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Ciudad de México
Al igual que Barack Obama, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, se convirtió ayer en blanco de críticas por su reacción ante la crisis humanitaria en la frontera con los Estados Unidos provocada por la oleada de inmigrantes sin papeles provenientes de países centroamericanos. El Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, que nuclea a las entidades civiles que trabajan sobre el tema en México, cuestionó el programa Frontera Sur, lanzado esta semana por el mandatario para atender a la emergencia, ya que “antepone la visión de seguridad nacional sobre la de seguridad humana”.
Según cifras oficiales, cada año ingresan a México unos 250 mil migrantes indocumentados en tránsito hacia los Estados Unidos, que vienen de países como Nicaragua, Guatemala, Honduras, Belice y El Salvador. El problema se agravó por el aumento de niños no acompañados que buscan escapar a la falta de oportunidades, la pobreza, la violencia, o para reencontrarse con sus padres. Entre octubre de 2013 y junio pasado, oficiales estadounidenses en la frontera detuvieron a más de 52 mil menores que intentaron ingresar a los Estados Unidos de manera ilegal.
Aunque la mayor parte de las críticas recayeron sobre Obama, los expertos advierten que existe una responsabilidad compartida entre las autoridades de los países de origen, tránsito y destino. Esta semana, Peña Nieto recogió el guante y presentó el plan Frontera Sur, que pretende ordenar y regular el flujo migratorio proveniente de Guatemala y Belice en la frontera sur mexicana.
Sin embargo, la coalición de ONG mexicanas que se ocupan de la cuestión de la inmigración ilegal consideró que “el programa se centra en la administración y el control de los flujos migratorios en la frontera sur, y no toma en cuenta los problemas estructurales por los cuales la población sale de sus países de origen”. Según el Grupo de Trabajo, el plan de Peña Nieto pasa por alto “las situaciones a las que se enfrentan” los migrantes en su tránsito por México.
El plan prevé otorgar un permiso de tres días para permanecer en el país a todos los ciudadanos oriundos de Guatemala y Belice. Antes, ese beneficio era válido únicamente para las personas procedentes de los departamentos de ambas naciones fronterizos con México. “Esa visa ni es nueva ni permite el tránsito regular por todo el territorio mexicano –advirtieron las organizaciones civiles–. Tampoco otorga un permiso para trabajar, por lo que no tendrá un impacto positivo en la población migrante de tránsito”.
Tribunales colapsados en EE.UU.
Los tribunales migratorios de los Estados Unidos, abrumados por la cantidad de casos de inmigrantes sin papeles pendientes, se preparan para recibir una ola de nuevas causas ante la crisis humanitaria que ha provocado el tránsito de niños centroamericanos no acompañados a través de la frontera con México.
Lauren Alder Reid, asesora de asuntos legislativos y públicos en la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigrantes del Departamento de Justicia, aseveró que los tribunales debieron designar temporalmente a magistrados para que oyeran casos por teleconferencia en el sur de Texas y en Nuevo México.
En este momento hay más de 375 mil casos demorados en las cortes, lo que implica que podrían pasar meses o años hasta que los inmigrantes que no se encuentran bajo detención sean citados a una audiencia judicial.
