Cuando Karina Villalba se despertó en su celda de la Unidad 33 de Los Hornos, La Plata, su bebé Santino de 15 días se encontraba sin vida. Corrió hasta el consultorio de pediatría, pero esa mañana, el 4 de febrero pasado, estaba cerrado con candado. Luego fue a Sanidad, pero ya era tarde. Otra mujer, que por protección tiene la identidad reservada, tuvo a su bebé prematuro el pasado 21 de marzo. Cinco días más tarde, ella fue dada de alta del hospital y trasladada a la Unidad 31 de Ezeiza, a pesar de las recomendaciones de los médicos. Recién este viernes se le otorgó la prisión domiciliaria en el hospital, hasta que se regularice el estado de salud de su hijo.
Estas son dos historias que vuelven a echar luz sobre una realidad que hace años reclaman tanto las ONGs como las propias madres privadas de su libertad: condiciones dignas de salubridad, contención y asistencia psicológica para los niños de hasta 4 años que se alojan en las cárceles del país con sus mamás. Según datos del Servicio Penitenciario Federal y Bonaerense, son alrededor de 167 los menores que, como lo indica la ley, están hasta los 4 años en pabellones especiales de madres. En el país, los centros penitenciarios que cuentan con estos espacios son la Unidad 33 de La Plata, Unidad 54 de San Martín, la Unidad 31 de Ezeiza y la Unidad 23 de Salta. Aunque también hay pequeños de manera informal en otras cárceles del país.
Para los primeros años de vida de los chicos, es indispensable que no se rompa el lazo materno, tal como indican los especialistas, por eso es importante mejorar el contexto de convivencia que se brinda a los niños y sus madres.
Derechos vulnerados. A partir del caso de Karina, el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria generó el pedido de dos habeas corpus debido a las graves fallas y deterioro en la atención sanitaria que se vive en la Unidad 33, y además solicitando el arresto domiciliario o internación en hospital público de Karina.
Es que, tanto el Comité como la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, hablaron con PERFIL y aclararon que la madre de Santino estaba detenida desde 1996, pero había sido declarada inimputable debido a trastornos psiquiátricos y psicológicos. Esto quiere decir que, en vez de estar en una prisión, Karina debería haber estado en un centro de asistencia psiquiátrica.
Pero el juzgado de Ejecución N° 2 de San Martín dispuso su encierro y la envió a la Unidad 45, donde mandan a mujeres con problemas psiquiátricos. Al quedar embarazada, el Servicio Penitenciario Bonaerense la derivó al Pabellón 11 de madres de buena conducta de la Unidad 33.
“El hecho recorre varios delitos, ya que Villalba nunca debió estar presa. Correspondía que recibiera asistencia permanente dada su enfermedad. No debió sobrellevar este abandono de persona y su hijo no debió sufrir la condena a muerte impuesta por el Poder Judicial y los grises bonaerenses”, determinó Laurana Malacalza, coordinadora del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Por su parte, la doctora Alicia Romero, responsable del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, agregó: “Karina se encuentra con medida de seguridad desde el año 1996, en la actualidad tiene 36 años. La jueza que dictó su sobreseimiento y la medida de seguridad hace unos años cesó dicha medida. Derivó al juez de familia, pero el fiscal apeló y la Cámara de Apelaciones de San Martín ordenó la continuidad de la medida de seguridad, la que es mantenida pese a que se ha superado notoriamente el plazo de la pena que hubiera correspondido”.
PERFIL solicitó un pedido de visita a la Unidad 33, pero no le fue cedido. De todas maneras, tanto Alicia como Laurana estuvieron con Karina y ambas relatan que la mamá se encontraba muy mal anímicamente.
Sin guardia. A partir de la muerte de Santino, las madres y demás mujeres alojadas en la Unidad 33 hicieron pública una carta con varios puntos de reclamo: condiciones de vida dignas para sus hijos, guardias pediátricas las 24 horas y una unidad sanitaria que tenga una ambulancia en condiciones de ser utilizada, con insumos y medicamentos suficientes. “Lo expuesto resulta en un todo de acuerdo a lo normado en la Convención Internacional por los Derechos de la Niñez, leyes 26.061, 13.298, decreto reglamentario 300/05, y demás normas aplicables”, aclaran en el escrito.
Este reclamo no es nuevo. El 16 de octubre de 2010, PERFIL visitó la unidad y denunció que el 90% de las madres detenidas estaban procesadas cumpliendo una prisión preventiva y que deberían esperar su condena con prisión domiciliaria (ver recuadro). También se hablaba de la deficiencia en la atención de la salud, sobre todo en los pabellones donde hay niños. A cuatro años, la situación parece casi no haber cambiado.
Un punto positivo fue que el año pasado las madres que se encuentran detenidas con sus hijos pudieron comenzar a cobrar la Asignación Universal por Hijo (AUH). “Luego de muchas idas y vueltas, finalmente el año pasado se logró que desde el consejo asistido de la unidad se gestione la AUH y, en la actualidad, todos los niños de la Unidad 33 la perciben a través de sus familiares”, detallan desde el Comité, y afirman que, en dicha unidad, luego de denunciar en reiteradas oportunidades, se habilitó un consultorio pediátrico dentro de los módulos, y no en sanidad, a los efectos de evitar que los niños deban recorrer al aire libre los varios metros de distancia existentes entre pabellones y sanidad, sobre todo en invierno.
Pero, lamentablemente, “comprobamos la semana pasada que dicho consultorio permanece cerrado con candado porque, según lo afirmado por una de las pediatras, es un riesgo para los profesionales estar tan cerca de las detenidas, ya que, según sus dichos, han intentado agredirlos en alguna oportunidad”. Lo grave de esta situación es que, si ocurre alguna urgencia, el tiempo que se pierde recorriendo el camino entre pabellones y sanidad puede representar la diferencia entre la vida y la muerte de un niño.
Otro tema son los traslados. Los organismos de derechos humanos informan que las mujeres que comparecen ante sus Juzgados deben soportar traslados de entre 24 hasta 48 horas sin que se les suministre agua ni alimentos de ningún tipo para ellas ni para sus hijos. Son trasladadas en los mismos móviles donde se lleva a hombres privados de libertad y en distintas oportunidades han sufrido situaciones de violencia estando presentes los niños. Los móviles asignados no están preparados especialmente para el traslado de mujeres embarazadas o niños.
El resto de la foto. En el país, el 70% del total de la población carcelaria femenina de la Argentina se encuentra alojada dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Allí hay dos unidades penitenciarias con pabellones exclusivos para que sus madres estén con sus hijos: la Unidad 33 de La Plata y la 54 de San Martín. En total, hay alrededor de setenta chicos alojados en el SPB, según la Defensoría Provincial. Pero denuncian que, de manera informal, también hay niños en las cárceles de San Nicolás y Bahía Blanca. La Procuración Penitenciaria de la Nación, que se encarga de monitorear el estado de las cárceles federales, indicó a PERFIL que, dentro del ámbito federal, las unidades preparadas para recibir madres con niños son la Unidad 31 de Ezeiza, donde hay 27 menores, y la PF III de Salta, con 15 niños. Eso hace que en total sean 97 los pequeños alojados con sus mamás. Allí, la situación no es muy diferente a lo que pasa en provincia en relación con el nivel de condiciones de alojamiento para niños y atención de la salud.
Un relevamiento reciente de la Procuración Penitenciaria, por ejemplo, notificó fallas en la implementación del plan estratégico de salud integral en el SPF, sobre todo a nivel de exámenes ginecológicos, cuyos resultados, por ejemplo, en caso de hacerse, no le son notificados a las mujeres.
En el marco de las entrevistas mantenidas por la Procuración en la Unidad 31 de Ezeiza, la mayoría de las madres manifestó su preocupación: “El ambiente es muy cerrado”, “la convivencia con el Servicio es muy hostil”, “hay dos pabellones donde la calefacción no funciona bien y hay un solo baño compartido”, “la cocina es peligrosa y no es acorde para el alojamiento de niños”, “las cantidades de comida no resultan suficientes”.
En este sentido, deben recurrir al peculio para lograr cubrir las necesidades tanto de sus hijos como de las de ellas mismas. “El agua no es buena, la mayoría de nosotras no les damos porque a los chicos les da diarrea”. Tampoco se les entregan juguetes, libros ni materiales didácticos para la recreación. Asimismo, no se reciben óleo, algodón, jabón o champú, ni vestimenta, y aquellos elementos que sí son entregados son insuficientes.
Leonardo Filippini, director de políticas en derechos humanos de la Procuración Penitenciaria, plantea que “la lógica penitenciaria no está pensada para niños”. Diseñar políticas carcelarias que los respeten es una deuda pendiente.
