“Cuando vos tenés un problema en tu casa –un incendio por ejemplo–, lo peor que podés hacer es llamar a los bomberos y al decorador al mismo tiempo. Y el Gobierno en este caso hizo eso: en medio del incendio se plantea esta reforma, que suena más a solución decorativa en un caso extremo”. La fuente, que prefiere quedar en off, ha estado ligada históricamente al peronismo y ocupó puestos de importancia en torno al tema de la seguridad. Y revela un poco el sentimiento de casi todos los consultados acerca de la reforma de los servicios de inteligencia por PERFIL, respecto de cómo debería ser un esquema de inteligencia en términos ideales. “Es más –dice la misma fuente–: ni siquiera se han preguntado si realmente se necesitan servicios de inteligencia. Seguramente la respuesta es sí, pero se necesita siempre el consenso como para saber a qué deben dedicarse”. El gran desafío es conseguir autonomía del poder político de turno y profesionalizar las instancias. Como dijo el constitucionalista Eduardo Barcesat: “Salir de la investigación de las cuestiones personales de los individuos y centrarse en los temas estratégicos del país, como la protección de los recursos naturales”. Romper con los carpetazos. Profesionalizar la tarea. “Terminar con las boludeces”, como diría nuestra fuente.
El momento inoportuno. José Ricardo Spadaro, comandante general (r) de Gendarmería, considera que “la reforma, actualización y modernización de los servicios de inteligencia es una demanda permanente. Sin embargo, que haya ocurrido en la coyuntura que vive el país es una cuestión opinable”. Un juicio que también sostuvieron las autoridades del partido radical, como Ernesto Sanz, o el líder del PRO, Mauricio Macri. Diego Gorgal, politólogo especialista en el tema, fue más allá y afirmó que es “una reacción adolescente” intentar el cambio ahora: “La Ley de Inteligencia es, junto con la Ley de Defensa Nacional y la Ley de Seguridad Interior, una de las legislaciones fundamentales de la democracia argentina. Por lo tanto, no puede ser debatida en 15 días y aprobada a libro cerrado so pena de que nazca sin legitimidad alguna y, por tanto, tenga vida corta”, enfatizó. Spadaro cree que “en ese sentido, el proyecto presidencial avanza en temas que actualmente están incluidos en agencias tan importantes como ABIN de Brasil, México, Ecuador y el de Chile, que han avanzado sobre el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico ilícito de armas y una serie de complejidades cuyo escenario es el contexto internacional con incidencia en el interior de los países. Inglaterra, Estados Unidos e Israel son precursores en todos estos temas de inteligencia”. Y continúa: “Argentina estaba en virtual orfandad, tanto porque no eran abordados en el sistema nacional con las previsiones que tiene el proyecto como porque en el sistema de seguridad interior no existe una adecuación para concebir una visión técnica multidisciplinaria completamente distinta a la de enemigo, ambiente operacional y otras condiciones circunstanciales del antiguo esquema militar. Una nación, y menos Argentina, no puede descuidar la disponibilidad de un sistema eficiente de anticipación de amenazas, en un mundo absolutamente interconectado y cambiante, donde los conflictos se desencadenan en horas y desembocan en crisis fatales”.
Cuestión de fondos. Aquí es donde empieza a dibujarse realmente el diseño de los servicios de inteligencia. La clave pasa por la profesionalización.
Para Gorgal, la financiación debe nacer “ciertamente del presupuesto general de gastos, como en todo organismo del Estado. La diferencia específica es el mecanismo de rendición de cuentas –dentro del Ejecutivo, y al Congreso–, del uso de esos recursos (en qué se gastó el dinero), y también del desempeño (que se consiguió con dicho gasto)”.
Spadaro sostiene que deben estar asignados en el presupuesto nacional: “La desagregación de los contenidos, los ítems en los que se gasta ese presupuesto, normalmente son secretos por varias cuestiones, entre ellas el hecho de que existen actividades diversas en materia de política exterior o en áreas vinculadas al crimen organizado cuyas erogaciones no pueden ser rendidas en forma abierta, tanto por la protección del mismo sistema y de los agentes como por la preservación de las relaciones internacionales. Esto sucede así en todo el mundo. Es posible transparentar esos gastos mediante una rendición reservada a los organismos de control, que deben emplear procedimientos confidenciales de verificación y actuar bajo obligaciones de secreto de Estado”.
La coyuntura también aquí tiene un rol importante, que puede perturbar la discusión necesaria al respecto: se corre un riesgo similar al de la Ley de Medios: que cuestiones que en teoría pueden funcionar bien, en la práctica se vean afectadas por quienes deben llevarlas a cabo. Nuestra fuente dice: “Hay protocolos internacionales, como ceder al Ministerio Público el tema de las escuchas. Pero en cuanto uno piensa que lo va a hacer Gils Carbó, las dudas sobre la intencionalidad de la reforma son inevitables”.
El objetivo de la autonomía. La idea de “inteligencia” es diferente, muy diferente, de la investigación criminal. Por eso, la autonomía de la inteligencia implica “ubicarla como política de Estado, más allá de lo que sugieran las contingencias políticas”.
Spadaro afirma que “sobre esto existen encontradas opiniones; sin embargo, se trata de un sistema técnico profesional conducido de acuerdo con un Plan Anual del Poder Ejecutivo que fija requerimientos de saber en los niveles superiores o intermedios. En este sistema se definen insumos de política exterior e interior para tomar decisiones. Se utilizan directivas de empleo expresadas como procedimientos operativos normales (PON) o manuales de procesos que indican claramente cómo se debe actuar en la recolección, el proceso, la difusión y el uso de la inteligencia producida y sus áreas vedadas”.
Diego Gorgal, al respecto, dice que “más allá de que es importante ejercer controles externos (del Congreso y la Justicia, según el objeto de control), el primer y más efectivo control es el interno del organismo, que se logra cuando se organiza un servicio de recolección y análisis de información con reglamentaciones, registros de asignaciones de agentes, recursos y equipos a programas y/u operaciones que luego puedan auditarse, el desarrollo de una cultura organizacional y sentido de misión, alineados con las funciones legales, que a su vez deben ser acotadas a las funciones de inteligencia, esto es: reunir información sobre amenazas, riesgos y oportunidades a los intereses de la Nación, y analizarla para que el presidente tome buenas decisiones. Esto excluye realizar pseudooperaciones policiales, o ser auxiliar de la Justicia en la investigación de delitos, por citar algunos ejemplos”.
Para nuestra fuente, también es esencial cuánto del presupuesto debe asignarse a tecnología y cuánto a recursos humanos. “La tecnología es importante –afirma–. Pero hoy por hoy, el 90% del trabajo está en saber leer los diarios y las redes. La imagen que uno tiene de un espía como una suerte de James Bond, que baja de un helicóptero, es falsa en un 99% de los casos. Los espías deberían salir más de carreras como Ciencia Política o Sociología que de las escuelas militares o la policía”.
Política. Gorgal es taxativo: “El único vínculo que un servicio de inteligencia debe tener es con su cadena orgánica de mando, que culmina en el secretario de Inteligencia”.
Spadaro piensa que “existe una regla de oro: no debe haber un solo organismo de inteligencia, mucho menos uno que subordine a otras estructuras, por el inmenso poder que significa la disponibilidad de conocimiento y los riesgos de manipulación centralizada”.
Las fuentes consultadas señalan que, durante la época K, la asignación de recursos (que fueron muy amplios) primero fue para la SIDE y luego, poco a poco, pasó más a la inteligencia militar. Lo que podría confirmar que la transformación implicaría, más que un giro hacia la profesionalización, un mayor poder a César Milani.
Armar las Fuerzas. El comandante de Gendarmería afirma que “las Fuerzas Armadas ejecutan la inteligencia estratégica militar en el más alto nivel, y es de su incumbencia evaluar el potencial nacional en función de los recursos disponibles para un caso de conflicto exterior o recuperación del territorio nacional invadido. Conocer disponibilidades de la Nación en factores como población, tecnología, infraestructura, transporte, etc., constituye un ítem de la estrategia nacional, en la que cumple un rol importante. En asuntos de la seguridad interior no tienen incumbencia ni idoneidad profesional. Así, por ejemplo, el crimen organizado actuando en el país no es un tema de agenda militar. Cuando el sistema castrense ingresa en ese campo, es porque hubo un grave defecto, primero desde la política en la construcción de una agenda de seguridad pública, y segundo en la capacitación de los organismos policiales. Se trata de un llamado de atención para estos últimos, que continúan lentificados en autorrenovarse mediante la investigación científica y tecnológica y en comprender que el crimen aparece con una lógica distinta, con una dinámica que responde a la empresa y renta criminal, que compra voluntades, asesina y aterroriza a la población. En síntesis, las FF.AA. no tienen enemigos interiores que las habiliten a intervenir”.
Diego Gorgal va aún más lejos en esta línea. Para él, las Fuerzas Armadas “tienen que desarrollar su propio sistema de reunión y análisis de información estratégica militar, de acuerdo con las hipótesis de guerra, conflicto y/o cooperación que tenga la Argentina”.
Pero sí le cabe a la inteligencia participar de temas relacionados con la política exterior: “Desde el momento en que la función de la inteligencia tiene como fin permitir que el presidente tome buenas decisiones respecto de proteger y expandir los intereses de la Nación, el rol de los organismos de inteligencia en la formulación de la política exterior es clave. Por ejemplo, en 2008 ¿alguien le advirtió a la Presidenta ese mismo día que los fondos NML Capital y Aurelius Capital Management compraban en US$ 40 millones en títulos de deuda por valor nominal de US$ 1.300 o US$ 1.700 millones?”.
Hay modelos de política de inteligencia, para Spadaro, que pueden tenerse en cuenta: “En algunos vecinos continentales, como Chile, Colombia y Brasil, todos los organismos de inteligencia están bajo controles externos al Poder Ejecutivo o concurrentes con él. En Chile, la Ley de Inteligencia 19.974/2004 crea controles internos y externos. El director responde por la correcta administración de los recursos humanos y técnicos y el uso adecuado de los fondos asignados. El control externo de la Contraloría General de la República se cumple en forma reservada, de decretos y resoluciones de la Agencia. En Colombia, inteligencia y contrainteligencia son ejecutadas por fuerzas militares, la Policía Nacional y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). Existe control parlamentario mediante una Comisión Legal Parlamentaria de Seguimiento de las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia, que verifica la eficiencia en el uso de los recursos, el respeto de las garantías constitucionales y el cumplimiento de la legalidad. Está integrada por seis congresistas permanentes miembros de las comisiones segundas constitucionales permanentes, o con conocimientos. Ante la Oficina de Control Interno, la UIAF deberá rendir un informe anual de sus actividades”.
