Intentaré plasmar desde la posición más cercana posible al ciudadano común, pero con la experiencia recogida en mi tarea de abogado litigante, la percepción que tiene el ciudadano respecto del sistema institucional de justicia, adelantando mi desencanto, que me animo a decir es el desencanto general, por cuanto éste poco entiende para que sirve nuestro trabajo y el de los demás operadores del aludido sistema, exteriorizado en un patentizado descreimiento en el derecho. El marco de rigidez estructural inherente al sistema judicial, impide el abordaje primario y limpio de los problemas llamados a resolver con el efecto desnaturalizante de centrar la atención y consiguientes esfuerzos hacia temas secundarios o colaterales, que podrían denominarse intereses “intra sistemicos”.
El sistema judicial se transforma pues, en una especie empresa en sí misma, aislada de los anhelos y del entendimiento del ciudadano, quien reiteradamente ve frustrada sus expectativas depositadas en dicho aparato. Así, gran parte de nuestra faena y de nuestros esfuerzos, se concentran en una sacralidad tan ampulosa, como inútil, vacía e inconducente, sin traducción en un resultado tangible para el justiciable, quien al optar por el sistema judicial para la solución de su problema, ingresa en un laberinto en el que solo se conoce a ciencia cierta la puerta de entrada, sin que pueda especularse jamás respecto del tiempo y los costos que el proceso insumirá, menos aún, una mera probabilidad de resultado. Transformándose dicho proceso, en un factor altamente estresante y mortificante para el hombre común. Desde mi perspectiva son varias y complejas las causas que tributan al estado de situación brevemente reseñado, entre las que apunto:
1. La deficiente enseñanza del derecho en nuestras universidades, tal como se hacía un siglo atrás.
2. La praxis del derecho reiteradamente muestra a los jueces como guardianes o dragones de las formalidades procesales, más preocupados por los detalles que por una solución justa y pronta del caso.
3. Así, cuando un ciudadano nos transfiere su problema para la solución en el marco del sistema institucional de justicia, el gerenciamiento del mismo parecería realizarse en función de los exclusivos intereses de los operadores del sistema, relegando a un modesto segundo plano o directamente al olvido, el interés superior que es el del ciudadano en la solución de su problema concreto en un tiempo razonable y útil.
¿Se puede modificar este estado de situación?
Considero que sí, se puede y es un imperativo comenzar a cambiar. A título meramente ejemplificativo y sin la pretensión de agotar la cuestión, pongo a consideración del lector algunas ideas que pueden tributar al necesario cambio que predico:
1. La adecuación de la legislación procesal, con la necesaria incorporación de las nuevas tecnologías al proceso judicial: es un contrasentido que mientras el mundo se relaciona y se comunica a través de los últimos adelantos tecnológicos, en el marco del proceso nos sigamos relacionado y comunicando como si nada hubiese cambiado en nuestro planeta durante este último siglo.
2. La necesaria introducción de instancias y dispositivos saneatorios y conciliatorios previos a la traba de la litis, con la finalidad de desbrozar y acordar sobre determinadas cuestiones, morigerar pretensiones, lo que redundará en un litigio más sencillo y focalizado sobre los ítems relevantes para el justiciable.
3. Simplificación y desformalización del trámite judicial, en audiencias orales para abordar de modo directo y personal cada asunto.
4. Prevención y sanción de prácticas abusivas y desleales. Muchos litigantes parten de la falsa premisa que en el proceso judicial todo es posible, que “vale todo”, incluso aquello que sería objeto de fuerte censura en otros ámbitos -caso del mundo de los negocios- vgr., la negativa de hechos notorios, de firmas (supuestos frecuentes en la praxis procesal). Alentadas tales prácticas por su falta de penalización en el marco del proceso.
5. Perfil del juez: a la excelencia y erudición academicista que parece ocupar un lugar de vanguardia a la hora de seleccionar los jueces y magistrados, habrá que contrapesarla con la experiencia y el grado de compromiso que para el ejercicio del cargo evidencien los aspirantes.
6. Regular e institucionalizar la intervención de amicus curiae, que puedan efectuar aportes sobre cuestiones técnicas o específicas a fin de colaborar con el órgano judicial y con las partes, mejorando así la calidad y eficiencia del servicio de justicia.
7. Los esfuerzos invertidos por el universo de sujetos involucrados en el sistema, deben orientarse bajo la premisa de brindar al justiciable soluciones acorde los tiempos en que vivimos, caracterizados por una realidad volátil y cambiante. Hoy, someter la solución de un entuerto a la justicia institucional, importa anclarlo sine die, con los consiguientes costos, incertidumbre, sustracción temporal, consecuente cancelación de oportunidades y estrés que provoca en toda persona tan especial como azarosa situación.
8. Desde las más altas esferas del poder, debe proyectarse un verdadera política de Estado sobre la justicia, tomando conciencia que un sistema jurídico moderno, ágil y confiable es un incentivo para las inversiones -externas e internas- tan atractivo como pueden ser los recursos naturales, energéticos, infraestructura portuaria o vial, la política fiscal, la política crediticia, entre otras.
Para lo cual, debe integrarse la política judicial a la política general, destinándose recursos económicos que trasciendan el simple objetivo de pagar los muy buenos e intangibles salarios del sector, apuntando a una transformación del sistema, a partir de la incorporación de tecnologías y recursos en general que permitan un adecuado funcionamiento del mismo en consonancia con la realidad de la época.
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