Vivimos la sanción de las leyes con entusiasmo deportivo. Demasiado acostumbrados a la política mediatizada, ponemos los mayores esfuerzos en la difusión de las posiciones porque creemos que el silencio es la razón de que un problema no se haya resuelto. Con igual fe suponemos que su transcripción en una ley es la solución del asunto. Pero estamos llenos de leyes de avanzada que no terminan de corregir los problemas de nuestro atraso social.
Pasada la etapa de discusión pública, acallada la efervescencia, toda ley necesita convencer a los que se le oponían si es que quiere hacerse cultura cívica. Las falencias en esta parte del proceso nos condenan a repetir el fracaso de la legislación previa en materia reproductiva. En 1921 el Código Penal fue de avanzada al priorizar a la gestante en caso de riesgo de vida o violación, circunstancia que fue claramente especificada en un fallo de la Corte Suprema de 2012. Sin embargo, el debate reciente sobre la despenalización estaba lleno de argumentos, incluso de quienes abogaban por la ley, que reclamaban este derecho como si no tuviera un siglo de vigencia. Sucede que en Argentina la ley tiende a ser letra muerta, incluso para gobiernos democráticos que tristemente fueron los que más recortaron este derecho. La misma Ley 25673 de 2003 que se suponía garantizaba anticoncepción y educación es ignorada por las consignas feministas que reclaman “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. ¿Qué clase de democracia nos hace volver a pedir, una y otra vez, lo que ya está legislado?
Este punto no es menor para evitar que el entusiasmo por la conquista nos impida ver la inmensidad del trabajo que hay por delante, que va más allá de convencer a senadores de las provincias que más atraso muestran en materia de salud reproductiva y libertades individuales. Porque la discusión sobre el aborto no es solo una cuestión de salud pública sino de ejercicio de la libertad que compete sobre todo a la mujer.
En nuestra confusión de mayorías con democracia olvidamos que un derecho es un derecho con independencia de la cantidad de gente afectada por él. Las sociedades más justas y prósperas son las que cuidan por igual los derechos de las mayorías y especialmente los de las minorías. Por eso cualquier argumento que apoye el derecho al aborto y a una educación sexual en números es falaz: así hubiera una sola persona menoscabada en su derecho debe ser respetada por la sociedad y atendida por su representante. Sin importar la cantidad de personas que están en la marcha o porten su insignia. Sin importar siquiera si su petición tuvo una marcha o su problema cabe en el logotipo de la foto del Whatsapp.
Las falencias de nuestra cultura democrática nos hacen confundir el derecho de peticionar ante las autoridades con la expresión pública del pedido. Este suele ser mediático, nos muestra a la mirada de los demás como ciudadanos comprometidos y calma la angustia cuando nos confirma como parte de un colectivo igual de indignado. La petición al Estado para que cambie las cosas suele más discreta y trabajosa, requiere de constancia y de un compromiso mayor al de retuitear a famosos subiéndose a la ola de lo políticamente correcto a último momento.
Acusamos de invisible lo que no tuvimos ganas de ver. Discutimos argumentos que leyes previas ya habían zanjado. Volvemos a plantear los argumentos en función de vida o muerte (del embrión, de la mujer, dependiendo la postura) cuando se trata, ni más ni menos que de democracia. No hay ley que garantice la vida ni impide la muerte si no hay una sociedad que vele por ello: es la responsabilidad a la hora de conocer los derechos que nos asisten y el compromiso para que se cumplan inexcusablemente.
