Las investigaciones sociales confirman, ante el colapso que generó el fin de la convertibilidad, que el período kirchnerista (2003-2014) introdujo en la Argentina un proceso genuino en términos de crecimiento, demanda de empleo, remuneraciones laborales, distribución del ingreso y movilidad social, entre otros indicadores sociales.
Sin embargo, las investigaciones también muestran que este balance no es tan positivo cuando se compara el estado de situación actual con el inicio de la década de los 90, es decir, con respecto al momento inmediatamente posterior a la crisis hiperinflacionaria (1989-1990), en el arranque de las reformas neoliberales.
Incluso, si de comparaciones se trata, la era kirchnerista no siempre sale bien parada en materia socioeconómica cuando la comparación se hace con los mejores años del régimen de convertibilidad.
Diferentes trabajos de investigación ilustran estos hechos y me liberan de sumar evidencias, como Hora de balance, de Javier Lindenboim y Agustín Salvia, o ¿Década ganada? Evaluando el legado del kirchnerismo, de Carlos Gervasoni y Enrique Peruzzotti.
Las marcas. Pero, más allá de comparar resultados, algo a lo que no siempre se presta suficiente atención son las marcas y balances estructurales que dejan los procesos históricos. En ese sentido, no son pocos los que caracterizan el modelo político-económico de la última década como un proyecto radicalmente opuesto al neoliberalismo, promotor de un giro copernicano en las dinámicas económicas, las políticas públicas y sus impactos sociales.
Los argumentos se apoyan en el renovado protagonismo del Estado en la regulación económica, la estatización de las AFJP o YPF, la recuperación del mercado interno, las políticas laborales activas, la puesta en vigencia de importantes derechos sociales, la fuerte inversión en infraestructura social, la movilidad de las clases medias, la extensión de los programas sociales, la reducción del desempleo y la caída de la pobreza, entre otras realizaciones, respecto de las cuales se apuesta a su continuidad política por sobre cualquier cambio de rumbo.
Nada de esto es mentira, pero tampoco es toda la verdad. El problema es que con verdades parciales, útiles para la construcción de apologías incondicionales, perdemos de vista diagnósticos realistas capaces de iluminar problemas, así como nuevos y mejores senderos para su superación. Las islas de fantasía nunca son buenas para promover debates ni acuerdos ciudadanos que fortalezcan la democracia y permitan proyectar políticas de Estado de largo plazo.
Ahora bien, más allá de la confusión ciudadana que procura montar el relato oficial acerca del país real que supimos construir, la investigación social sigue siendo prolífera en recoger señales claras e inequívocas sobre aquello que efectivamente mejoró y lo que todavía falta en material de desarrollo socioeconómico.
En este marco, el balance histórico requiere interrogarse sobre las causas estructurales que imponen límites a cualquier programa de reactivación y crecimiento.
Caída y recuperación. Con el fin de la convertibilidad, hace más de una década, un ciclo expansivo concluyó en un nuevo estrepitoso fracaso económico. Aunque con mayor virulencia que otras veces, la crisis de 2001-2002 profundizó la deuda social generando una mayor destrucción de activos y una nueva generación de pobres. Esa misma situación hizo posible un proceso de rápida recuperación económica fundado en condiciones internacionales favorables, salarios bajos y políticas internas activas en materia económica, social y laboral.
La recomposición del Estado y el nivel de actividad permitieron recuperar el mercado interno y la demanda de trabajo, y mejorar las condiciones de vida de gran parte de la población, justamente, a través del empleo.
Pero hacia 2007-2008 la inversión, el crecimiento y la demanda laboral fueron perdiendo dinamismo. A ello se sumaron los efectos negativos de la crisis internacional de 2009, junto con un aumento de la inflación generada por la caída de la oferta y el elevado gasto público, en buena parte dirigido éste último a inversiones en infraestructura sociales pero también a sostener un sistema complejo de subsidios a empresas, clases medias, programas sociales. Ese gasto buscaba reactivar la demanda interna y propiciar con éxito un clima febril de consumo interno ante un nuevo contexto electoral. Al mismo tiempo, se perdía competitividad internacional y se deterioraba el superávit fiscal.
En ese marco, la reactivación 2010-2011 significó el clímax de un modelo económico agotado y ya sin perspectiva de futuro. A partir de ahí, una vez más y en función de sostener el clima de fiesta, se hizo imprescindible consumir stocks dilapidando activos financieros, productivos, energéticos, ambientales y sociales.
Con el fin de ciclo 2012-2015, la historia parece repetirse. Luego de un importante período de crecimiento post-convertibilidad, la economía lucha con la recesión, sumida en fuertes restricciones de divisas, alto déficit fiscal, corridas contra el peso, presiones inflacionarias, deterioro salarial, aumento de la informalidad laboral, incremento de la pobreza, etc. Por ahora, nada explosivo ni catastrófico pero un proceso real que obliga a proyectar un cambio de política.
En el actual escenario electoral, estos problemas parecen tener solución en tanto mejore el clima de negocios, vengan inversiones, se retome el crecimiento, se movilice la obra pública, se ajusten los desequilibrios macroeconómicos, se controle la inflación y cambien los precios relativos. Esto permitiría reactivar el empleo, ampliar la inversión social, bajar la pobreza y converger en el desarrollo.
La historia muestra que este modo de pensar es equivocado para resolver los problemas sociales estructurales que subyacen a estos tradicionales ciclos; la sucesión de reactivaciones y posteriores crisis no ha hecho más que profundizar el histórico fracaso argentino.
Según la información que releva de manera sistemática el Observatorio de la Deuda Social Argentina, el 47% de los hogares urbanos del país –el 52% de la población– se encuentran afectados por al menos una de las formas que adopta la pobreza estructural: inseguridad alimentaria (16%), tenencia irregular o vivienda precaria (21%), falta de acceso a la red de agua corriente y servicios sanitarios (17%), padecimiento de enfermedades crónicas sin cobertura médica (18%), exclusión de la seguridad social (25%) o exclusión educativa (26%).
Si a esto se suma la pobreza generada por la insuficiencia de ingresos, que afecta a entre el 20% y el 30% de la población (según la fuente de datos que se utilice), el cuadro social resultante, aunque mejor que hace una década, no deja de ser crítico: al menos un cuarto de la sociedad argentina está postrada por un estado de marginalidad estructural (24,7% de la población experimenta alguna carencia social básica y al mismo tiempo carece de ingresos mínimos para un adecuado funcionamiento social).
Sin sentido. Pero si bien estas cifras son objeto de una urticante discusión político-ideológica, las posibles diferentes evaluaciones que ofrece la realidad, dependiendo de la fuente de datos utilizada o del período que usemos de comparación, pierden sentido cuando nos preguntamos sobre las causas que explican estos déficits y el análisis se vuelca sobre las fallas más estructurales que presentan el sistema productivo, el mercado de trabajo y la estructura social.
A más de una década del inicio del régimen kirchnerista, el sistema económico argentino sigue mostrando buena parte de los problemas estructurales que supo acumular en décadas anteriores. A saber:
- Concentración económica e inserción internacional a partir de una fuerte especialización productiva basada en recursos primarios;
- Profundas heterogeneidades en materia de productividad entre empresas, sectores y regiones con efectos directos sobre los mercados de trabajo, y la calidad de empleos y remuneraciones;
- Fuerte concentración económica de capitales físicos, financieros, recursos ambientales y de la riqueza, con creciente extranjerización de las empresas líderes;
- Grandes limitaciones para la producción y difusión microeconómica de los progresos científico-tecnológicos;
- Patrones de consumo desiguales y socialmente segmentados; y
- Desequilibrios fiscales y comerciales, junto a una estructura tributaria regresiva.
Estas condiciones explican las grietas sociales persistentes a pesar del crecimiento económico:
- Más del 47% del empleo asalariado y no asalariado no está afiliado a la seguridad social;
- Las remuneraciones medias en el sector microempresario, que concentran más del 40% del empleo, representan menos de la mitad de los ingresos del sector privado formal;
- El 25% de la fuerza de trabajo está desocupada o realiza trabajos de indigencia;
- El 20% de los niños sufre insuficiencia alimentaria, y el 45% de los adolescentes no termina el nivel secundario, siendo el 80% de ambos grupos miembro de hogares pobres;
- La creciente inseguridad ciudadana, el aumento de los asentamientos informales, el avance del narcotráfico, la desnutrición infantil y el deterioro de la educación y de otros servicios públicos son algunas de las expresiones de un Estado impotente frente a la pobreza; y
- El hecho de que el 28% de los hogares reciba asistencia social constituye una necesaria ayuda a la subsistencia, a la vez que forma parte de un síntoma de deudas sociales profundas que el crecimiento no logra resolver y que las recesiones agravan.
En el marco de este escenario, la evidencia es robusta en cuanto a dar cuenta de que el alto crecimiento y el mayor bienestar relativo logrados durante la última década no tuvieron como substrato –ni dieron como resultado– un cambio significativo en materia de integración productiva ni de los mercados laborales ni a nivel de la estructura social. La pobreza por ingresos y los niveles de informalidad se ubican otra vez en niveles cercanos a los registrados en la década del 90, y al mismo tiempo muy lejos de los niveles de integración social que se alcanzaron a principios de la década del 70.
El perfil de la estructura productiva se ha mantenido sin cambios relevantes respecto de la década anterior, es decir, con predominio de sectores altamente concentrados vinculados al complejo agroalimentario y minero exportador y con fuerte dependencia tecnológica.
La pobreza y el subempleo son actualmente más estructurales que hace una década.
La restricción externa, la escasez de divisas y la fuga de capitales siguen marcando el ritmo financiero, pese al aumento de las exportaciones, los canjes de la deuda pública, los controles de cambios, los blanqueos impositivos, los préstamos internacionales, las obras públicas negociadas o los subsidios a la producción y el consumo.
Como parte del mismo proceso, la década kirchnerista se llevó puestas las estadísticas públicas y a importantes centros de investigación independientes capaces de alertar de los errores y orientar soluciones.
¿Qué hacer? Ante este cuadro de realidad, cabe preguntarse qué hacer. ¿Cómo salir de las trampas que impone un modelo de crecimiento que reproduce condiciones de exclusión? ¿Cuáles son los cambios necesarios que debe afrontar esta sociedad en función de comenzar a superar las barreras que frenan el desarrollo, la convergencia y la integración social?
Una parte de la respuesta está en la economía. Teniendo en cuenta los desafíos que impone la década en curso, es momento de reconocer que el actual modelo económico no ha sido capaz de generar los empleos productivos necesarios ni suficientes para dar cabida, aprovechar y hacer posible la inclusión económica de toda la población.
La situación exige políticas de estabilización con crecimiento y protección social, pero también un programa nacional de desarrollo socioeconómico, una fuerte movilización de inversiones y una integral reforma del Estado.
Ahora bien, la otra parte de la respuesta no es menos compleja, en tanto cabe poner en el centro de la escena el papel de la política. ¿Qué responsabilidad les cabe en esta historia a las clases dirigentes, a las instituciones democráticas y a la propia opinión pública?
En su conjunto, estos factores han mostrado ser incapaces de establecer proyectos estratégicos y acuerdos en función de un horizonte democrático con seguridad jurídica, inclusión social y equidad distributiva.
En este sentido, quizás el principal problema sea la falta de una coalición social de poder con voluntad política para promover un programa estratégico de desarrollo, capaz de movilizar al conjunto de los recursos materiales y humanos de que dispone el país alrededor de una política que transforme las pautas distributivas del crecimiento y fomente un efectivo progreso social en los sectores más pobres.
Sin duda, es también momento de salir de esta trampa; pero para hacerlo no necesariamente es suficiente un cambio de gobierno.
Para salir del estado de pobreza que reproduce este modelo económico se requiere una apuesta diferente por parte de las nuevas dirigencias hacia un cambio de rumbo, pero también una opinión pública menos dócil, más memoriosa y más comprometida con políticas de Estado que garanticen una ciudadanía plena para todos en un marco de mayor justicia y equidad.
Con continuidad o sin ella, una nueva historia por hacerse requiere al menos algunos cambios: tener diagnósticos ciertos, sumar consensos democráticos y construir políticas de Estado.
*Investigador Conicet. IIGG-UBA. Observatorio de la Deuda Social, UCA.
