría que el entrevistado, Roberto Gargarella, una de las voces más prestigiosas e independientes de la Justicia en nuestro país, y los periodistas de PERFIL tendríamos que estar casi en soledad. Pero no, hay mucha gente en el entorno, gente que trabaja, aun en un fin de enero en el que –tal como se ve– no muchos se toman vacaciones. El contexto social es uno de los marcos de esta entrevista: ser abogado y mucho más ser fiscal y juez en la Argentina de hoy es lidiar con un contexto social nuevo, con otra forma de la crisis.
El otro marco es que recientemente se cumplieron dos años de la muerte del fiscal Alberto Nisman y uno de la detención de Milagro Sala. Dos casos lo suficientemente resonantes como para preguntarle a Gargarella dónde estamos parados y hacia dónde vamos en su materia.
—¿Por qué hay tanta impunidad en Argentina?
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
—Argentina tiene una situación excepcional, que se nota aún más cuando uno la confronta con países como Brasil. Allí la Justicia está lejos de funcionar de manera ejemplar. Pero por cuestiones diversas, funciona muy distinto. Aquí hay, al menos, una clave: en Brasil, para ser juez, uno debe atravesar una serie de cursos que implican al menos dos años en los que la política no interviene: en la Argentina, constitucionalmente, hay otras razones y otros criterios. Creo que ambos sistemas funcionan mal por distintas razones. Pero podríamos decir que la Justicia brasileña tiene niveles de elitismo iguales o superiores a la Argentina, pero tiene un nivel a ojos nuestros, sorprendentes, comparados con Argentina. En los tribunales donde hay causas que tienen que ver con la política, el derecho deja de jugar. Son causas en las que la cuestión jurídica pasa a ser irrelevante, porque lo único que importa es la correspondencia política. O la presión.
Miedo. Para Gargarella, “muchos jueces actúan pensando en el dinero o en ascensos futuros, y actúan por cálculo político y no de acuerdo al derecho.
—Desde cierto progresismo suele criticarse la idea de independencia de la Justicia...
—En los últimos años se desarrolló un discurso “festilindo”, muy naive, muy ingenuo al respecto. Parangonable al discurso sobre la sinarquía y la conspiración judía en los años 50. Se pasó a una idea que sostiene que la neutralidad no existe, que la Justicia no existe. Que es todo política. Uno puede decir, por ejemplo, que la Justicia es –y merece ser– política en algunas cuestiones: no sale de un repollo, es una creación humana. Pero eso no implica pensar que debe ser partidaria. Pensar que no se puede ser neutrales en un sentido bobo es lo que llevó a ser partidarios. Algo que fue incentivado desde el poder.
—Daría la sensación de que desde el nuevo oficialismo hay un discurso, un relato, que habla de la independencia del poder Judicial. ¿Se ve un cambio?
—En la tendencia del macrismo, yo veo más continuidades. Es verdad que, por razones de estilo y de conveniencia, se quiere reaccionar o sobreactuar sobre las diferencias. Pero en cuestiones de fondo, como establecer un cierto control cívico al poder, en eso no hay cambios. Sigue habiendo lazos muy íntimos entre política, Justicia y empresas. Todo eso son continuidades que sobrepasan al gobierno kirchnerista. Hablan de cómo se organizó la Argentina desde antes. Hay grupos de poder muy fuerte, como los agroempresarios, que están desde hace muchos años. La familia judicial es la misma, hay muy pocos nuevos. Es la nota dramática de Argentina.
—Si Cristina fuese presa, uno podría dudar si es el resultado de una Justicia independiente.
—Es un poco lo que sucede con Milagro Sala. En lo íntimo creo que puede estar imputada razonablemente por actividades ilegales. Esa es mi corazonada.
Prejuicios. Más allá de esa certeza, el jurista opina: “Otra vez predominaron los prejuicios. Se actuó con razones de conveniencia electoral y de una supuesta estabilidad. Pero eso es un juego político, que no debe tener que ver con el derecho. Por eso, la molestia que muchos de nosotros hemos tenido, además de los organismos de derechos humanos. Lo que primó fue lo político. El derecho allí entró como una excusa. A ella se la detuvo de una manera contraria a derecho. Lo mismo puede decirse de casi todas las detenciones en la Argentina. La prisión preventiva en la Argentina suele ser de una enorme ilegalidad. Y aquí es mucho peor, porque se trataba de una militante política opositora. Y después, cuando se la condenó, fue por las peores razones y de los peores modos. Parecería encerrar algo así como una lección a quienes en el futuro se animen a encarar la protesta política y el desafío al poder. Es un pésimo precedente al futuro. Es un caso ilustrativo. Lo mismo sucede con Nisman.
Test. Gargarella sostiene que uno y otro caso son buenos tests “para pensar situaciones jurídicas difíciles, para pensar con independencia de nuestras ideas partidarias. Me parece que el establishment y los formadores de opinión en la Argentina fracasan en ese test”.
—El rol de la Justicia sería, precisamente, generar ese equilibrio, esa objetividad posible...
—Claro. Aunque yo siempre he sido muy antikirchnerista, no tengo problemas en reconocer y denunciar como ilegal lo que se hizo en cuanto a Milagro Sala. Y lo digo con independencia de mis ideas. Creo que mucha gente en Cambiemos tiene problemas en reconocer todo lo mal que se hizo hasta ahora.
—Daría la sensación de que muchas veces opinamos sobre cuestiones jurídicas desde nuestras ideas políticas: once o cromañón fueron olvidados por ese mismo progresismo del que hablábamos.
—Once fue otro caso extraordinario. Todos debíamos estar juntos denunciando complicidades, como lo escribió Diego Rojas en su libro. Que parte del progresismo se le haya tirado encima al maquinista es una de las mayores bajezas éticas que vimos últimamente.
Nisman. Es, sin dudas otro caso emblemático. Gargarella sostiene que “aquí tuvimos fiscales desesperados por probar inocencias antes de poder abrir la prueba. Creo que Nisman, como funcionario, fue designado por Néstor, en un lugar específico, con una infinidad de recursos, de la mano de los servicios de inteligencia, desde el minuto uno. Que luego se siga denunciando su carácter de bon vivant, mujeriego, amante del dinero, luego de haberlo mantenido, no tiene mucha lógica.
—¿Y su denuncia?
—Creo que fue hecha a último momento y de un modo improvisado, pero reúne pruebas que forman un relato que es verosímil. Es verosímil y asentado en pruebas que merecen verse con detalle. Es un relato que permite encajar un
montón de cosas: por qué se firma el memorándum, por qué se hace un fideicomiso para trabajar con Irán después del memorándum, por qué empieza a haber movimientos económicos, cómo fue la influencia de Venezuela en esa negociación. Permite ver cómo fue que cambió una política que había sido opuesta hasta ese momento. Y también revela una interna en los servicios de inteligencia. El fiscal tiene la obligación de mostrar que efectivamente hay algo importante. Y los fiscales (lo mismo es atribuible a Rafecas) actuaron casi en la dirección contraria.
—¿Tenés alguna hipótesis sobre la muerte de Nisman?
—
La ex presidenta dijo que estaba convencida de que lo mataron. Es imposible no tomar como relevante eso. También es cierto que
Nisman terminó perseguido por el mismo poder que lo puso. Es cierto que los servicios estaban haciendo un seguimiento muy peligroso sobre él y sobre las personas cercanas a él, las hijas, los familiares. Algo de lo que hay que dar cuenta. Su muerte sucedió durante una pelea pesada de los servicios, entre una facción proiraní y otra pronorteamericana. Es algo para investigar, sin dudas.
