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ELOBSERVADOR / HONDURAS
sábado 6 enero, 2018

Viaje al país más violento

El testimonio de una cronista que pasó una semana en San Pedro Sula, una de las ciudades con mayor índice de homicidios y organización de pandillas. Cómo fue que un pueblo temeroso salió a las calles luego de las elecciones.

por Agustina Grasso

MUERTES. Si bien en los últimos años se redujo la inseguridad, en San Pedro Sula hay un promedio de cincuenta homicidios cada 100 mil habitantes por año. La mayoría son producidos por arma de fuego. Foto: cedoc

La reunión era a las diez de la mañana. Pero poca gente había llegado. La mayoría lo hizo, mínimo, treinta minutos después. Llegar tarde tiene nombre: lo llaman “la hora de Honduras”. Parece que en el país más violento del mundo, sus ciudadanos andan sin apuro.

Primero lo primero. Honduras está en Centroamérica. Lo aclaro porque varias personas, antes de viajar, me preguntaron dónde quedaba. Está en el mar Caribe y limita con Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Países que son conocidos como Triángulo Norte. Y poseen una ubicación estratégica entre Estados Unidos, México y el resto de Latinoamérica. Detalle no menor si uno piensa en términos geopolíticos: es, desde hace años, el gran “hub” de las rutas centroamericanas del narcotráfico.

Llegúe a San Pedro Sula, una de las ciudades más violentas dentro del país más violento, el 18 de octubre de 2017. Es decir, un mes antes de las elecciones presidenciales más irregulares de la historia hondureña. Antes de los 33 muertos, los cientos de personas heridas y las más de 150 detenciones arbitrarias. Previo a que la gente saliera a las calles (algo no muy común en un país como este), las múltiples violaciones a los derechos humanos, los tratos crueles por parte de las Fuerzas Armadas y del supuesto gobierno autoproclamado ganador de Juan Orlando Hernández. En otras palabras, antes de que el mundo se enterara de que la sociedad hondureña tenía algo importante que decir.

Una semana allí bastó para saber que las historias se repiten a cada hora: que pasé una moto rápido y el hombre me siguió varias cuadras con un arma; que mataron varias personas en un bar; que tal fue herido; que mataron a tal de cual conocido. En esta ciudad industrial al norte del país –la segunda en población luego de Tegucigalpa, rodeada por una sierra bien verde, Omoa– se registran cincuenta homicidios cada 100 mil habitantes, por año.

Inseguridad. Los sudamericanos creemos que tenemos un posgrado en inseguridad. Pero en Centroamérica se puede hacer el doctorado. El miedo se siente. Se huele. Y se manifiesta en diferentes formas: los ciudadanos evitan andar solos en la calle, más las mujeres. Y las que se animan son criticadas por su entorno. Lo hacen con mucho miedo y es algo de lo que ellas se quejan cotidianamente. Sin embargo, eso no quita la fortaleza de la conciencia femenina que se ve en San Pedro Sula. Hay varios grupos que alzan la voz en defensa de sus derechos. A la vez, se ve mucha solidaridad. Andan en grupos, se ayudan mutuamente, prestándose los autos o llevando grupos enteros de conocidos para que no anden solos.

El temor también toma forma de barrio seguro o de emigración. Algunos optan por alejarse de la ciudad para irse a vivir a barrios amurallados. Otros se mudan a Estados Unidos (al estilo del sueño americano). A nivel cultural, Estados Unidos tiene mucho peso en Honduras: el inglés es su segundo idioma y está repleto de cadenas de comida rápida, al estilo Pizza Hut y Donuts, lugares que dentro del paisaje (casitas sencillas, bajas, calles anchas, muchas sin pavimentar y galpones) llaman la atención. A su vez, muchas de las noticias de los diarios pertenecen a Estados Unidos. Y en algunos colegios, se les da a los niños historia de Estados Unidos y hasta se canta el himno norteamericano. Según el censo de 2016, 948.587 hondureños viven en Estados Unidos.

A Juan Orlando Hernández, el candidato presidencial del oficialismo que se autoproclamó ganador, también se lo asocia a Estados Unidos. “Es una persona que en los últimos ocho años, sobre todo a partir del golpe de Estado de 2009, ha acumulado un gran poder. Hay que tener cuidado porque es un hombre que representa a 17 familias que se han beneficiado en estos ocho años de gobierno nacionalista y no van a soltar su poder así como así –explicó a PERFIL uno de los abogados y especialistas en derechos humanos, Joaquín Mejía–. La bendición que tiene de Estados Unidos es porque está facilitando el tema de las extradiciones y fue mencionado por los cachiros de haber recibido dinero”.

Al principio, me costaba comprender el hartazgo de los hondureños, pero después de varios días de ir a todos lados en auto, sin siquiera ir caminando sola hasta la esquina, lo comprendí: el encierro ahoga. En muchas zonas, además, el acceso a internet es dificultoso. Y hay mucha desconfianza entre las personas extrañas. No es sencillo confiar en un desconocido. Ir a un bar a tomar una cerveza o a bailar es algo que muy rara vez se da.

El bullying en la escuela es moneda corriente hacia las mujeres y los homosexuales. Abogacía y periodismo son las profesiones con mayor índice de peligro. No hay corresponsales en Honduras. El último que había terminó regresando porque ya no podía vivir así con su familia. Estas condiciones refuerzan la necesidad que tienen los hondureños de ser escuchados por alguien que no viva allí. De contar lo que les pasa: te miran con los ojos bien grandes, a la cara.

 “Lo que se está viviendo en Honduras es un estallido por la acumulación de problemas que se agudizaron después del golpe de Estado de 2009. Antes del golpe de Estado, la pobreza existía, la inseguridad. Pero después que la gente salió a las calles, se vivió más represión, y mayores índices de violencia, de las fuerzas militares, y percepción de inseguridad y miedo. Es la acumulación de todos estos problemas, de la represión, de la indignación de no saber qué hacer y que ahora estalló porque es demasiado descarado el fraude”, aclara la periodista Jennifer Avila, directora del medio hondureño Contra Corriente.

Uno de los casos más resonantes de homicidios del último tiempo fue el de la destacada activista por los derechos indígenas y ambientalista Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016, cuando la policía no había investigado amenazas previas contra su vida.

Andar en colectivo. Algo que parece tan sencillo en otros países; en Honduras cada mes mueren violentamente entre 13 y 15 personas relacionadas al transporte público. Asimismo, un 90% de estos asesinatos se producen con armas de fuego, de acuerdo al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

Esto se debe a que las maras y pandillas dependen directamente de los ingresos provenientes de la extorsión al sector del transporte público. Anualmente, según el informe “Maras y pandillas en Honduras”, del Centro de Investigación del Crimen Organizado (InSight Crime), estas organizaciones criminales pueden alcanzar ganancias de hasta 2,5 millones de dólares.

La extorsión se ejecuta en dos vías: de manera micro, involucrando el cobro de extorsión a locales particulares. Y a nivel macro, a empresas del transporte público: taxis, mototaxis, colectivos o empresas de transporte interurbano. Estos cobros han sido organizados, en la mayoría de casos, desde las cárceles como centros de operación de las maras y pandillas, lugares donde ni siquiera tienen acceso los organismos de derechos humanos.

Luego de las últimas elecciones, hubo meses de enfrentamientos con piedras y bombas molotov, y el norte del país llegó a estar prácticamente clausurado, con accesos tomados por manifestantes o presencia de grupos criminales. Jennifer Avila cuenta que ahora “se está esperando la toma de posesión de Juan Orlando, quien ha sido reconocido como presidente por Estados Unidos“.

Según Avila, “las marchas por denuncias de fraude siguen vigentes, sobre todo por el informe de la OEA que no da certeza de que las elecciones sean transparentes”. Y además, “la Alianza de Oposición dice que su representante, Salvador Nasralla, ganó, así que ambos tomarán posesión de manera paralela el próximo 27 de enero”.

A dos meses y medio de estar allá, aún me queda el recuerdo de las baleadas –plato típico hondureño a base de tortilla de trigo con frijoles fritos, mantequilla y plátano– y de la generosidad de mucha gente que conocí. También recuerdo la primera sensación que tuve al pisar Buenos Aires: apreciar andar en bici por la calle o salir sola. Es decir, pequeños momentos de la vida que en general uno no valora.


Joaquín Mejía, especialista en DD.HH. “Estas elecciones fracasaron por el hartazgo ciudadano”

El abogado y especialista en derechos humanos Joaquín Mejía analiza la crisis electoral que vive el país centroamericano.

—¿Cómo analiza lo sucedido en las últimas elecciones?

—Con todo el control de la institucionalidad, estas elecciones eran fáciles para Juan Orlando Hernández. Pero fracasaron por el hartazgo de la ciudadanía. Hemos sido testigos de cómo se ha pisoteado la legalidad nacional para imponer la candidatura. La reelección no es legal en el país ya que sólo podría lograrse con el plebiscito popular, que nunca se realizó.

—¿Y cómo puede explicar el crecimiento de su poder?

—En estos ocho años que estuvo en el poder (cuatro años en el Congreso y otros cuatro como presidente de la república), ha logrado tejer una inmensa red de favores y controles que le han permitido tener un control absoluto de toda la institucionalidad pública, desde el propio Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, el ombusman, hasta el Tribunal Supremo. También nombró a familiares en puestos claves de las Fuerzas Armadas y compañeros del Liceo Militar del Norte. Finalmente, creó la policía militar de orden público, en caso que las FF.AA. no respondieran a sus intereses particulares. Una de las formas con las que ha logrado capitalizar el poder es a través de la reactivación del Consejo Nacional de Seguridad. Un supuesto órgano donde están involucrados todos los poderes del Estado, incluidos los sectores de inteligencia. Es como un supragobierno presidido por él. Logró además aprobar un nuevo impuesto conocido como la tasa de seguridad, que desde 2014 a la fecha a recaudado más de 14 mil millones de lempiras, de las cuales el 87% va para policías y militares, apenas el 9% para la prevención y un 5% para el Ministerio Público y alcaldías. Una profunda militarización de la sociedad y el Estado. Por eso, uno comprende por qué las Fuerzas Armadas no han reaccionado al tema de la reelección. Se redujo el presupuesto de salud y educación y al mismo tiempo aumentó el 161% el presupuesto de defensa y de seguridad. Se han creado 72 programas de asistencia social, que ejercieron un control sobre la población.

—¿Qué rol tuvieron los organismos internacionales?

—La OEA finalmente termina involucrándose y denunciando las irregularidades. La UE ha señalado todos los errores. Y el tercer actor es Estados Unidos. Al principio, tuvo una posición peligrosamente silenciosa pero ya en los últimos días se ha decantado y ha demostrado que su candidato es Hernández y, por tanto, nos encontramos ante una situación bastante clara.


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