La discusión sobre desocupación y narcotráfico que involucró a oficialistas y opositores implica, si se diese seriamente, una evaluación respecto del impacto que han tenido las políticas de esta gestión sobre el problema de las drogas. En tal sentido, nuestro país sigue careciendo de evidencia empírica básica que, con rigor científico, permita determinar la efectividad de tal política en la reducción de aquel problema. Más aún, con los datos disponibles hay más indicios para suponer fracaso que éxito.
Hechos, datos, evidencia, prueba. Ciertamente, el Estado sigue sin recolectar, procesar ni explotar información sobre hechos relevantes al problema de las drogas que permitan usar científicamente esa información como prueba del impacto de las políticas en la materia.
En su lugar, el debate público y, peor aun, la toma de decisiones se basan en anécdotas, presunciones y/o prejuicios que llevan a opiniones o políticas basadas en falacias.
En algunos casos son inferencias causales falaces, como la realizada por el padre Vega, que al observar que una persona que se quedó sin trabajo se involucró en el narcomenudeo supone que el desempleo causa el narcotráfico.
En otros casos son deducciones falaces, como las realizadas por funcionarios, que suponen que mayor cantidad de droga decomisada o personas arrestadas ha generado escasez y menos consumo.
Así se ignora una regla básica: no toda información sobre hechos constituye un dato; no todo dato puede ser considerado una evidencia; no toda evidencia es prueba de una relación causal.
Resumido, el problema de las drogas radica en los daños sobre el usuario, su entorno y la sociedad que derivan del uso y/o abuso de sustancias psicoactivas de distinto tipo, algunas reguladas (nicotina, alcohol), otras controladas (psicofármacos) y otras prohibidas (cocaína, éxtasis).
Hacer cumplir tales regulaciones, controles y prohibiciones tiene costos de distinta índole, como gastos administrativos, judiciales y carcelarios; corrupción y violencia asociados con mercados ilegales; cargas derivadas del cumplimiento de reglamentaciones; etc., pagados tanto por el objeto de estas políticas (demandantes, oferentes) como por sus beneficiarios mediatos (sociedad).
Por eso, evaluar la efectividad de una política de drogas significa, primero, probar el impacto de la misma sobre los daños asociados con el consumo. Esto es: a resultas de ella, ¿aumentó o disminuyó el porcentaje de consumidores (prevalencia), la cantidad de droga consumida por ellos (intensidad) o el tipo de sustancia usada (nocividad)?
Tales efectos se logran actuando de manera simultánea y consistente sobre la propensión a consumir (demanda) y sobre la accesibilidad y disponibilidad (oferta), lo que nos lleva al segundo elemento necesario para evaluar la efectividad: determinar a qué costo se logra modificar la prevalencia, intensidad y/o nocividad, es decir, qué combinación de acciones sobre la oferta y la demanda logra la mayor reducción en los daños asociados con el consumo al menor costo posible. En Argentina carecemos de tal evidencia.
Expansión. En este contexto, los funcionarios reclaman éxito en la política hacia la oferta de drogas prohibidas en base a:
decomisos récord;
más personas arrestadas;
encarecimiento de la droga.
Ahora bien, ¿son estos datos representativos como para permitir ser usados como evidencia para probar que los daños asociados con el consumo se redujeron desde 2016 a la fecha?
En lo primero, el Gobierno presume que las cerca de 36 toneladas de cocaína decomisadas entre 2016 y 2018 (fuerzas federales y provinciales) es una cifra récord comparada con los tres años anteriores, lo que mostraría el “golpe al narcotráfico”.
En realidad, la comparación es capciosa pues durante 2008-2010 se secuestraron 37 toneladas de esa droga, y sabemos que ello no significó éxito alguno (Gráfico 1).
Sucede que ya desde los 80 se dejó de usar la cantidad de droga decomisada como indicador de impacto pues se encuentra positivamente correlacionada con otros factores que impiden una interpretación lineal.
Por caso, el cultivo de arbusto de coca en Colombia, Perú y Bolivia se duplicó entre 2013 y 2018, lo que supone que el doble de cocaína estaría circulando por las fronteras, calles, puertos y aviones de los países de la región, sea para abastecer los mercados domésticos como para ser exportada a Estados Unidos y Europa.
Por eso la cantidad de cocaína secuestrada por los países del hemisferio también se duplicó y pasó de 587 toneladas decomisadas en 2013 a 1.122 toneladas en 2017 (Gráfico 2).
Salvo que se presuma que la actual gestión influyó en la política de drogas de la región, pareciera que este incremento común a todos se debe a una expansión de la oferta.
Esto es consistente con datos del Observatorio de la Deuda Social/UCA sobre el mercado doméstico. Mientras que en 2010 el 30% de los hogares urbanos del país sabía dónde se vendía droga en el barrio, en 2017 fue 44%.
Esta tendencia también es consistente con los datos sobre demanda de drogas. Según la Sedronar, en 2004 el 0,3% de la población de 12-65 años manifestó haber consumido cocaína en el último año, en 2010 fue el 0,8% y en 2017 el 1,5% (Gráfico 3), colocando a la Argentina en una de las tasas de prevalencia de cocaína más altas de Sudamérica (Gráfico 4).
Pareciera, entonces, que si hay más producción y circulación de cocaína, y hay más personas dispuestas a comprar esa sustancia, suena lógico que las policías se topen con más cantidad de dicha droga: en un procedimiento en el que en 2004 se encontraban 10 kilos, ahora se encuentran 50. O de cada diez controles vehiculares en la ruta 34, antes se encontraba un vehículo con droga y ahora cinco. Eso no significa que se quintuplicaron los procedimientos o se incrementó la efectividad de la política sino una expansión del mercado.
El mismo razonamiento aplica a los 85 mil arrestados por infracción a la ley de drogas. Más allá de que esa información referiría a personas aprehendidas por las policías, y no a procesados ni condenados por narcotráfico, sería lógico que las policías también se toparan con cada vez más personas metidas en tal negocio.
Debido a que la logística es mano de obra intensiva, la ratio dealer-consumidores no es muy flexible, es decir, un aumento en la cantidad de consumidores exige un incremento en los empleados para distribuir, acopiar y vender droga.
Finalmente, el Gobierno reclama haber encarecido la droga por el aumento del decomiso. Si bien se inició un programa de recolección de información sobre precio/pureza de la cocaína vendida en Argentina, el déficit metodológico y las características propias de los mercados ilegales de drogas (dispersión de precios, costos no monetarios) sugieren no considerar la información recolectada hasta el momento como datos representativos que permitan hacer tal inferencia causal.
Además, de acuerdo a la experiencia internacional, el encarecimiento no es producto del decomiso sino de un aumento sostenido en el riesgo de sanción sobre capitalistas y organizadores, pues el componente principal en la estructura de costo de la droga prohibida es la compensación por riesgo de aquellos roles con menor capacidad de reemplazo. La información disponible sobre arrestados, procesados y condenados no permite afirmar que el Gobierno haya aumentado tal riesgo.
Por otra parte, si tal encarecimiento fuese cierto, su efecto se encuentra condicionado al comportamiento de la curva de demanda. Sucede que si, por acciones sobre la oferta, se achicase la cantidad de oferentes pero sin reducir simultáneamente la cantidad de consumidores, involuntariamente se estaría premiando a las narcoorganizaciones exitosas. Estas, al tener menores competidores, cargan precio mayor y obtienen así más ganancia, lo que redunda en mayor capacidad de corrupción, poder de fuego y diversificación criminal. Así, objetivos loables pueden devenir en efectos perniciosos.
¿Y entonces qué? La Argentina vive una epidemia de consumo de drogas que genera daños crecientes y oportunidades de expansión de redes de tráfico. En tanto no se invierta en la producción de datos que puedan aportar adecuadamente al debate y la toma de decisiones orientada a influir simultánea y consistentemente en la oferta y demanda, las políticas de drogas seguirán basculando entre discursos que cambian los acentos sin modificar las acciones ni la realidad. El problema de las drogas es demasiado serio como para no ser serios.
*Politólogo. Especialista en seguridad.
