Cómo es el caso que amenaza con demoler la imagen de Juan Carlos

dpa/ap/afp
Desde Madrid
Cristina Federica Victoria Antonia de la Santísima Trinidad de Borbón y Grecia, de 48 años, está ante la hora más difícil de su vida. La infanta declaró ayer ante el juez José Castro imputada por fraude fiscal y blanqueo de dinero. El magistrado de Palma de Mallorca, que interrogó por primera vez en la historia a un miembro de la familia real, buscaba dilucidar la eventual vinculación de la hija del rey Juan Carlos en los fraudulentos negocios de su esposo, Iñaki Urdangarin.
El ex medallista olímpico es sospechoso de malversación de fondos públicos a través del Instituto Nóos, una sociedad sin ánimo de lucro. Este desvío de fondos se habría llevado a cabo usando como pantalla a la empresa Aizoon, propiedad en partes iguales de la infanta y su marido.
Cristina, que también fue vocal en la junta directiva de Nóos, ya había sido imputada una primera vez en abril, entonces por presunto tráfico de influencias, aunque la decisión fue anulada por un recurso de la fiscalía. Nóos recibió casi 6 millones de euros de las administraciones balear y valenciana, monto que se sospecha habría sido malversado por el yerno del rey.
La contabilidad de Aizoon puso al descubierto, desde 2004, erogaciones para la renovación del fastuoso palacete familiar, localizado en Barcelona, por valor de 436.703 euros y gastos privados por 262.120 euros.
El juez Castro realizó un detallado inventario de todos esos gastos en un expediente en el que se menciona la existencia de facturas sospechosas, algunas de ellas descriptas por el magistrado irónicamente como “un curso de salsa y merengue prestado en el domicilio familiar cuya conexión con las actividades de Aizoon se antoja harto difícil que pueda ser satisfactoriamente explicada”.
“Los delitos contra la Hacienda que se imputan a Urdangarin difícilmente se podían haber cometido sin, cuando menos, el conocimiento y la aquiescencia de su esposa”, concluyó el juez Castro en los fundamentos de la imputación a la infanta Cristina, que ayer declaró.
Para el fiscal, en cambio, “es imposible, dada la cuantía de los gastos personales, que la cuota defraudada alcance el umbral de los 120.000 euros”, a partir del cual se considera delito en España.
La declaración de la infanta debería constituir el último episodio de la instrucción abierta en 2010: el juez Castro podrá decidir entonces si el caso Nóos, por el nombre de la sociedad sin afán de lucro que Urdangarin presidió entre 2004 y 2006, desemboca en un juicio oral o no.
La imputación fue un duro golpe para la pareja, durante largo tiempo imagen de la familia perfecta. El matrimonio fue apartado de los actos oficiales de la familia real desde que el juez imputó a Urdangarin en diciembre de 2011.
La imputación de la infanta fue un duro golpe a la imagen de la casa real. En un momento en el que Juan Carlos ofrece la imagen de un rey cansado, al que el 62% de los españoles reclama que de un paso al costado