Antonio Di Pietro, sinónimo de mani pulite y responsable de condenar a unos 1.300 políticos y empresarios corruptos, participó el lunes 10 de un encuentro mano a mano con intelectuales, miembros del Poder Judicial y de la sociedad civil que trabajan para combatir la corrupción en la Argentina, y editores y periodistas de Editorial Perfil, a quienes reveló los trasfondos de la investigación que destapó la red de corrupción más grande de Italia. Además, desgranó su particular visión sobre la Justicia, los valores republicanos y el poder; y aconsejó “seguir a la Argentina y el momento histórico: es bueno que se empiece a hablar de corrupción, pero ése no debería ser uno de los temas, sino el tema. Espero que quien gane las próximas elecciones haga una ley anticorrupción en los primeros cien días. Si no, no se puede hacer más”, dijo, categórico.
Retirado de los estrados italianos desde 1995, el ex magistrado fundó su propio partido político, Italia dei Valori; ocupó distintos cargos públicos –ejecutivos y legislativos– y se dedica hoy a “contar a los estudiantes, desde la primaria a la universidad, la historia de lo que sucedió hace veinte años en Italia. No abandoné del todo el Poder Judicial, pero renuncié para que mis colegas continuaran la obra que comencé. En cuanto me bajé de esas funciones nacieron las investigaciones a la investigación que hicimos, y otras contra mí”, dijo. Entre otros, se lo acusó de ser un agente de la CIA, de interrogar a sus testigos obligándolos a declarar con métodos violentos e, incluso, de instigación al suicidio, ya que después de sus interrogatorios muchos de esos acusados se quitaron la vida.
Pero también pintó un retrato un tanto amargo sobre cómo los valores cambiados tras tantos años de corrupción confundieron a quién está del lado correcto o incorrecto de la Justicia: “La Nochebuena de 2001, estábamos con mi hija en la Plaza del Duomo, en Milán. Dos jóvenes, que probablemente no habían nacido en la época en la que se empezó la investigación, me reconocieron, por mi exposición política. Uno le dijo al otro ‘¿Viste quién es? ¡Es el fiscal Di Pietro!’ Y el otro frenó sobre sus pasos y me gritó ‘¡Asesino! ¡Asesino!’ y se fue corriendo. De eso, sin dudas, es responsable la forma en la que se da a la opinión pública la información en Italia”, aseguró.
Efectos sobre la democracia. El ex fiscal Di Pietro enumeró tres grandes consecuencias que trae aparejada la corrupción. “La primera, pero que no es la más importante –aunque lo parezca– es económica: los delitos contra la corrupción implican un enorme incremento de costos tanto para el Estado como para los ciudadanos. Por ejemplo, en mani pulite, una licitación que valía diez se terminaba pagando 1.500. Esa era la práctica común”, describió. “La segunda es la existencia de dos realidades paralelas; es decir, dos clases políticas y dos empresariales. La corrupción produjo en Italia dos clases de empresarios, una que decidió convivir con ella –y se enriqueció– y otra que no. Esa última desapareció. Uno de los grandes problemas que dejó, entonces, fue que terminó con la libre competencia”.
Pero la principal consecuencia, estableció, “es la disminución de la democracia: quien te representa no es más elegido por el pueblo, sino que responde a una lista de intereses. Y el sistema de información reproduce –o, al menos, eso es lo que sucedió en Italia, donde no existe la figura de ‘editor puro’ y los medios de comunicación son todos parte de grandes grupos empresariales que se dedican además a múltiples industrias, por lo que terminan siendo usados como órganos de propaganda de esas empresas– esa realidad en la que la opinión pública termina creyendo. Esa caída cultural, esa aceptación y resignación de ‘es lo que hay’, es contra lo que hay que luchar”, dijo.
En 1994, el entonces magistrado Di Pietro, en nombre del pool (grupo de fiscales) de Milán, presentó en un encuentro con 150 empresarios un proyecto de ley que impulsaba la “cláusula de no punibilidad”, considerando que si alguna persona se presentaba y “confesaba”, no sólo tendría una reducción de la pena que le tocara –como sucede en Estados Unidos o en Brasil con la Ley del Arrepentido– sino que la cláusula no implicaba procesamiento posterior. “Les sugiero que aquí eso también suceda, que se impulse un proyecto similar”, agregó Di Pietro.
Nuevos paradigmas. En el mismo país en el que este proceso terminó con la llamada Primera República y sacudió al corazón del sistema político, fue posible que, luego, Silvio Berlusconi llegara al poder. Las consecuencias de su gestión son conocidas. Planteado ese escenario, la consulta de uno de los invitados al encuentro fue sencilla, pero a fondo: ¿cómo se cambia una sociedad donde la corrupción está arraigada? La respuesta del ex fiscal fue contundente: “Cambiando los valores. No existe justicia sin información ni información sin justicia. No hay duda que la seguridad que otorgan los juicios y las penas son fundamentales, pero –como me dijo hoy Jorge Fontevecchia–, ‘por más que sean necesarias no siempre son suficientes’. Debe haber un convencimiento, los más jóvenes tienen que ver que ser honesto tiene beneficios”, aseguró.
“La corrupción es como el matrimonio: un delito con coparticipación necesaria. Pero mientras que el matrimonio se basa en el afecto, la corrupción se basa en el interés. Lo que se hizo en mani pulite partió de la siguiente lógica: vamos a crear un interés en los empresarios para que nos cuenten qué hicieron con los políticos”, ejemplificó.
“El cambio cultural para combatir la corrupción no puede hacerse de la noche a la mañana, y conviene que se haga intergeneracionalmente: quien vota hoy en Italia no había nacido durante mani pulite, pero lo que tienen en la cabeza, lo que reciben, es que los jueces son enemigos”. Y agregó, no sin cierta ironía, una premisa que sobrevolaba entre los presentes, pero nadie se había atrevido a formular: “Sí, Italia forma parte de América Latina”.
La investigación que sacudió la corrupción italiana
S.F.
En febrero de 1992, en Milán, cayó la primera ficha de la que luego se convertiría en la investigación anticorrupción más grande de Italia: Mario Chiesa, un dirigente socialista, colaborador del ex primer ministro Bettino Craxi. Chiesa fue sorprendido con un sobre que contenía siete millones de liras, la mitad del soborno que aseguraría a un pequeño empresario, Luca Magni, la licitación de limpieza del edificio. Magni fue a ver a un fiscal, Antonio Di Pietro, que al estilo de las películas hollywoodenses le propuso agarrar a Chiesa in fraganti. Esa fue la primera pieza de un dominó de financiación ilegal de la política italiana que hizo caer a la llamada Primera República.
El detenido se negó a declarar, pero Di Pietro ya había encontrado dos cuentas en Suiza, que tenían el nombre en clave de dos marcas de agua mineral. “Se terminó el agua”, le dijo el fiscal al abogado de Chiesa. Y el detenido empezó a declarar: dijo que el “sistema de coimas” o tangenti (luego bautizado Tangentopoli) era algo mucho más extendido que una acción aislada. Era, en realidad, una especie de “impuesto” que los políticos en el gobierno, de cualquier orientación, exigían a cambio de otorgar las licitaciones. Ese dinero financiaba el funcionamiento de los partidos. Las investigaciones se multiplicaron y finalmente pusieron término a la carrera política de Craxi, uno de cuyos más cercanos asesores, Sergio Moroni, se suicidó y dejó una carta en la que admitía haber recaudado muchas tangenti, pero aclaraba que no eran para su uso personal, sino para las actividades políticas, es decir, que se trataba de un “robo para la corona”.
Finalmente, toda la operación, que duró dos años, derivó en 1.300 acciones judiciales, entre condenas y acuerdos voluntarios. Craxi huyó a Túnez, donde murió en 2001. Di Pietro inició una carrera política y a lo largo de los años ha sido senador, europarlamentario y diputado, así como ministro de Obras Públicas e Infraestructura en los gabinetes de izquierda del dos veces premier Romano Prodi.
