La aprobación de la ley del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, que venía reclamándose hace cinco años, fue uno de los logros parlamentarios más importantes del año. Sin embargo, se acusa a la norma de “haber llegado tarde y que se verán los efectos de la misma recién dentro de diez años”.
Desde la ONG Ayuda a Víctimas de Violación (Avivi), una de las más importantes del país en el tema, denuncian que la ley al no tener “retroactivo”, todos los violadores que hoy están detenidos pagando una condena, no van a estar registrados allí. Esto sucede porque las leyes no pueden operar sobre una condena que fue sancionada previa a la promulgación de la ley.
Además, “en este preciso momento no cambia en nada la situación actual porque no está reglamentada”, afirma María Elena Leuzzi, presidenta de Avivi. La titular de la asociación agrega: “vamos a tener que esperar que otro violador cometa un abuso sexual, que la chica presente las muestras, que se inicie una investigación y que a futuro ese delincuente sea detenido. Luego, el caso debe ser elevado a juicio”. Un proceso que en la provincia de Buenos Aires suele demandar tres años. Después tendrá que tener su condena en primera instancia, “que es cuando el tribunal emite la condena para luego ser enviado a la Cámara de Casación, donde se decide la sentencia firme”. Un proceso que en promedio demora entre ocho y diez años.
Según el Dr. Jorge Dotto, médico especialista en patología molecular y genética, “el registro almacenará la información genética asociada a una muestra obtenida en el curso de una investigación criminal y de toda persona condenada con sentencia firme por los delitos contra la integridad sexual. El mismo tendrá por fin exclusivo facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial en materia penal”.
Las muestras estarán disponibles en todo el país a través de una red nacional de laboratorios forenses, pero sólo tendrán acceso miembros del Ministerio Público Fiscal, jueces y tribunales de todo el país en el marco de una causa en la que se investigue alguno de los delitos contra la integridad sexual. El registro no será público, ya que los datos que contendrá serán considerados “sensibles y de carácter reservado”.
Desde Avivi, recomiendan a las víctimas que “luego de un abuso, la víctima no se higienice para poder entregar las muestras que hay en su cuerpo”. En caso de que no se quiera hacer la denuncia, “hay que pensar que lo que le sucedió a ella le puede pasar a otras personas. Cuantas más pruebas y denuncias haya, más posibilidad hay de acelerar la condena”.
Cómo evitarlo. Tina Alarcón es la presidenta de la Asociación de Asistencia a Mujeres Violadas de Madrid. Hace años que trabajan con el tema de prevención de esta clase de delito. En exclusivo para PERFIL ella dice que en su país prefieren apostar por la prevención en etapas escolares en cuestiones de género. Por ejemplo, “A los niños se les reprime desde el principio los deseos de ser más acariciados y mantener contacto físico prolongado con las personas cercanas. Por el contrario, a las niñas se les permite que expresen más sus sentimientos”. Además, no existe un sólo perfil de violador, “lo más característico es que consideran a las mujeres inferiores a ellos”.
Este tema no es nuevo en el Congreso de la Nación. Es ignorado desde el 2008. El 31 de agosto de 2011 el proyecto del Banco de Datos Genéticos de Violadores tuvo media sanción en el Senado de la Nación. El 20 de noviembre de 2012 se firmó el dictamen de mayoría sin modificaciones en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. Desde ese día, se “cajoneó” en la Comisión de Familia hasta el pasado 4 de julio, cuando con 211 votos a favor y uno en contra, recibió sanción definitiva, en la Cámara de Diputados.
