La fugaz reaparición de Marambio al frente del Servicio Penitenciario Federal significó pactar con los mandos para mantener el statu quo de un aparato de poder que no ha sido modificado en 30 años de democracia. Cumplió un rol “restaurador”, frente a las modificaciones encaradas por Víctor Hortel, quien pretendió cambiar el paradigma. Entre 2007 y 2010 el funcionario no mostró voluntad de modificar la situación en las cárceles federales. Restringió las posibilidades de los internos de denunciar las violaciones a sus derechos, obstaculizó o impidió el acceso a los penales de la Procuración Penitenciaria de la Nación y a los organismos comprometidos con la defensa de los derechos humanos. Negó sistemáticamente la gravedad de las denuncias, amparando así las prácticas aberrantes. Propició la defensa corporativa de los agentes penitenciarios acusados de tortura, destinando a sus abogados para la defensa de los torturadores. Además, violentó los derechos de los estudiantes privados de libertad en los Centros Universitarios de Ezeiza y de Devoto mediante prácticas de avasallamiento y traslados compulsivos.
Pero esa forma de gestionar se agotó. Los alzamientos policiales muestran una cara de la autonomía de estas estructuras que exigen drásticos e inmediatos cambios. Son las asignaturas pendientes de la democracia. Entre las demandas de los sublevados se encontraba el pedido de impunidad para policías y penitenciarios por delitos de torturas, muertes y delitos complejos por recaudaciones ilegales.
Desde la Comisión por la Memoria hemos planteado la necesidad de estructurar una seguridad democrática que garantice derechos, delimite obligaciones y rompa con redes autoritarias vinculadas con el delito y el manejo autonómico por fuera del poder civil que debe conducirlos.
Es un enorme desafío: según se proceda, se garantizará una solidificación de la construcción democrática o estas fuerzas corporativas marcarán un rumbo desestabilizador que vulnerará la vida institucional en la Argentina.
Vale recordar que los Estados Unidos promovieron la doctrina de la seguridad nacional, y en estos tiempos la ha reemplazado por la doctrina de la seguridad ciudadana, lo que tiene que ver con una potenciación de las fuerzas policiales –a las que se acoplan las penitenciarias– que son motores de los llamados “golpes blandos”. De este modo debilitan a los gobiernos democráticos para cumplir con los designios de sus propios intereses estratégicos.
Marambio ya fue. Lo importante es que el gobierno nacional encare maduramente los cambios estructurales que los tiempos demandan, los que trascienden un nombre e incluso un equipo de gestión.
Se impone al cambio de sistema de estas fuerzas autoritarias y generadoras de delitos complejos que provocan inseguridad, consolidando una política de estado de la seguridad democrática.
*Ex fiscal general y copresidente de la Comisión Provincial por la Memoria.
