Desde Fray Bentos
Carlos Ernst es fiscal general de la Procuración. Estuvo durante 18 años a cargo del área de Capacitación del Ministerio Público. En diciembre último la procuradora general le informó que lo asignaban a otra función en la Corte.
Creó una Dirección de Capacitación y designó a Javier Teodoro Alvarez, un funcionario contratado como prosecretario administrativo.
Días después una funcionaria de menor rango le informó a Ernst que debería irse a su casa y esperar que lo llamaron con el nuevo destino. Eso fue para él demasiado. Le escribió una carta a Alejandra Gils Carbó: “Cumpliré a conciencia con mis nuevas responsabilidades, pero también cumplo con mi conciencia observando que el trato recibido se percibe como desaprensivo, porque en una institución republicana las facultades discrecionales ejercidas sin aviso previo, o contra los compromisos dados, deberían servir para mover muebles y no personas”, indicó.
Mientras Ernst permanece aún con parte de su equipo en las oficinas de Paraná 425, donde funcionaba el equipo que conducía, fuentes judiciales aseguran que Gils Carbó tiene otros planes para la capacitación del Ministerio Público.
Alvarez organizará dos cursos, la continuidad de la carrera de especialización en Justicia que dicta desde hace un año con la Universidad de La Matanza y la tercerización de la formación de los funcionarios en consonancia con el nuevo Código, que quedará a cargo de dos organizaciones: el Centro de Estudios de la Justicia de las Américas (CEJA) Chile y el Inecip, centro de estudios que dirige el abogado David Baigún. “Ernst no era hombre de su confianza. Le vaciaron la fiscalía”, confiesa a PERFIL un funcionario del Ministerio Público. Una demostración de cómo funciona el poder en este ámbito.
