Una bola espejada gira en el medio de una pista de un baile en plena noche. Hombres y mujeres se divierten. Nada fuera de lo común, salvo porque “el boliche” está en un campamento minero a 2.600 metros de altura en Catamarca. Es Bajo de la Alumbrera, la mayor explotación de cobre de la Argentina, donde los trabajadores tienen un régimen de siete días en producción y siete de descanso, por lo que –cuando están en funciones–, además de trabajar, comer, dormir o hacer deporte al pie de la mina, también van al cine o “salen” a bailar. Escenas similares pueden encontrarse en Veladero, la mayor mina en producción de oro del país, que opera con un régimen similar entre las montañas nevadas de la Cordillera de los Andes, en San Juan, a más de 4 mil metros de altura.
La mina, entonces, es todo. Pero no sólo para los empleados, sino también para los vecinos y los gobiernos locales, a los que les aporta actividad económica, el grueso de la recaudación e inversión social. Con semejante dependencia, ¿pueden ser creíbles los controles ambientales que por ley deben llevar las provincias, y no la Nación sobre corporaciones de talla mundial? La pregunta carcome al punto de buscar certificaciones de Unesco o laboratorios que refrenden la validez de las inspecciones.
Con casco. Por invitación de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), que lleva periodistas a recorrer los gigantes de la minería “a cielo abierto” (a base de explosiones y trituración de piedras) para mostrar los controles que se llevan a cabo e intentar revertir críticas sociales y políticas, PERFIL visitó los proyectos y comprobó la omniprescencia de verdaderas empresas-Estado en la vida local. Mientras usted lee esta nota, sea la hora que sea, las minas están produciendo. En la localidad catamarqueña de Belén se encuentra el predio de Alumbrera, como le dicen los lugareños, al proyecto que desarrolla la compañía multinacional Glencore en sociedad con Goldcorp, Yamana Gold en unión transitoria de empresas con la local YMAD (Yacimientos Mineros Agua de Dionisio). El pit –el enorme agujero donde se hacen las detonaciones– tiene 1.800 metros de diámetro y casi cinco cuadras de profundidad. Allí, se vuelan las rocas, a las que se les aplica un proceso químico con sulfatos; se inyecta agua para que viaje por un ducto hacia la “planta procesadora” de Tucumán, se filtra, y se obtiene el producto final, un polvo verdoso con parte de cobre que se carga allí mismo en trenes de la compañía hasta San Lorenzo, Santa Fe, rumbo a alguna refinería del planeta. Los residuos van a una pileta de 600 hectáreas, llamado dique de colas. El dique deja pasar a la tierra parte de su contenido, por lo que se aplica un sistema de retrobombeo para garantizar que esos líquidos lleguen al río Vis Vis. En la planta, el agua utilizada es tratada y vertida en un río de la zona. Los directivos de la empresa toman un trago para mostrar que está extralimpia.
En San Juan, la gente habla más de “la Barrick” que del propio Estado. La productora de oro más grande del mundo produce desde 2004 el metal en Veladero. Para llegar al campamento, sólo se puede entrar si el móvil tiene un equipo de radio, porque tormentas de nieve taponan los caminos de cornisa. Hay que subir hasta los 5 mil metros y luego bajar hasta el corazón del proyecto. Hay varios “pits” y se vuela la montaña todos los días. Se generan toneladas de rocas de 38 milímetros que encierran oro, que son volcadas en un amplio valle donde membranas similares a las de un riego por goteo le aplican una solución con cianuro, un químico muy riesgoso para la salud. El procedimiento insume una tonelada de cianuro por día, que llega en camiones. En una provincia con escasez de agua, el proyecto consume –dice la empresa– el equivalente a 110 hectáreas de viñedos. Las piedras trituradas se mueven en camiones capaces de transportar hasta 240 toneladas. Son edificios con ruedas: las gomas miden 4 metros y pesan cinco toneladas. El metal extraído se transforma en una barra de metal doré, que sale del país en aviones.
Control y dependencia. Desde el uso de químicos peligrosos hasta el empleo intensivo de agua, la minería es objeto de críticas por su impacto en el medio ambiente. Desde 1995, la industria cuenta con una Ley de Impacto Ambiental, la 24.585, que fija a las provincias, titulares de los recursos del suelo según la Constitución, como autoridad de aplicación. El proyecto Alumbrera explica el 60% del PBI de la provincia que lo debe controlar. El emprendimiento pagó por regalías a Catamarca $ 118 millones el año pasado, cuando el presupuesto de la Secretaría de Vivienda, por ejemplo, fue de $ 224 millones. En San Juan, Veladero mueve el 40% de la actividad económica. Antes de la entrada del proyecto en 2004, el PBI provincial crecía por debajo de la media nacional (8,3% vs. 8,8%), en tanto que a datos de 2011 lo hizo casi al doble (15% vs. 8%). A través de Barrick, que actúa como agente de retención, se cobra más del 40% de los impuestos de la provincia que debe controlarla.
“¿Habría que prohibir toda actividad económica que genere un impacto económico por encima de determinado valor para evitar la supuesta asimetría entre controlante y controlado?”, se preguntó ante el planteo de PERFIL Miguel Giménez Zapiola, director de Asuntos Corporativos de Barrick Argentina. Desde Glencore, su gerente de Relaciones Institucionales, Jorge Montaldi, remarca que “quienes controlan son técnicos capacitados y formados luego de más de 15 años de operación. En un adecuado marco de institucionalidad, la ecuanimidad de los controles está garantizada por el poder del que gozan las autoridades administrativas sobre el administrado”.
El gobernador de San Juan, José Luis Gioja, reconoce que la provincia “no recibe ningún respaldo de la Nación para realizar tareas de control y fiscalización”, pero niega condicionamientos: “En nuestra provincia, ninguna empresa minera nos impone un límite”. “Estamos en condiciones de controlarlos, y de hecho hay una alta participación ciudadana en los controles”, aseguró Lucila Corpacci, la gobernadora de Catamarca. “Las propias mineras admiten que es imposible controlarlas, por eso convocan a la comunidad y hablan de monitoreo social”, asegura Javier Rodríguez Pardo, padre de los movimientos ambientalistas antimineros.
El peso de la RSE. En pos de una mayor credibilidad, desde Glencore y Barrick, se complementan los controles estatales con la participación directa de vecinos o grupos de de la sociedad civil que toman muestras, las mandan a evaluar o hacen visitas guiadas. ¿No condiciona ese control que las mismas empresas hagan fuertes programas de ayuda social?, preguntó PERFIL. “La clave del control ciudadano es hacerlo amplio, para que participen también quienes te miran con desconfianza o no te quieren”, explica Giménez Zapiola, de Barrick. Gioja asegura que “no le compete a Barrick desplegar un plan de ayuda comunitaria”, y revela que tomó medidas “por acciones que generaban una dualidad que era objeto de profundos cuestionamientos”. Se refiere a la creación de distintos programas de “beneficios adicionales”, que formalizan aportes extra de la minera para obras por fuera del pago de impuestos. Barrick desembolsó en 2013 unos $ 64,8 millones en proyectos vía fideicomisos.
En Catamarca, en un acto público la gobernadora Corpacci anunció la construcción de dos hospitales, uno en Andalgalá y otro en Aconquija, con fondos de la minera. Según puntualizó a PERFIL, no fue con los impuestos que paga la empresa ni con un programa de RSE, sino en el marco de aportes específicos para obras públicas que la empresa privada, como si fuera un estado paralelo, lleva a cabo. Asoma el riesgo de una especie de “clientelismo privado”. Dice el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral: “Entendemos otra cosa como RSE, no compartimos que se haga clientelismo con esta cuestión, y por eso propiciamos el diálogo”. Mario Capello, presidente del Consejo Argentino de Ingenieros de Minas (Cadim), asegura: “Las empresas muchas veces han ido al rescate en pueblos donde el Estado es muy débil, y les gusta jugar el rol de Papá Noel, y si bien está bien que lo hagan, ese no es su rol: deben pagar los impuestos y el Estado, controlar”.
Los presidenciables sueñan con un maná de dólares
Lejos de cualquier polémica en torno a la credibilidad de los controles, la mayoría de los presidenciables cuenta con la minería como un fuerte generador de divisas durante el próximo mandato. Daniel Scioli lo puso en claro durante su visita el 7 de mayo a Catamarca, en la celebración del Día de la Minería organizado por CAEM. “Hay que resolver los conflictos porque podemos tener otra Pampa húmeda”, aseguró el candidato 2015, respecto de la potencial generación de divisas del sector si vienen más inversiones. Y Sergio Massa, si bien ha tenido coqueteos con intendentes críticos de la minería a cielo abierto, tiene en su equipo económico figuras que creen que la minería metalífera a gran escala es un factor clave de generación de dólares genuinos en tiempos de restricciones en la balanza de pagos.
Con el foco de los reclamos sociales en el fracking como método extractivo del petróleo no convencional y la bronca creciente en Córdoba contra el “modelo Monsanto”, la actividad minera salió en parte del radar de las protestas ecológicas. Sin embargo, esta “tranquilidad” de la que dan cuenta los directivos también tiene que ver con un freno de los grandes proyectos. Se desarmó el proyecto de Potasio Río Colorado; en San Juan, por un fallo en Chile y cambios corporativos, Barrick frenó al mínimo el emprendimiento binacional Pascua Lama. Todo se ve en números. Según Martín Dedeu, titular de CAEM, será difícil que este año las exportaciones superen los US$ 4.500 millones
