La salida de Carlos “Coco” Mahiques del gobierno bonaerense es la primera rectificación importante de María Eugenia Vidal al plan maestro de reformas institucionales que prevé ejecutar en la Provincia. El cuidado traspaso del Ministerio de Justicia al ex asesor General de Gobierno, Gustavo Ferrari, disimula otro ajuste para entrar en sintonía con la realidad de una matriz de cambios concentradas esencialmente en el funcionamiento del Poder Judicial.
Se trata del acuerdo alcanzado con todas las líneas internas del PRO para evitar cualquier fisura que debilite el reclamo de una reactualización del Fondo del Conurbano efectuado al Poder Ejecutivo y al Congreso de la Nación: de allí saldrían los recursos para financiar un salto cualitativo en la gestión que prepare el terreno para las elecciones del 2017. Es lo que imaginan sus colaboradores.
Mayo fue el mes del ensayo general de esa puesta en escena con los actos compartidos con quienes hasta no hace mucho eran ubicados cuanto menos, en el campo de los adversarios. El intendente de Vicente López, Jorge Macri, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó y el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo.
A esa mecánica tributa la amable ceremonia de despedida a Mahiques. No fueron fortuitas las pocas horas que mediaron entre ese anuncio y el del acuerdo salarial alcanzado con los trabajadores judiciales para ponerle fin a una protesta que mantuvo paralizados los Tribunales desde marzo. Tampoco la elección del mediodía del 31 de mayo para comunicar la dimisión y atenuar el impacto en los diarios del día posterior cuando el relevo se había operado en los hechos los días previos.
Además de evitar que la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) cumpla la amenaza de declarar persona no grata a Mahiques, la activa participación de Ferrari en el cierre de la negociación salarial no sólo sinceró el nuevo equilibrio político en el Gobierno frente a los gremios.
También envió un velado mensaje a la Suprema Corte de Justicia. La prescindencia adoptada en los tres meses de conflicto sigue llamando la atención en el Ejecutivo bonaerense: el Tribunal no aplicó descuentos por los días de huelga ni intimó a los trabajadores a desistir de una medida que imprimió en ese período la prestación del Servicio de Justicia.
Intervención federal. Con ese planteo el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (Colproba) promovió una acción de amparo a mediados del mes pasado. Sin embargo, no fue ése el argumento que conmovió a la Corte sino otro incluido en la misma presentación: la advertencia de pedir la intervención federal del Poder Judicial bonaerense para restituir su funcionamiento (ver recuadro.)
Es decir, el desplazamiento por decreto de quienes la integran y su reemplazo por otros mediante el mismo trámite. La resolución 966 de la Corte exuda la conmoción por esa posibilidad, pero también la grieta abierta en su seno. El presidente, Luis Genoud, no la suscribió. Lo mismo hicieron Hilda Kogan y Daniel Soria.
Encubierta manifestación de simpatía por la ola de transformaciones que empuja Vidal, y la disposición a surfearla, para diferenciarse de Héctor Negri, Eduardo Petigiani, Eduardo De Lázzari, Juan Carlos Hitters y María del Carmen Falbo: quinteto que firmó la resolución y el apuntado para promover vacantes en la Corte según una versión firme que causa escalofrío entre esos magistrados.
Tal vez porque coincidan con otros en que los siete años promedio que demoran en dictar sentencias, el doble procesamiento en la causa AMIA del presidente del Tribunal de Casación Penal bonaerense, Federico Domínguez, y las sospechas que rodean a la Procuradora General, Falbo, por el vínculo con el fiscal general de San Isidro, Julio Novo, investigado por supuesta protección a narcotraficantes, son condiciones suficientes para una intervención.
Se suman a eso un detalle inquietante que facilitaría el impulso a una salida eludida por los involucrados. El pleno de máximas autoridades del sistema judicial excede la edad para jubilarse. Y en el caso de Falbo que la Procuración fuese allanada la semana pasada por la jueza Federal Sandra Arroyo Salgado por la causa Novo: lo que dificulta que sea profecía autocumplida la promesa de retirarse a fin de año si nadie provoca estridencias en el medio.
Lo que no amilana a “Pochi” para instar a Elisa Carrió a presentar pruebas en su contra. No es el único desafío de Lilita. Otro es sobrellevar la contrariedad por la designación de Ferrari en reemplazo de Mahiques por su vínculo con Daniel Angelici: el nuevo ministro es secretario general de la comisión directiva presidida por “El Tano” en Boca Juniors.
Niño explorador. Es un tema que amenaza complicar la relación con Julio Conte Grand, secretario Legal y Técnico, a quien se atribuye la llegada de Mahiques al gabinete de Vidal. No tanto para aprovechar como sherpa en el aparato judicial donde es un cuerpo extraño. Sino, más bien, en apelación a la teoría del niño explorador llevado con cierta inocencia a descubrir salidas a laberintos complejos. Lo que le provocó más de un traspié.
El más significativo se liga a su renuncia: la relación con la Corte que tuvo en cuenta las limitaciones a su legitimidad de origen para relativizar la gestión que efectuó para forzar alguna vacante en ese ámbito. El permiso excepcional por seis meses del Tribunal Nacional de Casación Penal para asumir como ministro.
Los esfuerzos desplegados desde marzo para extenderlo después del 10 de junio chocaron con la falta de antecedentes y la impericia política. La presidente del Cuerpo, María Laura de Révori, se declaró incompetente y dejó en manos de Ricardo Lorenzetti la resolución.
Puede que por los servicios prestados por su viejo compañero del Tribunal de Casación Penal, Fernando Mancini, ante la Suprema Corte se viese obligado a respaldar a Diego Martínez como candidato a ocupar la vacante de la sala 2 abierta por el propio Mahiques en 2014 (http://www.perfil.com/columnistas/Oscuros-dias-de-Justicia-20160507-0042.html): las tensiones entre el titular de la Corte Suprema y el presidente Mauricio Macri hacían inviable antes de iniciadas las gestiones para ganar tiempo.
Insumo que creían indispensable para el futuro conjunto que imaginaron. Ocupar dos de los cuatro cargos que, en apariencias, quedarían libres. La negociación salarial con la Asociación de Magistrados y la AJB promovida de última hora por la Corte fue un tiro de gracia: acordaron un 32,5%. Lejos de los 40 puntos exigidos y cerca de los 29 ofertados en marzo por el Gobierno.
La negativa de Conte Grand para sustituir a Mahiques se escribe en esa saga donde Ferrari encarna un castigo al secretario Legal y Técnico y deja a Mahiques convertido en el último boy scout enviado de avanzada al Poder Judicial bonaerense.
*Periodista y analista político.
