Aprender de la historia es un desafío pendiente en Argentina. El país ha enfrentado diversas crisis, muchas de ellas intensas. Ambos aspectos caracterizan al país y lo diferencian de prácticamente todo el mundo: recurrentes y profundas fluctuaciones. Se cuentan 15 crisis desde 1950 hasta la fecha, diez de las cuales se concentran en el período 1980-2020. La Argentina se recuperó de 14; entonces, ¿por qué no habría de hacerlo de esta última provocada por el nuevo coronavirus?
La diferencia entre la última crisis económica (la del coronavirus) y el resto, es que aún desconocemos su duración real, pero no hay razones para sostener que será más extensa que el resto. Se estima que el PBI caerá un 5,7% en 2020, lo que implica que no es la crisis más fuerte que enfrentó Argentina (en 2001-2002 cayó un 11%), ni la más suave (en 1995 cayó un 2,8%).
¿Qué implica esta recesión en términos de pobreza infantil? Sabemos que la pobreza infantil monetaria depende de los ingresos de las personas con quienes conviven niñas y niños, y que estos ingresos están conectados al empleo y a la protección social. Previendo que el aislamiento social preventivo y obligatorio significaría una retracción de los ingresos laborales, el Gobierno reforzó las partidas destinadas a apuntalar ingresos de los sectores más vulnerables.
Una manera de preparar lo que le espera al país pospandemia es conocer la magnitud de su impacto. Aparecen así una serie de indicadores que pueden calcularse usando la historia como un insumo para prever lo que sucederá. Si se sigue este camino se puede decir que una caída de la actividad de un 5,7% llevará la pobreza infantil del 53% de 2019 a 58,7% en 2020, lo que implica alrededor de 750 mil niñas y niños más en situación de pobreza.
Impacto. Estas niñas y niños viven en hogares cuyos padres no podrán salir de la pobreza o habrán entrado en ella por la pérdida de ingresos laborales. Son niñas y niños que merodeaban en los bordes de los umbrales de pobreza, la comúnmente denominada “población vulnerable”.
No son nuevos pobres, sino que representan la situación no resuelta de décadas de bajo desempeño de la economía argentina. Es saludable recordar que la crisis de 1989 dejó un 63% de niñas y niños pobres y la de 2001-2002, un 74%. Que nunca el país tuvo tasas de pobreza infantil menores al 30%, y del 2011 a esta parte osciló en torno a un promedio del 45%.
El 58,6% de pobreza infantil pospandemia proyectado es un número elevado pero menor al alcanzado por otras crisis. Hoy la Argentina cuenta con un sistema de protección social mucho más desarrollado que el de épocas previas. No obstante, este nivel es solo un promedio de situaciones muy disímiles.
Y, lamentablemente, las desigualdades observadas tienen fuerte sesgo de género. Los hogares encabezados por mujeres, por ejemplo, están en particular desventaja. Estas vulnerabilidades múltiples (hogar pobre, monoparental, con jefatura femenina y con escasa capacidad de generación de ingresos, por ejemplo) son un rasgo característico de la Argentina actual.
También las desigualdades se potencian cuando se miran realidades regionales dentro del país y desigualdades entre sectores dentro de cada una de las provincias y ciudades. Particularmente destacables son las condiciones de vida que enfrentan las poblaciones que residen en los barrios populares del país.
Más de 4 millones de personas, más de un millón de niñas y niños que combinan vulnerabilidades múltiples: escasez de ingresos, ausencia de conexiones de gas, cloaca, agua potable, etc. Es el rostro más despiadado de la pobreza que amenaza con potenciarse en la crisis actual. En estos entornos, los hogares con niñas y niños tienen tasas de pobreza que superan el 90%, y esto además se vincula con elevados niveles de pobreza estructural, fundamentalmente por contar con viviendas inadecuadas y situaciones de hacinamiento.
Amortiguar el efecto. Las herramientas básicas para la mitigación de la pobreza están en marcha. Las medidas adoptadas por el Gobierno van en esa dirección: amortiguar el efecto de una caída lógica y esperable del nivel de actividad económica. No obstante, es necesario pensar en ajustes de diseño y refuerzos en la protección social. En particular en el informe publicado por Unicef planteamos recomendaciones concretas, que por otra parte son factibles en términos de su costo fiscal.
Primero, es clave que se continúe implementando el bono extraordinario de 3.103 pesos a los titulares de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo para todo el período 2020. Esta medida implica, en la práctica, que el monto total de la AUH supere la línea de indigencia y permita a cada niña, niño o adolescente titular de la AUH sostener la protección de los ingresos de manera efectiva y sostenible con relación a sus necesidades alimentarias. Si la medida continúa implementándose durante la segunda mitad de 2020 (seis meses), su costo fiscal implicaría una inversión equivalente a 0,25% del PBI.
Segundo, desde 2016 se vienen aplicando prórrogas a la presentación de las libretas para la obtención de la AUH no atribuibles a que las niñas, niños y adolescentes no estén asistiendo al sistema educativo o no hayan realizado controles de salud. Se estima que estas prórrogas, en la actualidad, estarían afectando a más de 500 mil niñas, niños y adolescentes. En un contexto donde en 2020 el cumplimiento de las condicionalidades para esta asignación será muy complejo de demostrar para los 4 millones que la reciben, se recomienda disponer que la AUH pase a ser un subsistema de protección de ingresos universal y no condicionado, o donde las condicionalidades sean no punitivas, a fin de evitar riesgos a cientos de miles de niñas y niños.
Esto no implica abandonar el seguimiento de situaciones como el abandono escolar o los controles de salud, sino que debería ser una señal que informe al Estado de una situación de vulnerabilidad. Es decir, implementar de manera articulada con los gobiernos provinciales y locales acciones de monitoreo y apoyo a las familias para asegurar que niñas, niños y adolescentes estén y permanezcan en la escuela y accedan a las prestaciones de salud, pero sin penalizar la percepción de la AUH con la pérdida de un derecho.
Disparidad. Finalmente, los resultados del trabajo muestran la existencia de fuertes disparidades entre sectores sociales específicos que requieren un esfuerzo adicional para implementar políticas diferenciales que complementen las medidas universales y tengan en cuenta la situación de niñas y niños que residen en hogares que tienen una prevalencia de pobreza mayor, por lo que están en situación de riesgo y vulnerabilidad.
Nos referimos en particular a hogares con jefatura femenina, hogares monoparentales liderados por mujeres o extendidos, con un bajo clima educativo, o cuyos padres tienen una relación laboral precaria o informal. Entre estos grupos es central el refuerzo de medidas específicas para los hogares ubicados en los barrios populares de todo el país. En estos contextos, se combina la pobreza monetaria y la pobreza estructural, las dificultades para cumplir con las medidas de distanciamiento social y el acceso limitado a servicios básicos como el agua potable, el saneamiento y otros recursos energéticos. Además, estas familias se encuentran insertas de manera precaria e informal en el mercado laboral, realizan changas o emprendimientos ligados a la economía popular y están viendo recortadas o eliminadas sus posibilidades de obtención de ingresos.
*Director del Ielde, Universidad Nacional de Salta.
**Especialista en inclusión social, Unicef Argentina.
