¿Cómo se gobierna? ¿Cuál es el mejor modo de tomar decisiones? ¿Existe algo parecido a la “voluntad general” de la que hablaba J.J. Rou-sseau cuando pensaba los fundamentos de la democracia? ¿O al “bien común” al que se refería Santo Tomás de Aquino cuando reflexionaba sobre los fines que debían perseguir gobernantes y gobernados? Auguste Comte y sus seguidores positivistas prefirieron el concepto de “verdad”, que la definían como una, indiscutible y motor del progreso. Con diferentes trayectorias y construyendo mundos distintos, los teóricos políticos pensaron en variados conceptos para tratar de responder qué es aquello que debe ser representado políticamente. La pregunta fue siempre la misma, y nadie la formuló mejor que David Hume: ¿cuál es la razón por la que un número tan grande de personas se deja gobernar por unos pocos?
La “voluntad general”, el “bien común” o la “verdad” fueron formas de dar respuesta a este interrogante. Los muchos se dejan gobernar por los pocos porque estos pocos entienden, interpretan, construyen o, en ocasiones, incluso, encarnan lo que es mejor para todos. Ahora bien, ¿cómo hacen estas pocas personas, los gobernantes, para tomar las mejores decisiones?
Sáenz Peña. Desde la ley Sáenz Peña en adelante, en la Argentina se consagró la idea de ciudadanos autónomos y racionales que, mediante el uso de la razón, debían elegir a los representantes más capaces. Las campañas electorales cumplían un rol en este sentido: era el momento en el que cada candidato hacía propaganda transmitiendo sus ideas sobre los diversos temas. Luego cada ciudadano votaba utilizando su mejor criterio, que siempre se buscaba que se basara en una decisión racional. Una vez elegidos los diputados y senadores, éstos debían recurrir al intercambio de ideas con sus pares para definir las mejores leyes. Los argumentos de unos confrontados a los de los otros eran la forma de alcanzar la supuesta “verdad”. Al exponer lo que uno pensaba y meditar sobre lo que el otro le estaba señalando es que se iba definiendo lo que se debía hacer, de forma conjunta.
Esta forma política encierra tres supuestos: en principio, que existe una verdad. En segundo lugar, que ésta puede ser alcanzada por medio de la razón. Tercero, que el mecanismo de aprehenderla es a través de la discusión de ideas.
Al leer los diarios de sesiones del Congreso de aquellos años queda claro que esto era principalmente una puesta en escena o, en el mejor de los casos, una apuesta. Cada uno llegaba al recinto con una opinión y lo usual era que la mantuviera durante todo el debate. Y que ganara el punto de vista que tuviera un apoyo cuantitativo más grande. El imperio del número siempre fue la forma de decidir, pero lo que se creía necesario, al mismo tiempo, era mostrar a los contemporáneos, y para la historia, que se estaba conversando y construyendo entre todos la mejor legislación.
Siglo XX. Este modo de concebir la política y de aprehender la voluntad general entró en crisis en la Argentina y también en gran parte del mundo occidental durante el siglo XX. Los Congresos comenzaron a ser cuestionados. Se consideró que eran ineficientes, costosos, corruptos e irresponsables. Que no tenían saberes específicos. Y que, muchas veces, elaboraban leyes sin tener sobre sus espaldas la difícil tarea de administrar el poder, reservada para el Poder Ejecutivo.
Fue en aquel momento que, tanto desde la teoría como de la práctica, se empezó a pensar que la virtud residía en una persona que tuviera algún don particular para resolver las cuestiones. Esta figura podía ser la de un conductor o la de un técnico. De hecho, encontramos ambas en la política nacional del siglo XX. Los conductores eran aquellas personas con capacidades especiales que los convertían en los únicos capaces de interpretar, o incluso encarnar, la voluntad general. Los técnicos, por su parte, tenían un conocimiento específico, un skill particular, ligado a pretensión de neutralidad valorativa y objetividad cuasicientífica.
Ni en los gobiernos de conductores ni en los de técnicos el debate tiene valor. Este pierde sentido como forma de decidir. De hecho, la existencia misma de opiniones diversas pierde razón de ser. Tanto el conductor como el técnico saben lo que deben hacer, no porque hayan alcanzado esta verdad utilizando la razón, sino porque interpretan a las masas o poseen un saber particular para administrar la política y a la sociedad.
Por más que podemos fechar los momentos en los que cada una de estas tres formas de concebir la representación –el debate, el conductor o el técnico– se mostraron de forma más pura, en general en el devenir de la política cotidiana conviven alternándose. Sin embargo, en el momento actual, las ideas y el debate no están en el pico de popularidad. Por eso la sorpresa de muchos por la existencia de un debate tan amplio y abierto alrededor de la cuestión de la despenalización del aborto.
Antes de que el proyecto fuera tratado por la Cámara de Diputados, hubo en el Congreso 118 horas de exposiciones en las que participaron profesionales, formadores de opinión, científicos, ex funcionarios, expertos y representantes de las más diversas instituciones de la sociedad civil. La presentación de argumentos a favor y en contra fueron seguidos por más de un millón de personas en los canales de comunicación del Congreso. Los diarios cubrieron estas jornadas y difundieron las principales intervenciones. Los medios se convirtieron en cajas de resonancia y también lo hizo la calle.
Se mostró claramente que la regulación del aborto es un tema que preocupa y divide a la sociedad. Sobre el que una gran cantidad de gente tuvo ganas de decir lo que piensa. Y, en muchos casos, escuchar las opiniones de los otros. Para muchos, se recuperó una tradición política que se creía olvidada.
La importancia de las formas
Las virtudes del debate sobre la despenalización del aborto se vieron empañadas, en algunas ocasiones, por la existencia de descalificaciones y una notable falta de empatía de algunos de los que sostenían una posición con quienes prefirieron la contraria. La sesión en la Cámara de Diputados transcurrió en un clima en el que, salvo excepciones puntuales, primó el respeto por las diversas posiciones.
Sin embargo, en algunas de las exposiciones que se hicieron en el Congreso antes de que el aproyecto llegara el recinto, en numerosas intervenciones en los medios y en manifestaciones en la calle se escucharon posturas intolerantes con quienes piensan diferente. En los peores casos, se cruzaron acusaciones sobre asesinato: de matar una de las dos vidas a quienes apoyan la despenalización, y de matar a las mujeres que mueren por abortar en condiciones inseguras a quienes se oponen a la ley.
Resulta particularmente llamativo que luego de la aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados muchos hayan sido los que salieron a celebrar el clima de respeto y tolerancia que reinó. Si uno se detiene en esta caracterización, rápidamente va a notar que ésta es una apreciación más difundida entre aquellos que apoyan la despenalización que quienes están en contra. Tal vez muchos, emocionados por los resultados, necesitan vestir de virtud todo el proceso. Pero lo cierto es que, si bien podemos celebrar fuertemente la existencia del debate e, incluso, quienes apoyamos el proyecto podemos estar contentos por una media sanción que pareciera que va a terminar en ley, sería bueno que prestemos más atención a las formas y los modos en los que tratamos a quienes piensan diferente.
*Historiadora. Miembro del Club Político Argentino.
