—En uno de los últimos videos de tu canal de YouTube abordaste la problemática del norte, conectando lo que viene ocurriendo en Chaco, Santiago del Estero y Jujuy. ¿Podrías detallar?
—El crimen de Cecilia Strzyzowski, las manifestaciones en Jujuy y el ataque contra Oscar Amato, productor rural a quien le quitaron sus tierras y balearon, comparten el común denominador de un sistema político-delictivo que se está extendiendo por todo el país. Un esquema en el que la fuerza del Estado toma por asalto la propiedad privada, o valida a los asaltantes, poniéndose al servicio de intereses particulares muy concretos que ya no son ni siquiera de los políticos, sino de organizaciones adyacentes. Convenimos en llamarlas “movimientos sociales” pero están adquiriendo rasgos más bien empresariales. Sus negocios no son empresas normales, que compiten para seducir a un mercado. Tampoco sindicatos, que tienen ciertos contrapesos, aunque sea precarios, y que deben rendir cuentas a los trabajadores. Se trata de estructuras opacas y nada democráticas, a las que se transfieren recursos e inmuebles expropiados, en muchos casos, a campesinos pobres.
—¿Podés dar ejemplos concretos de este entramado?
—¿De dónde salió la chanchería de Emerenciano Sena? Curioso caso de piquetero terrateniente, que agitando banderas del Che Guevara ha levantado un barrio de viviendas estatales con su propio nombre, tras disputarse a tiros los fondos de Sueños Compartidos con Sergio Schoklender. La estancia Socialistas Unidos, donde se desecharon los restos descuartizados de la pareja de su hijo, es una finca expropiada a la familia Rossi. La administración provincial, en un acto plagado de irregularidades, resolvió entregar dichas tierras a su corporación, bautizada también Movimiento Emerenciano Sena. Digo corporación porque entre el movimiento y la Fundación Saúl Acuña, manejada por su esposa, Marcela Acuña, ingresaban 839 mil pesos diarios del erario. Cobraron hasta el pasado 9 de junio, cuando fueron detenidos por el homicidio de Cecilia. Mientras tanto, otra postal orwelliana, la rama “feminista” del MES, Mujeres al Frente, sigue reclamando por su liberación pese a las evidencias en su contra. En 2021 Acuña escribió una biografía publicitaria de su marido, titulada Emerenciano, caudillo del Norte. Lleva un prólogo laudatorio firmado por Capitanich. Allí el gobernador no escatima elogios para Emerenciano. Presume de haber entablado una amistad íntima con toda la familia, de haber sido testigo de su boda. De todas formas, deja traslucir, sutilmente, que han tenido sus desencuentros. Y es cierto.
—¿Qué pudiste saber de esta relación?
—Cuando uno bucea en la hemeroteca, descubre que Capitanich llevó al clan Sena de la marginalidad a la opulencia. Lo hizo a cambio de que le sirvieran como punteros, quiso que los mismos que cortaban rutas en 2001 volcaran su “energía creativa” en resolver conflictos incómodos para la gestión. Un día los Sena, ya dotados de fondos millonarios, comenzaron a utilizar esa misma maquinaria para presionar por más. Una relación inicialmente jerárquica –Capitanich manda, Sena obedece– devino en una suerte de negociación entre pares. Bajo la mesa, una amenaza velada de volver a las rutas, pero esta vez con el respaldo del capital que les proveyeron. En otras palabras, gente como Emerenciano Sena le pone el precio a la paz social en Argentina.
—¿Y Jujuy?
—Una revuelta violenta retroalimentada por represión violenta. Los medios porteños lo presentaron como una protesta contra la prohibición de los piquetes en la vía pública, pero pecaron de reduccionismo. La polémica por la reforma constitucional de Morales no se limitaba al artículo 67. También se extendía a las modificaciones del 50 y del 36, ahora canceladas, que proyectaban más controles en la personería jurídica de comunidades indígenas y una vía de desalojo rápido para ocupas. Se pensó como un paquete completo destinado a disminuir la capacidad de daño de la Tupac Amaru y sus grupos satélite, que durante más de una década fueron los Emerenciano Sena de Jujuy. Eso sí, con diez veces más dinero, influencia y poder. Más allá del duelo entre Milagro Sala y Morales, que también tiene una ambición desmedida, el propio peronismo jujeño tomó nota de que no se puede vivir bajo el chantaje de este nuevo Leviatán, que ellos alimentaron, pero se les volvió en contra. En off, la gente del PJ local asegura que los excesos de Sala, apoyada en La Cámpora, redujeron a Fellner al rol de escribano. Los movimientos sociales le “usurparon” su gobierno y pavimentaron la derrota de 2015. Esa es la única razón que explica que, hoy, 11 de los 13 constituyentes justicialistas apoyen la iniciativa de Morales.
—¿No hay factores comunes entre los partidos?
—Sí, renunciando a los artículos 50 y 36 y aferrándose solo al 67, ambos partidos demostraron una vez más que para ellos los derechos individuales son secundarios, y que su leitmotiv es que el Estado recupere el monopolio de la violencia. Clave en una época de crisis económica profunda a nivel nacional que corona 12 años de estancamiento y comienza a cosechar una respuesta: un creciente rechazo contra la clase política en su conjunto, que se expresa en Milei, sí, pero mucho más en la abstención y el voto en blanco, que alcanzaron un lugar protagónico en todos los comicios provinciales celebrados hasta ahora.
—¿Y la cuestión del litio?
—Conviene seguir atentamente lo que acontece en Jujuy, donde la propiedad privada sigue indefensa. El mismo Morales, que buscaba seducir por Twitter a Elon Musk para invertir, hoy está consternado después de enterarse de que algunas compañías mineras pusieron en stand-by sus planes en la región. Lo acusan de estar desperdiciando las ventajas comparativas que generaron la estatización del litio en Chile y la alta conflictividad en Bolivia. Nuestros tres países suman el 80% de las reservas globales de dicho mineral, el corazón de una batalla geopolítica entre Estados Unidos y sus socios contra China, donde hay billones de dólares en juego. Pero acá, lamentablemente, nadie puede garantizar que no le ocupen lo que es suyo.
—Hablabas al comienzo del caso Amato, ninguneado por buena parte de la prensa…
—Mientras las cámaras se concentraban en Chaco y Jujuy, en Santiago del Estero el productor agrícola Oscar Amato y su único peón recibieron 22 disparos de escopeta en su campo, próximo a la localidad de Sumampa. Cuando radicaron la denuncia por homicidio en grado de tentativa, el subcomisario Wilson Isla se negó a realizar el peritaje obligatorio y ni siquiera le dio copia. Esta es la más grave de las cuarenta denuncias que hizo en los últimos cinco años. A partir de 2005 comenzó a sufrir los embates de un grupo promovido por el Mocase Vía Campesina, organización agraria que nació en los 90 con vocación de insurgencia zapatista y que no tardaría en reciclarse como “movimiento social”, bajo la supervisión de abogados urbanos que lucran a través suyo. A Oscar lo terminaron echando de su propio campo, incendiaron su casa, sus máquinas y el galpón que construyó con sus manos. En la ardua batalla por expulsar a los ocupantes ilegales, fue amedrentado, golpeado y sufrió apremios. Su mujer, sumamente estresada, se enfermó y falleció. Él tuvo que volver a Córdoba a ganarse la vida como soldador, ya anciano y bajo el umbral de pobreza. En 2020, durante la cuarentena, descubrió que no solo su caso judicial llevaba años paralizado, sino que además el municipio construyó una vivienda a los usurpadores dentro de su predio. ¡Surrealista! A mediados del mes pasado Amato, junto a su antiguo encargado, resolvió arriesgarse y volver a alambrar lo que le pertenece. Casi no sobreviven para contarlo.
—¿Qué hay detrás de todo esto?
—Una auténtica mafia confabulada con jueces provinciales y altos funcionarios del gobernador Zamora, quien por cierto jugó fuerte para la candidatura de Massa. El Mocase Vía Campesina se integró a la CTEP de Juan Grabois y consiguieron una fachada progresista para el expolio a los pequeños productores. Aquí no hay diferencias internas. El de Amato es uno más de docenas de casos similares. Apuntan contra personas mayores, contra herederos indefensos, contra familias humildes que tienen algún defecto de títulos, aunque lleven varias generaciones en ese lugar. El Mocase los acosa, agrede y amenaza hasta que abandonan las tierras. Luego logran apropiárselas en plazos irrisorios, montan “emprendimientos sociales” por un tiempo y en ocasiones terminan vendiéndolas por cientos de miles de dólares. Formidable negocio inmobiliario.
—Existen situaciones similares en la Patagonia…
—Sí, no es exclusivo del norte. Por ejemplo, en Villa Mascardi, con Lof Lafken Winkul Mapu, la agrupación autoproclamada indígena que se convirtió en un calvario para los vecinos, como Diego Frutos. Frutos sufrió el incendio de su cabaña, privación de su libertad y lesiones graves en dos oportunidades. También la comunidad mapuche Wiritray, que lleva dos siglos en la zona, y vio severamente afectada su actividad económica por las tomas violentas y los incendios provocados. Al igual que el Mocase, el Lof cuenta con el apoyo de Grabois, la tutela legal del exmontonero Roberto Perdía y la connivencia del Estado. Magdalena Odarda dejó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas tras descubrirse que su número dos transportaba víveres y okupas a la toma en camionetas oficiales. Recientemente, y después de haberlos desalojado, el gobierno nacional avaló el regreso de los ocupantes, reconociéndolos como comunidad pese a no contar con los registros requeridos por ley.
