Un fin de ciclo con más soja, pero de menor rentabilidad

La ruralidad argentina se enfrenta a la necesidad de instalar nuevos modelos, nuevas perspectivas y desafíos. No se puede pensar el campo como un todo homogéneo: existen grandes diferencias regionales, que exigen políticas activas y diferenciadas. Argentina, que supo ser el granero del mundo, tiene que reevaluar las políticas públicas para poder sacar el máximo provecho de sus potencialidades.
El sector agropecuario es el principal generador de divisas y por ese motivo está atado a los vaivenes internacionales. En medio de este contexto, los más perjudicados son los pequeños y medianos productores que no pueden afrontar la presión impositiva y deben reubicarse en las grandes urbes.
¿Cuál es el campo que hereda el próximo gobierno? “El sector agropecuario se encuentra con un ánimo bajo, con economías regionales en quiebra, con una falta de diálogo con las autoridades y fundamentalmente con incertidumbres.
La única actividad que permanece a flote, si se hace en campo propio y en una zona núcleo, es la soja. Pasamos del tercer lugar al décimo tercero de las exportaciones agropecuarias y la ganadería no termina de despegar. El nuevo gobierno hereda un campo dinámico, pero estancado”, dice el diputado nacional formoseño Ricardo Buryaile quien presidió la Comisión de Agricultura de la Cámara baja entre febrero de 2010 y marzo de 2011. Otro problema que recibe el próximo gobierno es la situación internacional, que tiene que ver con los precios de las commodities y la situación de los principales socios comerciales como Brasil y China. “El dólar de la soja es $ 5,90; pero los insumos se compran con un dólar de $ 15 o más”, dice el presidente de SRA Luis Etchevehere. El dirigente agropecuario Eduardo Buzzi dice en relación a este tema que el dólar  ha quedado en el paleolítico respecto de la inflación. Agrega: “No hay más competitividad. El productor de soja era la vedette de la producción  agropecuaria y ya no es rentable. Menos va a ser rentable producir azúcar o productos de economías regionales. Es absurdo que entren manzanas de Chile al mercado interno. El problema del campo argentino es la política doméstica. Existen mecanismos complejos y corruptos de exportación”.
“El próximo gobierno debería agregar más valor a los productos agropecuarios, avanzar hacia una mayor industrialización y trabajar sobre algunos costos que se pueden mejorar, como los de infraestructura o transporte”, dice Guillermo Neiman, sociólogo rural, investigador del Conicet, y profesor de la Universidad de Buenos Aires y Flacso. Por su parte, Omar Príncipe, presidente de la FAA insiste en la necesidad de cambiar la matriz agropecuaria. Sugiere que un nuevo modelo puede tener beneficios sociales en el Interior del país y puede cambiar la concentración poblacional.
El senador oficialista Daniel Pérsico sostiene que el gobierno que viene va a tener que hacer un análisis más profundo y darle apoyo al sector para que crezca. “Es importante que el Estado este presente y brinde apoyo tecnológico”, dice. Buzzi propone que hay que crear un consejo económico con empresarios y trabajadores, hacer una política de shock que permita reubicar a la economía en condiciones productivas y adecuar los salarios a ese escenario para que no haya situaciones traumáticas para los asalariados.  
Si bien los dirigentes rurales no mencionan conquistas vinculadas al agro durante el gobierno kirchnerista, Pérsico enumera el blanqueo de los peones rurales y la ley de agricultura familiar, proyectos que promueven el desarrollo humano integral de pequeños productores, comunidades campesinas e indígenas. “En los últimos años se viene haciendo una legislación importante: la ley de extranjerización de tierras, ley de bosques, ley de trabajo rural, entre otras. Se plantean cambios en la estructura institucional, un panorama muy interesante para el país. El próximo gobierno debería profundizar la aplicación efectiva de la legislación. Nos falta una ley de tierras que regule un poco más el sistema de arrendamientos”, explica Neiman.
El punto de partida para dar comienzo al enfrentamiento entre el campo y el Gobierno fue la resolución 125, en el 2008. La medida instalaba las retenciones móviles para las exportaciones de soja, maíz, trigo y girasol. “El conflicto político hizo que perdamos la oportunidad de aprovechar los buenos precios internacionales que tuvimos en el período 2008-2013”, dice el dirigente agropecuario Eduardo Buzzi en referencia al momento en que los precios de la soja giraban en torno a US$ 520 la tonelada.
Desde una óptica, las retenciones son vistas como impuestos distributivos y desde la otra como una asfixia al productor rural.
Los candidatos de la oposición sugieren la posibilidad de reducirlas o eliminarlas. Sergio Massa propone disminuir gradualmente el costo impositivo del campo y capturar recursos del juego, de la renta financiera y sectores que hasta ahora  no han aportado. “Es lastimoso que haya líderes políticos que solamente nos vean como una caja”, dice Etchevehere. “Mauricio Macri lo primero que va a hacer es sacar las retenciones a las economías regionales. Si la Argentina hubiese crecido como crecieron Uruguay, Paraguay y Brasil, hubieran ingresado más de 130 mil millones de dólares. La diferencia con estos países es que ellos no tienen retenciones”, dice el senador del PRO Alfredo de Angeli.
Los subsidios no alcanzan para compensar los efectos negativos que el contexto internacional y la presión fiscal ejerce sobre el pequeño productor. Pablo Castel es productor frutícola en Río Negro y cuenta: “Un productor de manzanas de Río Negro debe pagar $ 13 por cajón para trasladar la fruta hasta la Capital Federal. Además, le sale $ 65 el armado del cajón. Los puesteros están liquidando entre $ 70 y $ 75. Por lo tanto, nosotros ponemos dinero para que lleguen al Mercado Central. Tenemos un problema de financiamiento para llegar a la próxima cosecha y para colocar la fruta en los mercados. Se tiraron 300 millones de kilos de fruta de excelente calidad que se exportaba”.