Los casos de corrupción que comprometen al líder del Partido de los Trabajadores (PT) y expresidente Lula Da Silva, ponen en duda la estabilidad política de su sucesora, Dilma Rousseff, y vinculan a sendos mandatarios en lo que podría ser el escándalo más grande en la historia de Brasil. Son cinco casos hasta ahora los que revelan una serie de irregularidades con un alcance inesperado hasta para la oposición.
Mensalao. Todo comenzó en 2012, cuando por el famoso caso, impulsado por la presidenta Dilma Rousseff, se investigó a 38 funcionarios de la gestión de su predecesor, Lula Da Silva, por el desvío de fondos públicos hacia iniciativas privadas y rumbo a un complejo esquema de compra de votos en el Congreso, entre 2003 y 2010. Esto incluyó sobornos a legisladores de la coalición a cambio de votos por parte del Partido de los Trabajadores entre los años 2003 y 2005, al inicio del primer mandato de Lula. Todos fueron condenados en el 2012 por el Supremo Tribunal Federal (STF).
Según, el exfiscal general de Brasil, Roberto Gurgel, el dinero implicado fue aproximadamente unos 50 millones de dólares. Para la querella, quien estuvo detrás de esta red fue nada menos que José Dirceu, exjefe de Gabinete de Lula y uno de los hombres de mayor confianza del exmandatario. Dirceu renunció a su cargo en 2005 y fue, paradójicamente, reemplazado por Rousseff. Condenado a prisión, también está vinculado con el Petrolao.
Lava Jato. El origen de esta operación fue en 2013, cuando la Policía Federal de Curitiba descubrió una red de lavado de dinero que trabajaba desde Brasilia y San Pablo. La Fiscalía estima que los acusados lavaron 4,5 mil millones de dólares desde 1997. Después de meses de investigación, el hilo llevó de vuelta al estado de Paraná, donde vivía el cambista Alberto Yousseff.
Después de su detención en marzo, llegó a un acuerdo de delación premiada con la Policía: sus testimonios y los de otro “colaborador” de la Justicia, el exdirector de Abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa, hicieron explotar el caso.
Luego, las autoridades hicieron otros once acuerdos de delación premiada. Además de Yousseff y Costa están encarceladas 13 de las 21 personas detenidas el 14 de noviembre, entre los que hay directivos de empresas contratistas que -según diversos testimonios de los delatores- se repartían los contratos de la petrolera, lo que derivó en el famoso Petrolao.
Petrolao. La causa fue abierta en 2014. Hoy volvió a cobrar notoriedad internacional con el interrogatorio del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Se estima que la desviación de dinero público alcanza los 8 mil millones de dólares entre 2004 y 2012, tras direccionamientos de licitaciones de Petrobras -petrolera estatal que se vio beneficiada en los últimos años por el descubrimiento de dos grandes pozos- para las principales constructoras de obra pública de Brasil.
Brasil realizó el Mundial 2014 y este año se encargará de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Dos eventos que suponen una inmensa cantidad de construcciones, las cuales fueron controladas en un 75% por sólo dos constructoras: Andrade Gutierrez y Odebrecht. Ambas empresas suman una facturación anual de 15 millones de reales, y tienen convenios con Petrobras por casi 30 millones.
El juez federal Sergio Moro, quien encabezó junto con un grupo de 30 jueces y procuradores la "Operación Lava Jato" (lavadero de autos), continuó indagando y encarceló a los directivos de las principales constructoras Odebrecht, Camargo Correia, Andrade Gutierrez y OAS, que manejaban casi todas las obras del país. Moro investigó la ruta de coimas a funcionarios, cuentas en paraísos fiscales, acuerdos de sobreprecios, entre otros delitos, que derivaban en un acuerdo de licitaciones entre estas empresas y la petrolera.
Según la causa, Petrobras licitaba sus grandes obras a empresas constructoras y de ingeniería brasileñas, en aplicación de la política “Compre Nacional” impulsada por la presidenta Rousseff cuando fue ministra de Energía, con la finalidad de estimular la creación de empleos. De los presupuestos se desviaban sobornos con un porcentaje cercano al 3% para empresarios y políticos. Posteriormente, el dinero se reintroducía en el sistema mediante negocios de varios tipos, a los que se sumaban transferencias de dinero al exterior a través de más de cien empresas de fachada.
Los beneficiarios de la sobrevaloración de contratos eran partidos políticos y empresarios. Según la investigación establecida, el dinero de los sobornos iba para el PT y sus aliados. Parte de ese dinero era usado para financiar campañas electorales y el resto iba a parar a las cuentas personales de los involucrados.
A partir de esta investigación -considerada la más grande de la historia de Brasil- varios de los funcionarios y empresarios detenidos comenzaron a colaborar con la Justicia para reducir su pena de prisión como Marcelo Odebrecht, titular de la empresa que lleva su apellido.
La investigación salpicó incluso al publicista de la campaña presidencial de Lula Da Silva en 2006 y de Dilma Rousseff en 2010 y 2014, Joao Santana, y su esposa, quienes la semana pasada fueron detenidos por obtener dinero de las constructoras para financiar las campañas. Asimismo, trajo de vuelta a la escena a Dirceu, quien se cree sería el mentor de la nominación de los gerentes de la petrolera, ejecutores de las maniobras dolosas que causaron un perjuicio estimado de 2.000 millones de dólares. Por otro lado, otros exjerarcas del PT como el extesorero Joao Vaccari Neto también fueron apresados y continúan en esa condición en la cárcel del sureño estado de Paraná.
El ministro de Transportes de Brasil, Alfredo Nascimento, renunció el 7 de julio de 2011 al cargo por una serie de acusaciones de corrupción en su contra. El entonces presidente del Partido de la República (PR), aliado del gobierno, quien estaba en el cargo desde el gobierno da Silva, fue denunciado por sobrefacturaciones y pedidos de sobornos a empresas contratistas.
No fue la única dimisión que hubo en el gabinete de Rousseff. Ese mismo año se produjo la caída de Antonio Palocci, su jefe de gabinete. El funcionario, que en 2006 había renunciado al Ministerio de Economía investigado por un hecho de corrupción, debió afrontar cuestionamientos sobre el crecimiento de su patrimonio (se multiplicó por 20, según reveló una nota de Folha de S.Paulo, entre 2006 y 2010).
Enriquecimiento Ilícito. En medio de estos escándalos, a Lula se lo acusa además de haber recibido 10 millones de dólares ilícitamente de las constructoras, específicamente de Odebrecht, según la sospecha del Ministerio Público Federal, con los que adquirió un tríplex en Guarujá y remodeló una propiedad rural en Atibaia, además de crear la sede del Instituto Lula, en San Pablo.
Operación Zelotes. Llevada a cabo por la Policía Federal de ese país, la "Operación Zelotes", investiga un sofisticado entramado fraudulento que operaba en el CARF, un órgano dependiente del Ministerio de Hacienda que se encarga de juzgar en última instancia las sanciones impuestas por el fisco.
La revista IstoÉ publicó ayer supuestas afirmaciones del senador oficialista Delcidio Amaral en las que acusó a la mandataria Dilma Rousseff de intentar obstruir la investigación de Petrobras con el nombramiento de un juez de apelación afín a su gobierno y al expresidente Lula da Silva de estar al tanto de la trama de corrupción.La cifra de la defraudación a la cartera rondaría los 5.900 millones de dólares en sobornos que se habrían pagado a funcionarios del Estado.
