Lo que empezó como una transición fluida entre el saliente gobierno de izquierda y el entrante Ejecutivo de centroderecha en Uruguay se tensó en las últimas horas con acusaciones de “irresponsabilidad fiscal” y “mala fe”.
El presidente electo, Luis Lacalle Pou, se reunió el lunes con el mandatario saliente, Tabaré Vázquez, en una cita a la que calificó de “sanadora” tras fuertes cruces entre ambos antes de las elecciones.
Corta armonía. Pero mientras se desarrollaba la reunión, el gobierno de Vázquez anunció su decisión de no ajustar las tarifas de los servicios públicos como hace cada enero.
Eso genera, según Lacalle Pou, una pérdida de ingresos del orden de 400 millones de dólares que obligará a su futuro gobierno a tomar medidas más duras para contener el persistente déficit de las finanzas públicas.
Uruguay –creció ininterrumpidamente desde 2003, atraviesa una fase de estancamiento económico y su déficit fiscal financiado con emisión de deuda– roza el 5% del PIB, una cifra que pone en la cuerda floja el codiciado “grado inversor” que le otorgan las calificadoras de riesgo al país.
“Es una avivada”, dijo Lacalle Pou. “El gobierno entrega ‘la casa desordenada en cuanto a déficit, en cuanto a inflación, en números macro y también desempleo (9,5%), inversión, cierre de empresas. Y nos agregan una cosa más que desordena más la casa”.
Las réplicas del oficialismo no tardaron. Lacalle Pou “muestra una combinación de ignorancia y mala fe preocupante”, afirmó el ministro de Economía, Danilo Astori.
“No se puede señalar que nuestra economía es una casa en desorden cuando desde el país y del exterior la observan con respeto y, frecuentemente, con altas calificaciones”, dijo.
Sin embargo, en una nota emitida el lunes, la calificadora Fitch Ratings recordó que la combinación de bajo crecimiento, alto déficit fiscal y deuda pública crecientes la llevaron a poner en perspectiva negativa la calificación crediticia de Uruguay (BBB-) en octubre del año pasado. La situación “ha empeorado desde entonces”, concluyó.
Diplomacia y militares. Si las cosas venían en malos términos, la decisión de Uruguay de pedir en el Consejo del Mercosur, el máximo órgano de decisión del bloque, que para Bolivia se “activen los mecanismos” del Protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático, avivó el incendio.
Para el gobierno de Vázquez la salida de Evo Morales fue un Golpe de Estado, y pidió analizar medidas que podrían llevar a suspender al país como Estado asociado al bloque.
“Más allá de su contenido, lamentamos que el canciller Rodolfo Nin Novoa haya tomado una decisión tan importante sobre el tema Bolivia sin consultar con el gobierno entrante. Sería deseable que entre todos consigamos mejorar la política: hacer del juego limpio una política de Estado”, tuiteó el futuro canciller, Ernesto Talvi.
Por si fuera poco, el gobierno de Vázquez nombró nuevos generales sin consultar a Lacalle Pou, que será quien en definitiva coexista con esos altos cargos, lo que abrió otro frente de tensión en la transición, la primera desde 2005 que supone un cambio de partido en el gobierno uruguayo.
