El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano tendrá en sus manos el futuro de Venezuela. El jueves 10 de enero, la Constitución bolivariana establece que Hugo Chávez debe asumir su nuevo mandato presidencial.
En el caso de no poder hacerlo, debido al “delicado y complejo” pos- operatorio en La Habana, los magistrados de la Sala Constitucional de ese órgano deberán decidir si el jefe de Estado electo puede asumir en una fecha posterior o si hay una falta temporal o absoluta del mandatario. Y, con su decisión, pueden precipitar los eventos políticos de un país en el que reina la incertidumbre.
El TSJ, el máximo tribunal de justicia en Venezuela, está integrado por 32 jueces y dividido en varias salas. Una de ellas es la Constitucional, constituida por siete magistrados, liderados por Luisa Estella Morales Lamuño, presidenta de la Corte.
Todos sus miembros fueron designados por la Asamblea Nacional, donde el chavismo tiene mayoría. Hace diez años que no fallan contra los intereses del Ejecutivo bolivariano. “El TSJ no es independiente. En Venezuela no hay separación de poderes. Establecieron una hegemonía en la Sala Constitucional para que sea la que interprete cualquier laguna o duda, como la que hay ahora con la asunción de Chávez”, explicó a PERFIL desde Caracas Juan Manuel Raffali, constitucionalista y profesor de Derecho de la Universidad Andrés Bello.
