Por una agencia latinoamericana contra el crimen organizado

En los últimos años, en nuestro continente ha surgido lo que cabe calificar como una nueva oligarquía, de características destructivas y feroces. Está formada por grupos que disponen de multimillonarias fortunas provenientes del narcotráfico y el crimen organizado y que han iniciado un proceso de cooptación de las elites de distintos factores de poder en cada nación.

Según estima el ex diputado Fernando Iglesias, en Latinoamérica nos estamos acercando a un punto de no retorno en este “trasvasamiento dirigencial” que de manera alarmante envuelve a integrantes de sectores empresarios, políticos, policiales y judiciales. Este temido avance de la oligarquía criminal sobre la sociedad y sus instituciones amenaza con someter a la Argentina a un proceso similar al que ha asolado a Colombia en los años 80 y 90 y a México en los últimos lustros.

Actualmente, desde una suerte de “santuarios” donde las fuerzas represivas son ineficientes o las legislaciones muy laxas, se arman verdaderas cabeceras de playa y, luego, a través de las redes digitales, se manejan a voluntad organizaciones con tentáculos en cualquier ciudad del subcontinente.

Para combatir y detener a una corporación criminal global como la que está emergiendo no bastarán los esfuerzos aislados de cada uno de los países afectados. Por las mismas características del fenómeno, sólo un trabajo coordinado de alcances transnacionales podrá enfrentarlo con expectativas de éxito.

Ya en 2004, en el seno de la Unasur, propuse la creación de una agencia especial para la investigación de este tipo de ilícitos. Ocho años después, en 2012, se aprobó la propuesta y se creó el Consejo en Materia de Seguridad Ciudadana, Justicia y Coordinación de Acciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Sus objetivos centrales son:
u Coordinar las acciones de cada país para la lucha contra el crimen internacional.

u Cooperar entre los Estados en materia de información sobre las bandas que reúnen esas características.

u Promover el intercambio de experiencias y prácticas en materia judicial, policial y de inteligencia.

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien en su país logró sonoros éxitos con sus tropas de elite llamadas BOPE (Batallón de Operaciones Policiales Especiales), apoyó la iniciativa. El jefe de Estado boliviano, Evo Morales, y el ex primer mandatario colombiano, Alvaro Uribe, quienes sostienen posiciones ideológicas muy distantes, también saludaron la propuesta.

Sin embargo, y pese a que su creación fue aprobada hace casi un lustro, este ente coordinador internacional aún carece de fuentes de financiamiento y de presupuesto para funcionar.
Nos encontramos, entonces, en una grave encrucijada. Mientras las naciones enfrentan dificultades para ponerse de acuerdo y aunar sus esfuerzos, las redes formadas por las organizaciones antisociales están cada vez más integradas y hasta se reparten los “mercados” que van a inundar.

Cuando se logra desarticular algún tentáculo de esas redes, rápidamente puede ser repuesto por los cerebros que comandan estas verdaderas hidras de nuestro tiempo. Mientras el delito organizado se mueve a la velocidad de las actuales comunicaciones digitales, los tribunales y organismos vernáculos envían exhortos en papel, que viajan de escritorio en escritorio por miles de kilómetros al paso tardo de hace décadas.

Se trata de un duelo muy desigual. Un narcotraficante puede esperar años su extradición y, lo que es más grave, a menudo ésta jamás se materializa. Durante los procesos penales, las pruebas se destruyen, los cómplices se escapan y los testigos son amedrentados o atacados.

En la Argentina, particularmente, la situación actual presenta vacíos y huecos que la transforman en un país de bajo costo operativo para las redes delictivas internacionales.
Son muchas las medidas que los gobernantes de nuestra región podrían tomar ya para empezar a paliar esta situación. A modo de ejemplo, y sin que sea una lista exhaustiva, es necesario implementar acciones para:
Fortalecer y agilizar el intercambio de información entre las agencias de seguridad, de defensa y las aduanas.
Capacitar de manera conjunta a los integrantes de las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales.
 Generar acciones de inteligencia conjuntas entre varios países.
Integrar los controles de fronteras de la región, para que todos los países tengan acceso a las bases de datos sobre los delincuentes más buscados.
Robustecer los mecanismos de control locales de precursores químicos utilizados en la producción de drogas.
Aprovechar todos los instrumentos existentes para prevenir el lavado de activos.
Garantizar y facilitar que los jueces y fiscales, tanto federales como locales, tengan acceso inmediato a los registros de propiedades inmuebles, automotores y embarcaciones para buscar bienes sospechosos.

Estas y otras acciones contribuirían a un combate más eficaz del delito globalizado. Pero insisto, para ganar esta batalla es imperiosa una coordinación transnacional de los Estados, que haga operativa una verdadera agencia latinoamericana para luchar contra el crimen organizado. Cada país debería brindar a este Consejo de Seguridad latinoamericano toda la información disponible para que quede centralizada y esté al alcance de todos los Estados miembros. Luego, en cada geografía, las fuerzas locales serían las encargadas de actuar en el terreno.

Este plan de cooperación y estandarización de procedimientos tendría una efectividad con resultados letales para las organizaciones que hoy se sienten impunes. Es evidente que a las bandas globalizadas del siglo XXI no se las puede enfrentar con métodos, legislación y fuerzas de seguridad propias del siglo XIX.
Aprovechando desde el Estado las ventajas que nos proporciona hoy el fenomenal avance de la tecnología, la batalla se puede ganar en un tiempo prudencial.n

*Ex presidente de la Nación.