¿Cómo vive la madre de una víctima la propuesta de Roberto Carlés como ministro de la Corte Suprema de Justicia? Al principio dudé de expresar esa respuesta desde un lugar tan particular, y luego me dije que tengo la autoridad moral para hacerlo, como otrora me expresó Diego Onorati, el fiscal de la causa de mi hijo Matías Díaz, asesinado en un robo en marzo de 2004 en San Fernando. Y tal vez, sólo tal vez, más sentido común que muchos especialistas en la materia, entre otras razones por haber tenido que llevar adelante la investigación del homicidio de mi propio hijo.
Como representante de la víctima, como a mí me gusta decir –la víctima directa es Matías–, la discusión no se debe basar en la edad de este abogado ni en los títulos que ostenta, que son muchos. Eso es reduccionista. El análisis se debe hacer sobre la escuela en la que está formado, el abolicionismo del derecho penal, y sobre a quién beneficia y perjudica dicha escuela. Claramente no beneficia a las víctimas, y por razones obvias estoy del lado de ellas. ¿Por qué no beneficia a las víctimas? Porque nos quedamos con las manos vacías, sin ningún reproche para cualquier conducta punible. No hablo de venganza, hablo de algo tan lógico como es castigar al que mata, viola, roba. ¿Acaso la vida no es el bien jurídico más importante? A la luz de los acontecimientos de los últimos años, no veo que así sea. Roberto Carlés, que entre tantos títulos también es el coordinador del anteproyecto del Código Penal, no está capacitado para ser ministro de la Corte por sus fundamentalistas ideas abolicionistas y porque ostenta un defecto que un juez del más alto tribunal de nuestro país no debe ostentar: su parcialidad. Sólo ve los derechos humanos de los que delinquen, y lo justo es ver los derechos humanos del conjunto de la sociedad. No pido venganza, como pretende decir el discurso abolicionista: pido algo tan simple como que el que mata, viola, roba, vaya preso luego de un debido proceso, como en todo Estado de derecho, y que el Estado se encargue de reinsertarlo en la sociedad mientras cumple en forma efectiva su condena. ¿Eso es una actitud vindicativa o es darle a cada uno lo que le corresponde?
Permanentemente los pro abolicionistas intentan confundirnos con el discurso, como que autoritarismo y autoridad son lo mismo. Una sociedad desarrollada que se precie de tal se debe basar en premios y castigos. Tener respeto por la autoridad, por las normas, eso es una actitud sana; de lo contrario, es un descalabro, que es lo que sucede actualmente.
Un sistema penal, para que sea justo y efectivo tanto para víctimas como para victimarios, debe adaptarse a las necesidades de la sociedad en la que debe aplicarse. Nótese que digo tanto para víctimas como para victimarios; el castigo a una conducta punible para un victimario, en otro contexto, son simplemente los límites que una mamá pone cuando está criando a sus hijos. Los límites son saludables, dicho por cualquier profesional de la salud y por cualquier persona con un mínimo de sentido común.
Soy representante de mi hijo Matías, víctima de un homicidio en ocasión de robo perpetrado por un reincidente en 2004. Estoy a favor de respetar las garantías procesales y constitucionales de todos. Cuando digo “todos” incluyo a los que asesinaron a mi hijo, y de hecho sus garantías fueron respetadas. Pero estoy en contra de un abolicionismo salvaje expresado en las figuras de Carlés y Zaffaroni, en especial cuando éste último quiere premiar a los reincidentes, como lo hizo en el fallo Arévalo en 2014 cuando votó en disidencia diciendo que la reincidencia es inconstitucional, mientras que Petracchi, Maqueda, Nolasco, Fayt y Lorenzetti dijeron que no lo era. La importancia de este fallo es que un reincidente no puede acceder a la libertad condicional; si quitan la reincidencia podrán acceder, se premia al que mata dos veces, un sinsentido. ¿Hay que premiar a los reincidentes, o el Estado debería hacer su trabajo correctamente y reinsertarlos en la sociedad cuando están detenidos y no tomar el camino más fácil, pero a la larga más perjudicial, que es nombrar operadores de Justicia abolicionistas justamente para no cumplir con esta ardua tarea? Como decía Mandela, “la democracia es una cáscara vacía si no se respetan los derechos fundamentales de las personas”; me siento identificada con esta frase.
Mi hijo Matías, como tantos otros, fue asesinado en democracia en un Estado de derecho, con la salvedad de que Matías –y digo esto con profundo dolor– fue tratado en los estrados de los tribunales como un sudaca, un ciudadano de segunda. Que los asesinos no hayan respetado el bien jurídico más importante, la vida, no me causa sorpresa, pero que el propio Estado no respete los derechos de mi hijo y pretenda imponer teorías abolicionistas sacando la reincidencia en el anteproyecto del Código Penal es un crimen de lesa humanidad, como los que el mismo gobierno dice defender y ser pionero en derechos humanos. Reitero, el Estado debe defender los derechos humanos de toda la población, no sólo de un sector; con el abolicionismo sólo se defienden los derechos de los delincuentes.
Otra argumentación concreta para estar en contra del abolicionismo y sus operadores, en este caso Carlés y Zaffaroni, es que subestiman a la víctima, y el hecho fáctico, por diversas consultas que realicé, es que el homicidio en ocasión de robo (artículo 165 del Código Penal), cuya escala punitiva actual va de diez a 25 años, en el anteproyecto se elimina y se reemplaza por una pena de entre tres y 18. Sabemos que el anteproyecto está parado por las innumerables protestas que generó, pero de impulsarse nuevamente, ¿lo próximo será abolir cualquier tipo de pena para los homicidios en ocasión de robo?
En honor a la verdad y a la justicia, no debo cargar todas las tintas contra Carlés y Zaffaroni: no son los únicos que votan cosas contrarias a las necesidades de la mayoría de las víctimas y, en definitiva, de la sociedad. En el caso del instituto de la reincidencia, Gil Lavedra, Barbagelata, Arslanian y Pinedo votaron a favor de eliminarla. Así que no es cuestión de que Carlés y Zaffaroni son propuestos por el Gobierno; si propusieran a alguno de los que nombré como miembros de la Corte, tampoco merecerían mi confianza. Todas estas bajas en las condenas tienen un fin: las cárceles están superpobladas, no reinsertan a nadie, como me dijo una jueza de Ejecución de Sentencia de San Isidro, que es donde ahora se encuentra la causa de Matías. Les bajan línea para que implementen todos los medios necesarios para que los presos abandonen la prisión, porque detrás de ellos hay otros que deben entrar y no hay penales suficientes. ¿Quiénes les bajan línea? Sólo hubo una mirada para mi pregunta inocente, que cada uno saque sus propias conclusiones.
El segundo bien jurídico más importante es la libertad. ¿Es mucho pedir que el que mata o viola delegue algunos años de su libertad para ser reinsertado y luego volver a la sociedad? ¿Esto es venganza?
Insisto, la discusión no es la edad ni los títulos; es otra: el abolicionismo obsceno que pretenden imponer y al cual ya me referí. Habría que preguntarse por qué insisten en esto, ¿sólo por convicción o por otros motivos? Este escrito no es pretencioso, no soy jurista. Es puro buen sentido de una mamá a la que le tocó transitar los pasillos de los tribunales penales durante cuatro años y que sabe por una cuestión empírica de qué se trata.
Una razón más: mi hijo Matías tenía 21 años, era muy joven para morir asesinado.
*Madre de Matías Díaz, asesinado en un robo en marzo de 2014. Miembro de Usina de Justicia.
