Organizaciones sociales, gremiales y políticas confluyeron en la llamada ‘marcha federal’ y marcharon bajo la consigna “contra el ajuste, por pan y trabajo”. La marcha es hija de un escenario de emergente conflictividad social que estuvo signada por el reciente veto presidencial a la ley ‘antitarifazos’, y la intencionalidad de retorno al FMI, rechazada según estudios de opinión, por un tercio de la población entre otros factores.
La reacción de las organizaciones viene a poner en evidencia una ruptura de diálogos sociales necesarios, y la imperiosa necesidad de construir consensos. En realidad es un efecto de la fricción que produce la rediscusión sistemática de modelos de desarrollo tan extremos que la misma fluctuación tensiona el tejido social, ni más ni menos que el sistema nervioso central de un país.
El problema radica en los cimientos, las discusiones primarias donde una Nación decide que quiere ser cuando sea grande. Arrastramos aspiraciones de modelos casi antagónicos, de un Estado mínimo liberal, a un Estado benefactor, intervencionista. Esa discusión recrudece con cada gobierno, el problema es que mientras no haya acuerdos sustentables, la gobernabilidad adolece de legitimidad. Es lo que está sucediendo hoy, si el gobierno veta una ley del Congreso, está rechazando el posicionamiento de un actor cuya esencia es la representación política. Ergo, la ruptura de diálogo y consenso, se ancla allí. En esa limitación representativa, las organizaciones, como actor social, se movilizan.
En la historia reciente, las marchas federales, del año 2016, bajo este mismo gobierno, y la marcha federal de 1994 bajo la presidencia de Carlos Menem, fueron convocadas por organizaciones gremiales, y se consolidaron bajo las mismas consignas: ajuste, desocupación, inflación y pobreza. Las discusiones políticas cobran vida en la arena pública, ya que el espacio público, hoy protagonista por marchas, movilizaciones, tiene además una dimensión social, cultural y política. Hay una expresión simbólica en aquellas manifestaciones políticas, una comunión entre diversos actores por una identificación, que en definitiva construyen un espacio de poder.
Podemos pensar que el poder de un veto frente al poder de una marcha es claramente asimétrico, pero nunca hay que subestimar a los actores sociales. Hoy los clivajes de la política económica sitúan a los movimientos sociales que pujan por derechos, inclusión, voz. Pero el gobierno también sabe que la legitimidad es un bien preciado, aislamiento y falta de diálogo no parecen ser una buena alternativa. De acuerdo a como se desenvuelvan ambos, tomará forma o no, el pedido de paro general.
(*) Politóloga y Magíster en Relaciones Internacionales (@barbaritelp)
