Un hecho de violencia, la agresión y la posterior condena de cárcel a un padre que agredió a la maestra de su hija, puso el tema en la discusión pública: Daniel Gustavo Garay fue condenado a ocho años y seis meses de prisión por haber intentado matar a golpes de puño y patadas en la cabeza a la vicedirectora del colegio al que concurría su hija. Más allá de las particularidades del caso, que parecen hablarnos de una situación más de violencia en general que de una cuestión específica de las escuelas, el debate público sobre el rol de la institución escolar –y la situación de los maestros en ese contexto de pobreza y violencia– ya está en marcha.
Tanto, que desde las autoridades de la Provincia se tomó cartas en el asunto: el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Finocchiaro, envió a la Legislatura un proyecto de ley que busca aumentar el castigo para todo aquel que agreda física o verbalmente a miembros de la comunidad educativa. El escrito, que impulsa la modificación del Código de Faltas, ya ingresó al Senado y tiene el apoyo de distintos sectores. Las penas son de hasta treinta días de arresto y multas económicas que llegan a los 30 mil pesos.
Resulta inevitable preguntar y preguntarme cómo llegamos a necesitar un proyecto de ley que proteja docentes de la agresión de los padres. Cuánto dejamos perdido en el camino de la historia de la educación argentina. Qué nos pasó con el valor que le damos a la educación, que, cabe destacar, no es sólo impartida en la escuela.
Hay un contexto que invita a la reflexión: preguntarse si hay un nexo en el que la situación social presiona al surgimiento de la violencia y la necesidad de soluciones. El psicólogo Ignacio Salgado, que ejerce en el partido de Alte. Brown, comenta: “Cuando voy a las escuelas periféricas del partido, los docentes e incluso las directoras hacen catarsis, con necesidad de decirme, de contarme. Tienen realmente miedo porque se sienten amenazadas. Temen por ellas mismas o porque tienen los autos estacionados por ahí. Se ven obligadas a firmar la asistencia de los chicos al colegio, aun cuando ni siquiera van porque los padres las presionan con el tema del cobro de las asignaciones familiares. Realmente la situación es terrible porque por más que no lo quieran y saber que está mal, tienen miedo”. Firmar el presentismo, para no perder los planes sociales. Una presión que trasciende el hecho educativo. ya hace tiempo el miedo tomó lugar en la escuela para instalarse como parte de ese vínculo “sagrado” que era el que amparaba el sano crecimiento de niños y jóvenes.
Pobreza medida y desmedida. Si bien las formas de agresión pueden ser más explícitas en medios socioculturales y económicos donde la pobreza también se manifiesta en falta de educación, la agresión en sus diversas formas, incluida la psicológica, abunda sin excepción, incluso en gestiones educativas privadas. Así lo corrobora Sebastián Waisgrais, de economista jefe de Unicef: “Nuestra medición sobre violencia en la niñez es del año 2012 –dice–. Llamativamente los casos se presentan en los diferentes grupos socioeconómicos. Es decir, no incide la pobreza. Asociarlo a la pobreza no es tan lineal”.
Existe claramente diferencia entre el valor que le otorgan los padres a la escuela hoy con respecto a ayer, pero no sólo los padres, sino los chicos perdieron el interés en ir a la escuela. Y tiene que ver con que la escuela fue presionada con demandas que no le son propias, y que tomaron mayor importancia que el rendimiento escolar. Y lo que pudo ser un importante incentivo no logró éxito en cuanto al interés por la escuela. Hoy el 50% de los adolescentes no terminan el secundario, ya que incluso se pone en duda que resulte el piso mínimo indispensable, como lo era antes. Hay que ir al fondo del problema generando corresponsabilidad y trabajar para una educación sin presión como derecho.
El ministro Finocchiaro sostiene que “la medida del proyecto de ley es sólo un primer paso. No soluciona pero sí nos brinda la posibilidad de que tengan consecuencias aquellas agresiones que no son consideradas delito. Por ejemplo, que un padres golpee la puerta de un aula e insulte al docente. Por supuesto que me causó dolor tener que hacerlo. Pero el respeto al guardapolvo blanco de ayer no es el mismo contexto de hoy. Mi madre es maestra normal nacional y siempre dice que tan sólo su guardapolvo blanco le permitía caminar las islas donde ejercía, hasta la protegía de algún piropo subido de tono. El contexto actualrequiere esta medida, la cual marca límites”.
La escuela, ese lugar del saber y de la socialización infantil y juvenil, es también la pantalla proyectiva de los conflictos sociales. Hace ya tiempo que se viene calando en el corazón mismo de la educación cuando vemos padres en connivencia con hijos adolescentes contra la escuela, cuando vemos docentes que se esconden o no pueden practicar autoridad por falta de herramientas pero también por comodidad. Es un profundo dolor admitirlo pero si tomamos el dolor y lo convertimos definitivamente en aprendizaje, podremos volver a construir. Finocchiaro lo expresa: “Son demandas sociales, no escolares. La escuela no es comedor, ni consultorio psicológico, ni un lugar para defender a nadie. La escuela sólo ayuda a detectar problemáticas”. La escuela debe tener herramientas no sólo políticas, sino desde un ejercicio profesional, con la sabiduría y la idoneidad que otorga autoridad. El desafío a asumir para favorecer el vínculo y facilitar el aprendizaje es la práctica de autenticidad, la empatía y la aceptación de diferencias.
“Escuelas del siglo XIX, maestros del XX, niños del XXI”
Para el director general de Cultura y Educación de la Provincia, Alejandro Finocchiaro, “es sólo el primer paso del gran desafío que tenemos por delante, construir una nueva cultura de la educación. Una escuela con lazos con la comunidad y los docentes, que favorezca vínculos entre docentes y directivos, todos juntos. Los otros pasos serían: mejorar el espacio de las escuelas, la formación, autoevaluación y evaluación de los docentes. La motivación al buen docente. Hoy seguimos con un docente emisor y un alumno receptor de conocimientos. Es necesario el cambio del entorno áulico. Un contexto que inserte al alumno pero que también estimule al docente. Tenemos en convivencia una escuela del siglo XIX, docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI. El sentido de la ley es brindar amparo. Pero es sólo un comienzo. Pero la ley es una idea más universal.
Los padres, por su parte, tan ocupados frecuentemente en cubrir las necesidades de sus hijos (no me refiero a las básicas por supuesto), necesitan reflexionar y volver a creer en “aquellas fuentes”, las que provocaban respeto, alegría y bienestar de los hijos amparados en la ley del hogar.
*Escritora y docente, autora del libro Una misión posible.
