Agencias
Madrid
La Justicia española confirmó ayer la imputación de la infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI, por fraude fiscal, aunque la dejó libre de la acusación de blanqueo de capitales, la más grave que pesaba contra ella en el marco de una causa por presunta corrupción que sacude a la familia real conocida como “caso Nóos”.
La Audiencia de Palma de Mallorca falló en forma unánime y firme contra la infanta. La sentencia despeja el camino al juez José Castro para decidir si Cristina de Borbón deberá sentarse en el banquillo de los acusados junto a su marido, Iñaki Urdangarin, lo que supondría un escándalo inédito en la historia de la monarquía española.
Sin embargo, la hija de Juan Carlos podría evitar el bochorno de enfrentar a los tribunales si se aplicara la “doctrina Botín”, elaborada por el Tribunal Supremo de España, que dicta que un imputado por delitos fiscales no tiene obligación de sentarse en el banquillo de los acusados si no es acusado por la Fiscalía o por Hacienda. Así, la evolución de la causa contra Cristina dependerá de que se haga o no uso de dicho marco jurídico.
En el fallo, los magistrados aseguraron que la infanta conocía que su marido “estaba actuando de modo irregular con el fisco”. Además, sostuvieron que es “innegable e inobjetable” que contribuyó “a defraudar al fisco”.
El escándalo de corrupción más dañino para la imagen de la monarquía se descubrió por casualidad en 2011, mientras el juez Castro investigaba sobreprecios en un velódromo construido en Palma de Mallorca. En un allanamiento, se encontraron papeles comprometedores sobre los contratos que el gobierno de las islas Baleares había firmado con el Instituto Nóos para organizar congresos deportivos.
Iñaki Urdangarin, duque de Palma, fue entonces llamado a los tribunales para dar explicaciones sobre su dudosa gestión como presidente del instituto, una ONG creada por él y sospechada de actuar como “pantalla” para triangular 6 millones de euros desde el Tesoro hacia paraísos fiscales en Belice y en Suiza.
En opinión del juez, Cristina de Borbón colaboró “activamente” con su marido al utilizar con fines personales una parte del dinero malversado mediante una “empresa pantalla”, Aizoon, cuya propiedad ambos esposos se repartían en partes iguales. Hacia esa empresa se desvió gran parte del dinero absorbido por Nóos. La infanta Cristina pagó durante años la mayoría de sus gastos personales con la tarjeta de crédito de Aizoon, es decir, con el dinero público malversado.
Tras conocer el fallo, la Casa del Rey aseguró que mantiene su “máximo respeto a la independencia judicial”. La Zarzuela recordó que, desde la proclamación de Felipe, doña Cristina ya no pertenece formalmente a la familia real y desde que fue apartada de la agenda oficial, en octubre de 2011, tampoco recibe retribución alguna que proceda de dinero público.
Todo listo en Cataluña
En el acto final de la campaña para el referéndum simbólico de mañana, los independentistas catalanes llamaron ayer a participar masivamente en la votación sobre la secesión o no de España que el gobierno regional celebrará pese a estar suspendida por la Justicia.
Cancelada por el Tribunal Constitucional, la consulta será organizada por voluntarios y no tendrá censo electoral ni un órgano de supervisión. Pese a su falta de valor jurídico, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y las organizaciones independentistas esperan una gran participación que refuerce sus peticiones de celebrar un referéndum oficial que el gobierno español de Mariano Rajoy hasta ahora no ha permitido.
