El cargo de Laura Alonso en la Oficina Anticorrupción (OA) es el de secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Pero lo que abunda en la OA es la desinformación. Para entender el funcionamiento del organismo, las personas que lo integran, la ejecución de los 102 millones de pesos de su presupuesto, y también para analizar cómo se priorizan las causas en las que se presenta como querellante, el Equipo de Investigación de Perfil Educación envió varios pedidos de acceso a la información que no respondieron las dudas planteadas.
El primer pedido de acceso a la información fue enviado a finales de junio. Se solicitó la lista completa de trabajadores y el desglose del plan de ejecución 2019. Tres días después, la Dirección de Gestión Documental y Despacho del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confirmó que la información sería enviada antes del 17 de julio, acorde a los plazos de la Ley N°27.275 de Acceso a la Información Pública. Un día antes de vencido el plazo, la OA respondió que la información estaba en el portal de transparencia activa del Ministerio. Sin embargo, en los cuatro archivos publicados en el portal de datos abiertos sobre la OA, ninguno se refiere a lo solicitado por el Equipo de Investigación.
Al enviar nuevamente el mismo pedido de acceso a la información, la OA respondió con más páginas web: el mapa de jefatura de gabinete donde sólo figuran doce cargos, la lista de escalas salariales generales del Estado, donde tampoco se expresan los salarios de los funcionarios en cuestión y las condiciones de contratación de Sistema Nacional de Empleo Público. Pero no se especificó aún la cantidad de trabajadores que contrató Alonso.
Como reveló el Equipo de Investigación de Perfil Educación en julio pasado en la revista Noticias, la OA fue beneficiada con un aumento presupuestario de casi un 50% sobre 2018. De ese total, el 83% corresponde a gastos en personal. Por ello, los pedidos de información enviados incluyeron el desglose de plan de ejecución para entender el funcionamiento de todas las áreas que controla Alonso, que tampoco figura desagregado en las páginas a las que la OA direccionó.
Al insistir con un nuevo pedido, la OA informó las remuneraciones brutas generales de los rangos correspondientes a Secretario y Subsecretario del Poder Ejecutivo Nacional. Según esos montos, Laura Alonso posee un sueldo bruto de $263.992,47 y sus subsecretarios, $239.770,57. Aún así, lo que solicitaban los pedidos de acceso era la nómina completa de los trabajadores, en todas sus formas de contratación.
El otro foco de los pedidos de acceso a la información enviados por el Equipo de Investigación se refirió al listado de expedientes relacionados con el macrismo en donde la OA es parte querellante o acusadora. Este es uno de los puntos de conflicto con la Auditoría General de la Nación (AGN), que denunció a la OA por no entregar la información necesaria para la auditoría. A finales de septiembre, la justicia falló a favor de la AGN y designó un plazo de quince días para que el organismo presidido por Laura Alonso responda. Sin embargo, la OA apeló al fallo y la medida fue suspendida hasta la resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
En el caso del pedido del Equipo de Investigación, la consulta fue remitida a la sección de noticias de la página oficial del organismo. Según los datos oficiales, en 2018 fueron 196 los casos que la OA se presentó ante la justicia y en 41 oportunidades lo hizo como parte querellante. Sólo una vez, en la causa por pago de sobornos de Odebrecht, fue querella en un caso que perjudica al macrismo y apeló al fallo del juez Marcelo Martínez de Giorgi que dictaba la falta de mérito para Ángelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri.
A principios del 2019, se desató la polémica a partir de la declaración Alonso, que reconoció que no llevaba adelante causas relacionadas al oficialismo por "decisión" y para que "no la acusen de encubridora".
Actualmente, en juicios en curso, las tres únicas participaciones son en causas K (Ruta del dinero, Trenes chatarra y Obra pública) en los juicios de Lázaro Báez, Ricardo Jaime y José López. Anteriormente y durante la gestión de Alonso, la OA también fue querella en la causa Los Sauces, Cuadernos, Ciccone, Tragedia de Once e YPF. "Ha transformado esa área en una trinchera dedicada a perseguir funcionarios de la gestión anterior", afirmó la diputada Graciela Camaño en el marco de la presentación de la denuncia penal que formuló contra la macrista por las irregularidades de actuación de la OA en el caso Correo Argentino, el expediente judicial que acusó a la familia Macri de autocondonarse una deuda con el Estado de 70 mil millones de pesos.
Entre los últimos avances de la OA, se destacan los pedidos de elevación a juicio en la causa Cuadernos, acusando a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido, y a otros ex funcionarios, pero cuyo foco principal está en la ex presidenta. "Ninguna duda cabe del rol que asumió la ex mandataria en torno a los sucesos relatados", afirma la OA en su rol querellante.
En otras causas, fue este organismo quien presentó una nueva denuncia a José López (condenado a seis años de prisión) por el delito de peculado de servicios. Asimismo, la OA también es querellante en el juicio de Hotesur SA en el cual, en su última intervención, pidió que se actualice el contrato de alquiler que yace en el mismo monto que en el 2015.
El Equipo de Investigación se contactó con Laura Alonso para que pudiera dar testimonio para esta nota, pero la funcionaria se negó a realizar declaraciones.
El Equipo de Investigación de Perfil Educación es dirigido por Rodrigo Lloret y lo integran los mejores periodistas egresados del Posgrado en Periodismo de Investigación de Editorial Perfil.
