Las estadísticas sociales ofrecen información relevante que, una vez interpretada, constituye un conocimiento valioso para los habitantes de un país. Este modo de generar saberes permite hacer comparaciones, establecer conexiones y sacar conclusiones sobre los problemas que preocupan a una sociedad. Datos como el índice de precios, pobreza, empleo y desigualdad, entre otros, constituyen medidas cruciales para evaluar la calidad de vida de una población. Sin lugar a dudas, se trata de información sensible, no sólo a nivel social, sino también en el orden político y en los múltiples conflictos sociales que generalmente atraviesan a una sociedad.
La relativa estabilidad que presentan las estadísticas públicas en la mayoría de las democracias modernas es el resultado de acuerdos político-institucionales y científico-académicos sobre los más importantes temas y los mejores métodos que permiten conocer y actuar sobre los problemas que son considerados relevantes para dichas sociedades. Esto hace que los diferentes actores democráticos acepten como válida la información así generada, de manera independiente de que los datos informados tengan diferente interpretación y hasta sirvan para fundamentar proyectos políticos en competencia. Los cambios en las metodologías devienen cuando las preocupaciones sociales –y los hechos que los fundamentan– ya no encuentran una adecuada representación a partir de los datos disponibles.
Muy lejos de esta lógica, la decisión de un gobierno de controlar las estadísticas públicas, alterando las reglas metodológicas y los consensos políticos y académicos preexistentes, no sólo constituye una ruptura con las convenciones establecidas, sino también una práctica que afecta la vida democrática. Si bien es posible que una decisión de este tipo pueda ofrecer justificativos de orden político, no puede perderse de vista que de esta manera se instituye un sistema arbitrario en la producción de saberes públicos. Esto, de manera inevitable, genera resistencias reactivas desde la sociedad civil, muchas veces no menos arbitrarias, por parte de quienes –desde el espacio comunicacional, político, económico o incluso académico– se perciben amenazados por la imposición
fraudulenta de una realidad social inverosímil. La falta de acuerdo en el campo político-institucional y académico sobre los temas y los procedimientos metodológicos más adecuados para conocer los problemas considerados importantes para una sociedad es corrosiva para la propia vida democrática, que
requiere información pública confiable, abierta y
transparente.
Derechos. En este marco, es importante recordar que el Estado tiene la obligación de garantizar el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de sus ciudadanos, y de esta forma asegurar un desarrollo social sustentable.
En este contexto, la manifestación más injusta de la exclusión social es la pobreza, la cual impone fuertes limitaciones al progreso individual y colectivo, niega la igualdad de oportunidades y evidencia el fracaso del sistema político-económico para reducir las desigualdades sociales.
La dificultad de lograr una definición unívoca de pobreza da cuenta en última instancia de que ella constituye un concepto que no puede concebirse de manera independiente al modelo de desarrollo y los logros civilizatorios alcanzados por una sociedad. Al respecto, cabe agregar que es sabido que los significados adoptados para definir un determinado problema social configuran en gran medida los criterios que orientan las políticas para su resolución. En tal sentido, no resulta inocuo –desde el punto de vista sociopolítico– el modo en que se define la pobreza ni en los que se procede a medirla. Aunque, obviamente, mucho más grave e injustificable es no definirla ni identificarla.
Entre las fuentes académicas no oficiales que ofrecen información sistemática sobre la situación social están los estudios que desde 2004 realiza el Observatorio de la Deuda Social (ODSA), a través de su propia encuesta (EDSA) y desde una perspectiva multidimensional del desarrollo social fundada en un enfoque que combina capacidades y derechos.
Desde esta perspectiva teórica, las “deudas sociales” son aquellas privaciones inaceptables que afectan
las capacidades de desarrollo humano e integración social en el marco de nuestra sociedad. Esas privaciones son “injustas” no porque las decida el investigador, sino que son violatorias del marco normativo que regula nuestra vida social en un contexto democrático. Una serie amplia de indicadores como “inseguridad alimentaria”, “necesidades básicas insatisfechas”, “empleo precario”, “malestar psicológico”, “desconfianza en las instituciones”, “haber sido víctima de un delito”, “sufrir discriminación”, entre muchos otros, buscan dar cuenta de las pobrezas, injusticias y desigualdades persistentes que atraviesan a nuestra sociedad.
Pero en un contexto macroeconómico en donde los buenos indicadores sociales comenzaron a flaquear, el Gobierno optó por un camino de alto costo social: tapar los problemas a través de un proceso de manipulación de las estadísticas no favorables. Para ello fue necesaria la intervención del Indec. Con ello buscó ocultar la inflación mediante una modificación del Indice de Precios (IPC) vigente hasta ese momento.
Tal como se sabe, entre otras graves consecuencias, la falsificación del IPC afectó la medición de las líneas de pobreza e indigencia, puesto que la canasta básica alimentaria que permite su estimación se actualizaba a través de dicho índice. Si bien todo ello generó numerosas críticas, el Gobierno respondió con una mayor intervención, persecución a los técnicos del Indec y control sobre la información. Del IPC se pasó a manipular la estimación de la pobreza y de las demás variables sociales de la Encuesta Permanente de Hogares, para luego continuar sobre el control político de las cuentas nacionales, las estadísticas poblacionales y las estadísticas económicas.
Cifras ridículas. Fue a partir del momento en que las pocas estadísticas oficiales en materia socioeconómica comenzaron a perder credibilidad, cuando el Observatorio de la Deuda Social tomó la decisión de incluir la indigencia y la pobreza por ingresos entre sus indicadores sociales. Para esto se asumió el método oficial de comparar los ingresos de los hogares con el valor de canastas de bienes y servicios esenciales. Los resultados resultan tan obvios como conocidos: la existencia de tasas
urbanas de indigencia y pobreza superiores a las ridículas cifras informadas por
el Indec. Pero la inverosimilitud entre los hechos y los datos oficiales llegó a tal magnitud que el Gobierno debió abandonar a finales de 2013 la medición oficial de la pobreza con argumentos endebles o contradictorios (inconsistencias, imposibilidades de empalme, variedad de métodos, etc.).
A pesar de esto, funcionarios y comunicadores militantes han buscado descalificar cualquier medición alternativa denunciándola de “poco rigurosa”. Lamentablemente, la ausencia o debilidad de las estadísticas oficiales así como las falacias en que incurren las críticas hacia quienes buscamos echar luz sobra las sombras enredan en una discusión sobre cifras y no nos permiten abordar lo importante: atender la existencia de un núcleo de población “sobrante” que sufre de
pobreza estructural y que requiere más y mejores políticas para lograr una integración ciudadana plena. Un desafío que parece tener consenso pero del que todavía sabemos poco, o en donde lo poco que logramos saber tiende a ser oficialmente descalificado.
Los números, las cifras, los datos estadísticos, que están en el centro de la gestión social del Estado moderno, son, sin duda, un instrumento estratégico de contabilidad social. No se trata de creer que haya una sola manera de interpretar las estadísticas sociales, pero la manipulación de la información pública no tiene justificación. De ninguna manera el programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina busca hacer política con la información que genera y difunde –al menos en el sentido que ha sido denunciado–. Su función es analizar, diagnosticar y comunicar
las privaciones sociales con el fin de hacerlas visibles y ponerlas en la agenda. El objetivo es entender estas persistentes “deudas sociales” con la esperanza de que el debate democrático y el quehacer político tomen cartas en el asunto a partir de un conocimiento racional de los problemas.
En cualquier caso no debemos perder de vista que es el Estado, a través de un organismo nacional o federal de estadísticas públicas
transparentes, el que tiene la obligación de brindar información social creíble que les permita a los ciudadanos y a los actores de la democracia tomar conocimiento y actuar en consecuencia. En ese marco, la medición de la pobreza de manera multidimensional permitirá seguramente aproximarnos a un conocimiento más objetivo y comprometido con los problemas sociales de nuestro tiempo.
*Conicet / IIGG-UBA / ODSA-UCA.
