Calificada como una de las diez peores cárceles del mundo, Florence Admax es la prisión de máxima seguridad de Estados Unidos. Ubicada en Florence, un pueblo tranquilo del estado de Colorado, con cerca de 4 mil habitantes, fue descripta por un guardia allí como “una versión limpia del infierno”. Los prisioneros no reciben luz natural y están obligados a pasar al menos 22 horas del día recluidos en pequeñas celdas, sin contacto con otras personas.
Allí permanecen algunos de los principales protagonistas del narcotráfico y los terroristas más buscados, como Zacarías Moussaoui, miembro de Al Qaeda involucrado en los ataques del 11 de septiembre al World Trade Center, en Nueva York. También Thomas Silverstein, conocido como “el hombre más aislado de Estados Unidos”, por haber pasado 30 de sus 60 años encerrado en confinamiento solitario.
Las prisiones “supermax” fueron creadas para albergar a quienes representan una amenaza para la seguridad nacional. Alcatraz, inaugurada en 1934 y denominada “prisión de prisiones”, ha sido una de las más famosas, y actualmente Florence ADX ocupa su lugar. Silverstein, que fue puesto en confinamiento solitario en 1983, luego de asesinar a un guardia en una cárcel de Illinois, inició un juicio a la Oficina Federal de Prisiones. En la demanda, describió las condiciones en las que viven en Florence ADX. “Durante 28 años, he comido todas mis comidas solo en mi celda”, afirmó en su declaración. Maximiliano Postay, máster en Criminología y Sociología Jurídico Penal, señala: “Conozco la realidad carcelaria norteamericana y sin duda alguna es de las más terribles del mundo. Es el país que, cada cien mil habitantes, más cantidad de presos tiene. Con eso ya lo decimos todo. Soy abolicionista, por ende no tengo dudas de que la cárcel debe desaparecer”.
En 2011, la Asociación de Abogados de Nueva York expuso las principales críticas a la práctica del confinamiento solitario: viola derechos humanos, es ilegal bajo la Octava Enmienda constitucional –que prohíbe los castigos inusuales o crueles– y en muchos casos constituye tortura, según ley internacional. “El problema de los Estados Unidos, su Constitución, y de todo el ordenamiento jurídico, es que no firman o comparten las convenciones internacionales en las que todo el resto de los países, o la gran mayoría, nos ponemos de acuerdo –indica Claudia Cesaroni, abogada criminóloga e integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc)–. Todas las medidas de ultraconfinamiento son muertes lentas o rápidas, porque la gente no aguanta y se mata. Es un trato inhumano, sin dudas”.
Actualmente, la cantidad de presos en aislamiento en Estados Unidos supera los 30 mil. Florence tiene capacidad para 490 reclusos varones. En un informe publicado en julio del año pasado, Amnistía Internacional advierte: “El gobierno estadounidense debe garantizar que el régimen de aislamiento sólo se utilice en circunstancias excepcionales, como último recurso, y nunca durante períodos prolongados o indefinidos”. Este documento, titulado
“Sepultados: aislamiento en el Sistema Penitenciario Federal de los Estados Unidos” (“Entombed: Isolation in the US Federal Prison System”), expone cuáles son los síntomas que provoca el aislamiento tan prolongado: ansiedad, depresión, insomnio, hipertensión, paranoia extrema, distorsiones en la percepción y psicosis son algunos de ellos.
Charlie Sullivan, codirector de Internacional CURE, una de las campañas de The Sentencing Project, asociación abocada a la defensa de cuestiones de justicia criminal, recalca: “En general, la seguridad en las cárceles no necesita ser reforzada. Sin embargo, creo que no debería haber ningún tipo de tolerancia con los agresores sexuales”. Por su parte, Kay Perry, directora ejecutiva de Michigan CURE, filial federal del mismo organismo, manifiesta: “Deberíamos proveer a los individuos de terapias, programas sociales, educación, entrenamiento físico, trabajo y otras actividades constructivas. Estos individuos necesitan actividades sociales, así están preparados para el momento en el que son liberados”. Perry agrega: “Hay técnicas para mejorar la seguridad institucional carcelaria, pero ninguna de ellas incluye el aislamiento total. Debemos reducir la excesiva sobrepoblación que ataca a muchas de nuestras cárceles y que son más propensas a sufrir conflictos internos. Es necesario alentar el contacto entre los presos y sus familias y seres queridos. Aquellos que mantienen contacto con el mundo exterior tienen menos probabilidades de volver a involucrarse en comportamientos negativos”.
Desde Amnistía Internacional aseguran que este tipo de prácticas constituye el exponente máximo de la filosofía de “almacenar” a los presos, y que va más allá de las medidas penitenciarias legítimas, adentrándose en el terreno del trato cruel e inhumano.
En Argentina, las principales cárceles federales de máxima seguridad se encuentran en Ezeiza, Marcos Paz, Chaco, Chubut, Neuquén y Devoto, según la clasificación del Servicio Penitenciario. Sin embargo, no son las únicas en donde se ejerce el confinamiento solitario. “Es una práctica que está muy instalada y naturalizada para los servicios penitenciarios, las autoridades políticas y judiciales. Es parte de la vida en la prisión, de la cultura de la cárcel”, declara Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “El confinamiento solitario constituye un agravamiento de las condiciones de detención, y en muchos casos esconde o implica situaciones de violencia o tortura. Es algo que hay que mirar con mucho cuidado y tratar de restringir lo máximo posible”.
Litvachky explica que la situación de aislamiento se da tanto por razones disciplinarias, como también de resguardo y protección de derechos. También sucede que los aislamientos se dan sin ningún tipo de justificación formal, lo que implica una sanción encubierta. “Si bien en sí mismo es un problema, existe además una utilización absolutamente abusiva, por fuera de lo que establecen los reglamentos –remarca–. En muchos casos, oculta situaciones de violencia muy graves, en espacios donde hay menos control, donde tienen la posibilidad de estar con mayor secreto y oscuridad. Y la identificación de estas situaciones de violencia es más compleja, hay menos testigos y registros. Estar en aislamiento hace, en general, que el acceso a cualquier otro servicio o derecho sea más difícil”.
El artículo 25 de la Ley 25.875, que protege los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en jurisdicción federal, establece expresamente el deber de la Procuración Penitenciaria Nacional de presentar informes anuales. El último en ser publicado, del año 2013, expone que las sanciones no sólo implican un aislamiento que supera las 23 horas diarias, sino que –además de desarrollarse en pésimas condiciones– producen consecuencias graves para los detenidos: entorpecen el avance en la progresividad de la pena; reducen las posibilidades de obtener egresos anticipados, régimen de salidas transitorias y
traslados a unidades con regímenes de encierro morigerados. Además, el informe advierte que las sanciones de aislamiento, lejos de constituir algo excepcional, representan la modalidad exclusiva y que están focalizadas sobre cierto grupo de detenidos. “Partiendo de la premisa de que cualquier medida de aislamiento prolongado supone un serio agravamiento en las condiciones de detención, este organismo quiere destacar su reducción como el principal fruto del trabajo (…). No obstante, aún persisten espacios de aislamiento permanente a pesar de su prohibición. Su eliminación será el desafío al que deberán enfrentarse la agencia penitenciaria y los organismos de control externo en el futuro”.
El CELS, por su parte, acompaña las propuestas que buscan disminuir o erradicar la práctica del aislamiento y promover otro tipo de sanciones y medidas de resguardo. “Formalmente, han disminuido las sanciones de aislamiento. El problema es que a veces se llevan adelante prácticas que no son registradas, justamente porque si son formalmente una sanción, tienen que ser revisadas por los defensores. Eso lleva a que nadie lo controle –asevera la directora del área de Justicia y Seguridad del CELS–. Es imprescindible que existan monitoreos, inspecciones y visitas constantes para evitar la tergiversación de las reglas, ya que las condiciones en las que se da esta práctica pueden constituir un trato inhumano, cruel o degradante, violando así el artículo 18 de la Constitución Nacional”.
Denuncias en Sierra Chica
En la madrugada del domingo 1º de marzo, detenidos de la Unidad 38 de la cárcel de Sierra Chica, provincia de Buenos Aires, fueron fuertemente golpeados y amenazados de muerte con escopetas, luego de reclamar por traslados a unidades más cercanas a sus familias. La Comisión por la Memoria presentó un hábeas corpus colectivo por la extrema violencia y las pésimas condiciones edilicias, y solicitó que se elevaran copias a la Unidad Fiscal en turno para que tomara intervención e investigara la posible comisión de delitos de acción pública. “En las cárceles de la provincia de Buenos Aires es habitual la práctica sistemática de todo tipo de torturas”, asegura Alicia Romero, directora del Programa de Inspección de Lugares de Detención del Comité contra la Tortura. “Lo que esperamos después de esta denuncia es que se determinen medidas para terminar con la vulneración de derechos, que se protejan las vidas de estas personas y que se inicie la investigación por lo sucedido”, agregó.
Los integrantes del Comité contra la Tortura supervisaron el lugar al día siguiente y se encontraron con un panorama deplorable: hacinamiento, ratas, falta de colchones, comida en mal estado. Romero señaló que lo primero que hacen frente a casos de esta magnitud es tomar contacto con las víctimas del acto de represión, para conocer a través de su palabra el relato de lo ocurrido, y saber si están contenidos psicológicamente y si tienen atención médica. “Los detenidos no suelen ser escuchados, ni siquiera por el Poder Judicial, a la hora de investigar. Se quedan con la palabra de las autoridades de las cárceles y, por ende, con una información sumamente parcial y distorsionada”, confiesa.
